De espaldas a la ciudadanía - por Antonio Morales, alcalde de Agüimes

Podría enumerar un listado interminable de atentados crueles a la ciudadanía desde muchas de las instituciones democráticas que deberían ejercer de garantes de los derechos cívicos. El paro, la pobreza, la desigualdad, la quiebra de la justicia social y del Estado de bienestar son algunos de los efectos de la cesión de la soberanía del Estado a los poderes económicos. La ley de seguridad privada, la reforma de la administración de la Justicia, el ataque a la justicia universal, la agresión a las mujeres a través de la ley del aborto, la permisividad de los desahucios o la pobreza energética, son el fruto del control de las élites económicas y conservadoras sobre el Gobierno. El mayor sentido de la democracia es garantizar la distribución de los recursos y la riqueza. Para hacer posible la equidad y la igualdad y la mejora de las condiciones de vida de la población. Para evitar que los poderes públicos o privados quiebren la legitimidad y el derecho a la justicia. Como plantea Paolo Flores d’Arcais,  en democracia la legalidad puede y debe ser “el poder de los sin poder”.

Más allá de los ejemplos que he explicitado en el párrafo anterior, el día a día nos pone sobre la mesa una retahíla de arbitrariedades que ponen en cuestión la protección de los más débiles. Los atropellos de las oligarquías civiles o políticas a hombres y mujeres indefensos quebrantan las garantías que deben ser sagradas en un sistema democrático y hacen visible en estos momentos, igualmente, la ineficiencia de muchas instituciones españolas para protegerlos. Se deslegitima entonces  la democracia cuando anula los mecanismos necesarios para el amparo de los intereses sociales y los derechos. Desgraciadamente, todos los días los medios de comunicación nos trasladan ejemplos sangrantes de la dejación  que hace el Estado de la obligación de proteger a sus ciudadanos de los ataques externos y de los de la propia Administración. Pero voy a hacer referencia a sólo dos casos que tienen que ver con Canarias y que atañen también a esta parte de la isla desde donde escribo.

Hace casi seis años un terrible accidente aéreo sacudió a Gran Canaria. El 20 de agosto de 2008 el vuelo JK5022 de Spanair se accidentaba en el aeropuerto de Barajas truncando la vida de 154 pasajeros y dejando malheridos a 18 supervivientes. Durante todo este tiempo los afectados y los familiares de las víctimas han vivido un auténtico calvario. A lo largo de todo el proceso han sido dejados de la mano de Dios por el ministerio de Fomento y por los organismos encargados de fiscalizar la seguridad aérea. Un proceso judicial, cuestionado por todas las partes, terminó haciendo recaer las culpas en los pilotos y permitiendo salir de rositas a Boeing, Aena, Fomento y Aviación Civil. Seis años después, una parte de los familiares y las víctimas siguen peleando, esta vez en contra de Mapfre, para reclamar una indemnización de 43 millones de euros frente a los 4,7 que ofrece la compañía aseguradora. La indefensión a la que los ha sometido el Estado es profundamente injusta y, en el plano de los derechos civiles, absolutamente antidemocrática.

Desde que en el año 2001 el Plan Director del aeropuerto de Gran Canaria decidiera la construcción de una tercera pista, al calor de la megalomanía y el afán de nuevos ricos que les entró a muchos de nuestros representantes políticos, los vecinos de Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando, viven una auténtica tortura. Desde el año 2008, Aena les viene prometiendo e incumpliendo, una y otra vez, el realojamiento que reclaman los afectados.  Una huelga de hambre en el 2011 obligó al ente a firmar un acuerdo de intenciones que no ha servido para nada. Tres años más tarde, la responsable vecinal, Margarita Alonso, vuelve a jugarse la vida, iniciando una nueva huelga de hambre para llamar la atención de los responsables de Aena y Fomento. Tristemente, en el momento en el que escribo este texto, acaba de ser hospitalizada. Otro caso en el que el Estado da la espalda a sus hombres y mujeres. Son varios miles de vecinos los sometidos a la inseguridad más absoluta.

Son solo dos ejemplos, pero suficientemente ilustrativos para explicitar la hostilidad de un Estado (no se trata solo del PP, la política del PSOE fue exactamente la misma) frente a sus ciudadanos. Y no puede haber democracia, insisto, si no se fortalecen y se garantizan los derechos de las personas.

Para el politólogo argentino Guillermo O’Donnell, que analizó en profundidad el Estado burocrático autoritario (así se titula una de sus publicaciones), el Estado de derecho debería concebirse no solo como una característica genérica del sistema legal y de la actuación de los tribunales, sino que debería considerarse como la norma basada en la legalidad de un estado democrático cimentado en la defensa de las libertades políticas, la garantía de los derechos civiles y en que los agentes privados y públicos, incluidos los más altos,  estén sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos sobre la legalidad de sus actos. La aplicación discrecional de la ley sobre el débil puede ser un eficiente medio de opresión. Como lo es utilizarla para vaciar lo público. O para  quebrar la previsibilidad y la estabilidad de un Estado legal, la parte del Estado encarnada en un sistema legal, que penetra y da seguridad a la sociedad. Se da lugar así a un estado truncado que permite la aplicación de una norma discriminatoria, o la aplicación selectiva de la ley contra algunos, mientras otros quedan exentos de acatarla.

O’Donnell sostiene que la justificación del Estado democrático de derecho debe basarse en la igualdad de sujetos jurídicos a los que se les atribuye autonomía y responsabilidad, pero también dignidad y obligación de respeto humano derivados de esa atribución. 

Hace unos años acudí a una frase de Susana Corzo que me parece ahora premonitoria. Según esta profesora de la Universidad de Granada, “la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas pudiera ser un estadio previo al fortalecimiento de un Estado débil, pero el descrédito continuo de las instituciones llegará a ser la consecuencia de un estado enfermo, si la clase política no lucha por devolverle, desde la racionalidad y la mesura que conlleva la práctica de la responsabilidad política, el valor que tiene y la función que presta de servicio a la ciudadanía”.

Francisco Rubio Llorente afirma que el principio de igualdad viene a identificarse con el de legalidad y, en consecuencia, solo la actuación ilegal del poder lo infringe. Únicamente una ciudadanía fuerte, capaz de defender sus derechos y de participar activamente en los asuntos públicos puede plantar cara a un Estado arbitrario y evitar que se sigan abriendo brechas de desigualdad en la sociedad. Que se sigan repitiendo abusos y arbitrariedades como las del caso del accidente de Spanair o los desalojos de Gando.

                                                                                              Antonio Morales Méndez

                                                                                                    Alcalde de Agüimes