Elecciones y taurobolia por: Julián Ayala Armas, escritor y periodista *

Nos cuenta Gregorio de Nacianzo que el emperador Juliano, mal nombrado El Apóstata, se borró el estigma del cristianismo de manera bastante más fácil que los que hoy quieren hacer lo mismo en España y se topan con la barrera burocrática de la Iglesia Católica, esa corporación del otro mundo que pretende administrarnos este. Se limitó a ducharse con la sangre de un toro para renacer a una vida libre de las supersticiones eclesiásticas. “Taurobolia” se llamaba esa ceremonia que en realidad era el rito de iniciación de los adeptos al culto de Mitra, ya decadente pero todavía con cierta influencia entre el estamento militar romano de la época.

Me es difícil agenciarme un toro y altamente incómodo sacrificarlo y desangrarlo, y no sé si la sangre de un pollo o la que consiga extraer de unos cuantos bistés de res convenientemente estrujados puede cumplir un efecto similar y borrar de mi ser la consideración de “español” que me viene dada por el Registro Civil y aparece recogida en mi Documento Nacional de Identidad. Decidido estoy a taurobolianizarme (o a pollobolianizarme) con fruición, con tal de no tener nada en común con esa mayoría de energúmenos y energúmenas que, según algunas encuestas, están dispuestos a dar la victoria al Partido Popular y a sus congéneres de Vox en las elecciones generales de España el 23 de julio próximo.

Aunque después de todo, no deja de ser una suerte que se limiten a votar. Todavía están desenterrando en las cunetas de las carreteras españolas los huesos de los que hace más de ochenta años fueron rivales y enemigos de sus ancestros ideológicos y pagaron por ello con una muerte infamante y sin tumba conocida, que el PP y adláteres continúan empeñados en negarles.

EL PAPEL DE LA SOCIALDEMOCRACIA

A estas alturas de la verbena se sabe de sobra que el papel de la socialdemocracia ha sido por lo general el de “corporación dermoestética” del sistema: se limita a quitarle algunas de las arrugas que más afean su apariencia. El gobierno progresista de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que ahora termina su andadura, no ha sido una excepción (pese a sus contradicciones y rifi-rafes internos). Al contrario, haciendo honor a su tendencia al coitus interruptus político, el Partido Psocialista, se ha opuesto y ha obstaculizado todo lo que ha podido, algunas propuestas de sus socios de gobierno, llegando incluso a aprobar, con el voto del PP, su reforma —sin acuerdo con Unidas Podemos— de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como la ley del Solo el sí es sí.

En otros casos, como la gravosa ley laboral del PP en 2012, que se había comprometido a derogar al 100%, sólo se reformaron aspectos parciales, algunos importantes, como el que ha dado lugar al aumento de los contratos indefinidos y la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, dejando sin tocar otros, como la enorme rebaja de las indemnizaciones por despido, y no resolviendo la lacra de los contratos temporales, que en España siguen siendo muy superiores a los de países de su entorno, como Italia y Portugal, por ejemplo.

La no derogación de una normativa tan nefasta como la llamada Ley Mordaza está también en el debe de la acción gubernamental.

Y no hay que dejar fuera su reforma de las pensiones, más sutil y menos onerosa que la anterior del PP, pero con aspectos insatisfactorios para el movimiento de pensionistas, que sigue reivindicando exigencias insatisfechas a las que nos referiremos después. La reforma del PP dio lugar en los años siguientes a su entrada en vigor en 2014, cuando la carestía de la vida puso de manifiesto con crudeza sus funestas consecuencias, al levantamiento de los pensionistas de todo el Estado, lo que contribuyó a la caída del segundo Gobierno de M. Rajoy, asediado, además, por sus múltiples delitos de corrupción.

El Gobierno PSOE-UP, que le sucedió, rechazó el falso factor de revalorización de las pensiones del PP (la famosa subida anual del 0,25%) y volvió a considerar el Índice de Precios de Consumo (IPC) como guía para subir las pensiones, pero, ahora bien, el IPC real, es decir, el vigente al fin del año en curso, fue sustituido por la media del incremento de precios durante todo el año, lo que hace perder puntos a los pensionistas en su poder de compra. Por otra parte, la nueva reforma abrió la puerta a los planes de pensiones de empleo, considerados complementarios de las pensiones del sistema de Seguridad Social, pero que detraen cotizaciones a esta y son el caballo de Troya del negocio de los seguros privados en el sistema de pensiones públicas.

No obstante, el gobierno de coalición ha estado mucho más afinado en otros aspectos, como los ERTES para evitar cierres de empresas y despidos de trabajadores, cuando la declaración del Estado de Alarma por el Covid 19, y las sucesivas subidas del salario mínimo, que de 736 euros al mes en 2018 llegó en febrero de 2023 a los 1.080 euros brutos mensuales, lo que supone un incremento del 46,7% en cinco años; uno de los mayores aumentos del SMI de la democracia en un mandato tan corto. Según cálculos de los sindicatos, la medida ha beneficiado a alrededor de dos millones y medio de trabajadores y trabajadoras.

Este incremento del SMI, desde el primero de 900 euros al mes en los presupuestos generales de 2019 (el 22,3% más), hasta los últimos en 2023 han ido de la mano de Unidas Podemos. El primer aumento a los 900 euros fue rechazado por las organizaciones de empresarios y por la derecha política y mediática, que auguraron una gran pérdida de empleo como consecuencia de la subida, cosa que no sucedió. Al contrario, el alza salarial tuvo un efecto muy positivo en la reducción de la pobreza en España. Así mismo, el último aumento de 1.080 €, fue negociado por la segunda vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solo con los sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, pues las patronales se opusieron a la negociación y abandonaron la misma.

No es aventurado imaginar que esta subida del salario mínimo se encuentra entre las leyes del actual Ejecutivo que el PP y Vox piensan derogar si llegan al poder, junto con otras como la reformada a la baja Ley de Solo el sí es sí, la Ley Trans e incluso es posible que también las del aborto y el matrimonio homosexual; sin olvidar la Ley de Memoria Democrática que sanciona los actos de exaltación del franquismo y la disolución de las organizaciones fascistas y nazis que los realizan, como la Fundación Francisco Franco. Ya los pactos entre el PP y Vox en gobiernos autonómicos y capitales tan importantes como Valencia, Zaragoza y Valladolid, así como en numerosos ayuntamientos menores, han eliminado las consejerías y concejalías de Igualdad y puesto obstáculos a las actividades y protestas de organizaciones trans y feministas.

ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS: EL MAZAZO

Las elecciones parciales del 28 de mayo pasado fueron un verdadero mazazo para el PSOE y, sobre todo para los partidos a su izquierda. La casi desaparición de Podemos, que de 35 diputados (unidos con IU) pasó a 11, ha dado pie a algunos politólogos de secano para considerar que estamos ante un fin de ciclo, el que se inició en 2011 con el movimiento del 15M, y el inicio de otro dominado por la derecha extrema y la extrema derecha de PP-Vox, cuando en realidad estaríamos en una involución al pasado reciente de hace nueve años con los dos sucesivos gobiernos de Rajoy.

El PP ganó las elecciones municipales en seis de las ocho grandes capitales (Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, Murcia y Zaragoza) y también fue el partido más votado en las comunidades de Valencia, Baleares, Aragón, La Rioja y Cantabria. En la mayoría de ellas necesita el apoyo de Vox para gobernar; en Valencia se ha consumado el pacto y en las restantes, se está negociando el acuerdo. En Extremadura, donde el PSOE fue la primera fuerza en votos con los mismos diputados que el PP, es posible que se repitan las elecciones, pues la cabeza de lista de los populares se ha negado a pactar con Vox por sus políticas xenófobas, antiigualitarias y negacionistas de la violencia de género.

Además, el PP sigue conservando la Comunidad de Madrid, donde ganó por mayoría absoluta y la de Murcia, donde negocia el gobierno con Vox, así como la de Castilla-León, que gobierna desde hace meses con Vox, y Galicia y Sevilla, que gobierna en solitario. En total de las 17 comunidades autónomas 10 están gobernadas por el PP en alianza con Vox y/o en solitario; Extremadura está en el aire; Euskadi, Navarra, Cataluña y Canarias están gobernadas por partidos nacionalistas, algunas con participación del PSOE o del PP, y solo Asturias y Castilla-La Mancha por el PSOE. Por menos de esto fue derrocado Alfonso III y se proclamó la Segunda República, eso sí que fue un “cambio de ciclo”.

ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 23J

La debacle del 8 de mayo fue respondida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con la convocatoria de elecciones generales el 23 de julio. Una decisión audaz, pero llena de incertidumbres, que cogió a Feijoo con el pie cambiado cuando se disponía a celebrar y consolidar su triunfo y seguramente contaba con los seis meses que quedaban hasta las previstas elecciones generales de diciembre para seguir desgastando al Gobierno con las mismas trapacerías y mentiras que ha utilizado hasta ahora y que, aventadas y repetidas mediáticamente, han sido interiorizadas por muchos de sus votantes.

El catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Villacañas lo ha expresado claramente en unas recientes declaraciones:

“En la derecha veo hipocresía, fanatismo y frialdad, aunque podría resumirse en una: vivir en la falsedad, una voluntad de construir una fantasmagoría, un imaginario. […] La derecha ha sabido construir una especie de delirio compartido, que tiene como finalidad negar la realidad…”  

Efectivamente, muchos votantes del PP han interiorizado el “delirio” de que “España está en peligro” por culpa del gobierno de Sánchez con los comunistas de Unidas Podemos, los independentista catalanes de ERC y los filoetarras de EH Bildu. Lo de menos es que esto sea falso, una fantasmagoría inducida, lo que importa realmente es que la gente lo crea y vote en consecuencia. Lo de que “España está en peligro” apela, pues, al mundo emocional de aquellos que consideran que la unidad de España es intocable.

Frente a esto, poco importan los Ertes que salvaron a tantas empresas, la subida del salario mínimo a 1.080 €, el impuesto a las grandes fortunas, la Ley Rider, la equiparación de permisos de maternidad y paternidad, la ley de eutanasia, el abaratamiento de la tarifa eléctrica, el pacto de Estado contra la violencia de género, los impuestos a las entidades financieras y energéticas, La ley de Memoria Democrática, el apaciguamiento del independentismo catalán, la ley trans, la ley de vivienda con control de los alquileres… Todo lo que Feijoo y Abascal quieren derogar.

“¡Sánchez o España!”, la antinomia que plantean PP y Vox es una actualización de lo que opinaba Franco sobre los demócratas republicanos en plena guerra civil, cuando el periodista Jay Allen le entrevistó para el Chicago Daily Tribune el 27 de julio de 1936: “Nosotros luchamos por España, ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio”. Ya sabemos cuál fue ese precio.

¿EFICACES? Mentirosos, reaccionarios y virulentos, pero al parecer, eficaces. La ultima encuesta que he visto sobre las próximas elecciones pone al PP y a Vox a las puertas de la mayoría absoluta, mientras el PSOE y Sumar, la coalición de Yolanda Díaz que agrupa a más de 15 partidos, quedan muy alejados de esa posibilidad.

Me parece inconcebible que el atajo de borregos —excluyo a los votantes estables del PP, que comparten plenamente sus postulados reaccionarios, pues cada uno es dueño de tener los postulados que quiera—, los mismos que sufrieron los recortes de pensiones, derechos y servicios públicos de los dos gobiernos de Rajoy y conocen las sentencias que condenaron a prisión a muchos de sus dirigentes (algunos siguen en la trena), autores y cómplices de delitos de corrupción, estén dispuestos a dar su confianza en las próximas elecciones al mismo partido que ha convertido su labor de oposición en estos últimos años en una especie de guerra civil permanente.

Pero ningún ejército gana una guerra solo por su propia fuerza , sino también por la debilidad del enemigo y la parte psocialista del Gobierno ha sido débil a veces ante las embestidas energuménicas de la derecha y ha cedido en algunos aspectos esenciales. Más arriba he señalado varios, pero quiero insistir en su reforma de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, que le convirtió en partícipe de la demonización de la ministra de Igualdad, Irene Montero, convertida en chivo expiatorio y vetada como candidata en las listas del Movimiento Sumar, el partido instrumental registrado por Yolanda Díaz, que ya empieza a sufrir las consecuencias de su error, según reflejan las últimas encuestas sobre los posibles resultados de las elecciones generales de julio.

La conclusión está servida: O la izquierda logra ilusionar y movilizar a sus votantes, o todo lo que se ha logrado en materia de libertades y mayor bienestar social los últimos cinco años se irá al garete.

Y corto ya, pues es muy tarde y todavía tengo que ponerme a exprimir los bistés.

* Gracias a Julián Ayala. Publicado originalmente en LA CLAVE CUENCA

https://www.laclavecuenca.com/2023/06/21/elecciones-y-taurobolia/