Edificio c/ León y Castillo 46 y 48 (Sardina) Santa Lucía (Gran Canaria) - por Blas Padilla, activista social *

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía (Gran Canaria), constituido por doña Dunia González, alcaldesa, y once concejales de Nueva Canarias, tres del PSOE y uno de Canarias Decide, pretende normalizar una construcción en el barrio de Sardina del Sur que está repleta de anomalías, echando a los vecinos, 400 personas, a vivir al barranco y, mientras lo consigue, tienen que vivir con el quinqué y velas, así como transportar el agua mediante baldes desde el vecino más cercano que se preste.

Los vecinos residentes en la c/ León y Castillo 46 y 48 del Pago de Sardina del Sur, término municipal de Santa Lucía (Gran Canaria) están pasando por muy malos momentos. Se encuentran con que el grupo de gobierno de su Ayuntamiento les niega uno de los derechos más elementales, como es el de la vivienda digna. Sólo quienes pasan por este trago saben lo que esto significa.

Se trata de un edificio de 112 viviendas, además de 112 plazas de garajes y 46 trasteros, que se construyó en el año 2006, bajo un proyecto que según parece tenía algunas deficiencias, incluso graves, pero que en ningún momento el grupo de gobierno municipal del momento ordenó la paralización de la obra. Para ejecutar una obra de esta envergadura, y si todo marcha a la perfección (financiación, maquinarias, elementos de construcción, mano de obra, etc.), se necesitan al menos 30 meses. Durante la ejecución pasan por la calles principales del municipio y del barrio todo tipo de transportes con elementos de construcción, armaduras para la cimentación y estructura, vehículos de bombeo y transportes de  hormigones, bloques, revestimientos y un largo etcétera, además de la instalación de maquinarias de elevación y otras de traslado horizontal, y no es algo que se pudo haber hecho con nocturnidad. Además, el Ayuntamiento tuvo que intervenir para facilitar la energía eléctrica y suministro de agua para la ejecución de obra, aunque esto no es imprescindible. Primera pregunta, ¿dónde estaban los inspectores, policía local, técnicos municipales, políticos, durante la ejecución de la obra?

El promotor, para ejecutar la obra, necesitaba financiación y acudió al Banco Santander. Vendió muy pocas viviendas, no pudo hacer frente al crédito, y la entidad financiera acudió al juzgado pidiendo el embargo de las propiedades del promotor. El juzgado sentenció a favor de la entidad financiera y obliga al promotor a entregar el edificio construido con todo el pasivo incluido, esto es, con todos los vecinos que están viviendo allí y en las mismas condiciones. Por lo tanto, el banco se ve ahora con una propiedad que incluye a unos inquilinos con alquileres de 250 o 300 euros mensuales. Como es natural, hasta la fecha, el Santander no ha solicitado la ejecución de la sentencia. Esto, que parece no venir a cuento, es importante hacerlo constar.

La situación actual es que, con fecha 28 de Octubre, el Ayuntamiento de aquel municipio le envía a cada uno de los vecinos la resolución del Expte. 36/2015 d.u., que consta de 14 folios. Es una resolución digna de una tesis doctoral sobre Derecho en Política del Régimen Local. Comienza este escrito, comunicándoles a los vecinos  una serie de irregularidades en la fase de la licencia de obra, así como en la construcción, como si éstos fueran actores de aquellos trámites, pero es bueno para conseguir los objetivos, que no es más que atemorizarlos.

En visita que gira la Policía Local –ahora sí, pero parece que mientras se estaba ejecutando la obra no se dieron cuenta de las anomalías de estar ejecutando una obra de considerable volumen sin licencia– en el informe redactado por la misma, se dice que no se puede acceder a la azotea y que desde el exterior se escucha un ruido procedente de un motor que podía ser de un grupo electrógeno, y que en el pretil exterior del edificio se observan unos depósitos, así como una cuba de agua que en esos momentos estaba descargando en el aljibe del edificio. También se observan ventanas que por sus sombras parecen viviendas ocupadas. Una inspección digna del inspector Colombo. No es necesario decir que esta inspección se realiza después de que el juzgado competente publique una sentencia a favor del Santander por la que se embarga este edificio con todos los vecinos dentro. Pura casualidad.

Lo que se desprende de este informe son dos cosas fundamentales: que en su interior viven personas y que como quiera que no tienen célula de habitabilidad no les corresponde  alumbrado ni agua del suministro público. ¡Y esto se denuncia después de siete años que los vecinos viven allí y que todos y cada uno de ellos están debidamente empadronados  en ese domicilio!

Ante esta situación el Ayuntamiento resuelve la retirada urgente de los depósitos de combustible y parar el motor electrógeno, dejando a los vecinos sin suministro eléctrico en el plazo de dos días; cortar el suministro de agua, ya que no se garantizan las condiciones de consumo humano o, lo que es lo mismo, volver a la época del quinqué de petróleo y acarrear el agua mediante baldes desde el vecino más próximo que se preste.

La notificación, de 14 folios, está llena de una serie de normas y sentencias que analizarla aquí sería infumable; pero finaliza con dos resoluciones muy importantes. Primera: requiere al promotor para que cese de inmediato en la ocupación y uso del edificio y, en caso de incumplimiento, se pide autorización al Juzgado para que permita la entrada en el edificio, aunque no aclara el propósito. Segunda: se le dan DOS MESES al promotor para que presente un proyecto que modifique el original o, caso contrario, que proceda a la demolición de toda la obra ejecutada.

A modo de conclusión, es claro que el promotor de la construcción ha sido un individuo que se ha saltado todas las normas urbanísticas, antes, durante y después de la construcción; que para saltarse estas normas ha contado con la complicidad del grupo de gobierno municipal anterior, por acción u omisión, y que la actual Alcaldesa formó parte del mismo como Primera Teniente Alcalde; que la entidad financiera ha actuado muy alegremente concediendo financiación a una entidad que no realizaba ventas en la construcción que financiaba, nos encontramos pues, como mínimo, ante una financiación temeraria y, por último, el grupo de gobierno municipal actual pretende normalizar la situación castigando duramente a más de 400 personas que viven en ese edificio.

A pesar de que existe una sentencia judicial a favor del Banco Santander que embarga al promotor del edificio con todos los derechos de los vecinos, el grupo de gobierno municipal en ningún momento se dirige a esta entidad financiera para que, de forma directa o solidaria, normalice todas la irregularidades existentes.

Todo esto lo justifica el grupo de gobierno porque vela por la salud de sus vecinos y es preferible enviarlos al barranco, antes de buscar una solución por la que sus vecinos puedan permanecer en el interior de esas viviendas en condiciones de seguridad y salud pública. Hay quien dice, que si hicieran eso, estarían prevaricando y que los miembros del actual grupo de gobierno deben protegerse. También cabría la duda de si en la actualidad no están actuando como acólitos  de la entidad financiera y buscando la fórmula para que el edificio se quede limpio de cargas vecinales.

En la situación actual los vecinos deben protegerse mutuamente, deben organizarse y preparase para resistir una larga lucha donde van a recibir ataques desde todos los bandos.

En principio son el eslabón más débil de la cadena, y los partidos del gobierno municipal (N.C., PSOE y U.P.), presentándose todos ellos como “progresistas”, no son más que reformistas aliados con la clase dominante. Esto siempre ha sido así, la historia está llena de casos sangrantes. Les ofrecerán servicios que aparentarán mejorar la situación, les harán cantos de sirenas, les crearan contradicciones que sólo buscarán la división entre ellos. Ante todo esto, solo cabe la unidad y la lucha, teniendo claro quiénes son los que están en contra de sus derechos. Con la lucha se vence, con la negociación individual, se divide y se pierde.

* En La casa de mi tía por gentileza de Blas Padilla