Los obispos no temen a Gabilondo y la queja 20017725 - por Domingo Sanz, politólogo *

Los políticos elegidos el 10N de 2019 se preparan para esquivar el marrón oscuro casi negro que supone la persecución de los delitos cometidos por esos miembros de la Iglesia que durante décadas estuvieron envolviendo sus peores silencios con la cruz católica en la mirada para asustar a miles de menores a los que les metían mano y otras partes de sus anatomías, frustradas por la incapacidad de satisfacer el legítimo deseo sexual en justa igualdad con sus semejantes.

Al trasladar al Defensor del Pueblo una investigación inevitable porque cada día aparecen nuevos testimonios de valientes que denuncian las violaciones que mataron su alegría de vivir, el Gobierno y el Congreso no protegen a unas víctimas que nadie nombraría sin su permiso, sino a los religiosos abusadores y a los obispos que se niegan a investigar para no tener que pagar las consecuencias de sus delitos. Saben que no podrían ni vendiendo hasta el último inmueble de los que se apropiaron a coste cero gracias a un Aznar que quizás soñaba con pasear bajo palio.

Estaba yo sospechando intenciones tan aviesas de nuestros políticos cuando apareció en pantalla Alberto Sierra afirmando que la Ley Orgánica “limita las funciones del Defensor del Pueblo a investigar y perseguir irregularidades cometidas en las Administraciones públicas, pero no tiene competencias en las eclesiásticas. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar al Defensor del Pueblo en sus investigaciones y darle acceso a toda documentación que no sea de carácter reservado” (The Objective).

Ni que decir tiene que la legalidad leída no solo sirvió para que me reafirmara, sino que, además, me trajo a la memoria una movida de la que lo más probable es que usted no sepa nada, pues es mínimo el eco que consiguen las maldades en las que aparecen implicados todos los colores parlamentarios.

Entre abril y junio de 2020 un grupo de más de 30 personas nos dirigimos a la presidenta Batet para pedirle que los diputados intervinieran desde sus escaños durante los seis plenos del primer Estado de Alarma. Se trataba de evitar riesgos innecesarios para la salud de unos trabajadores que tuvieron que limpiar 169 veces el atril y las escalerillas de subida y bajada. Además, pedíamos algo normal, pues durante los plenos de control al Gobierno, que ya son cientos los celebrados, solo se habla desde los escaños.

Antes de seguir es conveniente contextualizar aquel momento: vivíamos la primera ola del Covid sacando las manos a la calle solo para aplaudir a los sanitarios y los muertos se contaban por miles. Nadie podía saber si la especie humana sería diezmada o directamente borrada de la faz de la Tierra.

Sólo nos hizo caso Baldoví y, ocasionalmente, algún otro parlamentario, por lo que nos pareció conveniente solicitar el amparo del Defensor del Pueblo, a quien nos dirigimos el 30 de junio de 2020.

Entonces mandaba en esa oficina, de forma interina, Fernández Marugán quien, en el tiempo récord de seis días y en el segundo párrafo de su escrito de respuesta, reconoció que “el Defensor del Pueblo supervisará la actuación de las administraciones públicas y procurará el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como la actuación de sus funcionarios” lo que nos permitió albergar cierta esperanza. Pero había más párrafos.

“No le corresponde, sin embargo, al Defensor del Pueblo supervisar la actuación de las Cortes Generales (…), ni puede interferir en modo alguno en el desarrollo de los debates y las intervenciones de los parlamentarios”, decía en el tercero para que la ilusión solo durara un instante.

Es evidente que, ante sus empleados, las Cortes Generales son “Administración Pública” y, además, ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica 3/1981 se excluye al Congreso del ámbito del Defensor, tal como afirmó F. Marugán para no entrar en el fondo de un asunto que solo podía resolverse de manera favorable a la parte débil. Por eso, los firmantes de la queja respondimos rechazando su archivo y quedamos a la espera del cambio de Defensor que la ley obligaba.

Por fin nombraron a Gabilondo tras perder contra IDA en Madrid y el 24 de noviembre pasado los mismos 30 firmantes de la 20017725 volvimos a la carga, solicitando que revisara el archivo y resolviera entrando en el fondo del asunto.

Pero han pasado más de dos meses y seguimos esperando, aunque solo se trata de reñir a los diputados por no pensar en la salud de sus empleados. Además, parece como si no les gustara hablar, pues durante los seis plenos perdieron mucho tiempo con los “viajes” desde los escaños al atril y viceversa, además del empleado en limpiarlo.

“Con la Iglesia hemos topado” le diría al señor Gabilondo, si no fuera porque, en realidad, son dos las iglesias: además de la católica está también la formada por los 350 ocupantes de unos escaños que, cuando están todos de acuerdo, son los mejores abusando de posición dominante frente a sus trabajadores.  

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Domingo Sanz