Forzadas dimisiones, que no obligados ceses - por Nicolás Guerra Aguiar

  En cuarenta y ocho horas, tres altísimos cargos políticos extremeños han tenido que dejar los sillones oficiales porque su actividad económica privada es incompatible con el ejercicio de la representación pública. Uno: la señora exdirectora general de Infraestructuras y Transportes del Gobierno, doña Marta García, pues su marido participa en una empresa que –oh casualidad- mantiene relación comercial con la Administración autonómica. Dos: el ya exconsejero de Salud y Política Social del mismo Gobierno, el señor Fernández Perianes, tuvo abierta su consulta privada como médico en un municipio portugués, cercano a Extremadura: no sabía que su consulta «se anunciaba en un periódico local», oh casualidad. Tres: el exdelegado del Gobierno central (también en Extremadura), señor Ramírez del Molino, figura como titular de una farmacia, incompatibilidad que proclama la Oficina de Conflictos de Intereses y ratifica la Abogacía del Estado, oh casualidad. Este señor farmacéutico, de larga tradición en la política activa declaró, cuando fue elegido diputado en el Congreso (2007), que poseía cuatro apartamentos, dos viviendas, ocho plazas de garaje, dos trasteros, ciento y tantos mil euros en cuentas bancarias, tres vehículos (entre ellos, un Mercedes), un local comercial y participación en otras propiedades. A esto hay que añadir varios préstamos hipotecarios por valor –en aquel año- de seiscientos y tantos mil euros.   

  Tres forzados abandonos o despidos en cuarenta y ocho horas. Tres personas de formación universitaria a quienes se les supone conocimiento de las leyes de incompatibilidades desde antes de ocupar los cargos, pues ninguna de ellas era nueva en la política (el exdelegado del Gobierno, por ejemplo, fue el poder en la sombra durante doce años en el Ayuntamiento de Badajoz, y diputado en Madrid. Es, además, miembro de la junta directiva nacional de su partido, preside el comité electoral regional y forma parte de los comités ejecutivo y provincial).

  Tres ex altos cargos que fueron elegidos por sus Gobiernos –autonómico y central- para que ejercieran como tales representantes, respectivamente, ya en la Junta de Extremadura (doña Marta García, don Francisco Javier Fernández), ya como delegado gubernamental (señor Ramírez). Pero, cosa curiosa: ni los servicios jurídicos de su partido ni quienes velan por la integridad legal de sus candidatos cayeron en la cuenta de tales incompatibilidades, –oh casualidad-. Lo cual hace suponer que o bien nadie controla los historiales de quienes son nombrados (como en estos tres casos) o hay un generalizado desconocimiento de cuáles son los principios éticos, estéticos y legales para nombramientos de representantes públicos con mando en plaza. Porque de lo que estoy seguro es de que en ningún momento, líbreme Dios, se hizo mutis por el foro a ver si pasaban desapercibidas las tales irregularidades, escritas en los libros desde tiempos pasados, aunque no tantos, es cierto.

  Pero que a pesar de la segura inexistencia de malas intenciones o versátiles disimulos tres altísimos cargos en Extremadura hayan sido obligados por ley a presentar su dimisión –o invitados, quizás, o destituidos-, no traduce, precisamente, rigor, seriedad, correcto hacer en los tales nombramientos (el ex delegado del Gobierno, por ejemplo, fue designado en Consejo de Ministros. Y hasta que allí se aprobó, ¿a nadie se le ocurrió comprobar las normas de incompatibilidades? Sorprendente).

  El viernes pasado, la señora vicepresidenta de la Junta extremeña comunicó a los periodistas que «se ha acordado el cese de doña Marta García», aunque luego añade –sorpresa, perplejidad- que «se ha presentado este cese voluntariamente, por motivos personales, el consejo lo ha aceptado…». Con todos mis respetos, incurre la señora vicepresidenta en una absoluta contradicción lingüística, que no sería de trascendencia si no tradujera distintas actitudes ante un mismo hecho. Porque cesar es una decisión personal, intransferible. En este caso, no está en manos del Gobierno extremeño lo que atañe, exclusivamente, a la persona afectada: yo ceso, pero nadie me puede cesar. La acción de la Junta extremeña pudo ser la destitución (expulsión del cargo), puede destituirme, pero nunca cesarme. Por tanto, es irregular (por imposibilidad lingüística) que se haya «acordado el cese», aunque sí puede ser cierta la segunda afirmación, «ha presentado este cese voluntariamente». Es decir, ella, la ya ex directora general, sin coacción, amenaza o chantaje presentó su dimisión, cesó en el cargo.

  Por tanto, o la señora viceconsejera tuvo un lapsus –muy frecuente, por otra parte- o con sibilina habilidad creó confusión entre los lectores, intencionadamente, al confundir o identificar cese con destitución, es decir, retirada voluntaria con decreto para expulsarla del cargo.  Por supuesto, la realidad viene siendo la misma en su versión práctica: la señora García ya no es directora general de bla, bla. Pero los matices sí son importantes: si la señora García cesó, es que reconoció su «despiste» (¡mira que olvidar que mi marido hace negocios con la Junta, qué cabeza la mía!) y se marchó. Pero si fue destituida (quizás a eso quiso referirse el parte oficial cuando en rueda de prensa confirmó que «se ha acordado el cese»), fue acción del Gobierno extremeño, expulsión, destitución, bien porque desconocía (ingenuidad) los lazos económicos del señor marido, ya porque ni había investigado posibles incompatibilidades. Sigo pensando que la tercera opción no es de recibo: «A pesar de todo, me salto la ley, que para eso soy la autoridad». No, en absoluto, no me lo creo.

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