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 El señor Montoro, ministro de Hacienda, exige responsabilidades penales para los gestores públicos que gasten más de lo presupuestado, planteamiento que recibe el apoyo de todos los presidentes de comunidades gobernadas por el PP. Más: el señor presidente de Extremadura reclama efecto retroactivo y que se aplique a quienes ya se hayan destacado en tales dispendios.

Y ante tal propuesta me viene a la memoria el Ayuntamiento de Madrid: su déficit es de 7.000 millones de euros, es decir, dinero gastado fuera de presupuestos, supongo, porque si hubieran figurado en los mismos, hoy no los debería. Aunque cabe la ingenua posibilidad de que estuvieran contemplados, pero los ingresos fueron menos de los previstos. Este hipotético segundo caso, ¿entraría también en el supuesto delito?

La oposición, obviamente, rechaza la propuesta e, incluso, ironiza, como el señor lehendakari: el señor Montoro, dice, «pretende llevar a la cárcel a medio PP». Otros proponen acuerdos (PNV), establecer mecanismos informáticos para hacer imposible el gasto no presupuestado (CiU), o más poder persuasorio del Tribunal de Cuentas y de todos los organismos de control de que dispone la Administración (Jueces para la Democracia). Por tanto, ya hay leyes y normativas: lo procedente, pues, es su rigurosa aplicación. (Yo añado: que los supervisores –sin filiación política, no sujetos a nombramientos digitales y con absoluta inmunidad en sus investigaciones- puedan reclamar información bajo pena o multa a quienes se la nieguen u oculten.)

De cualquier manera, siempre hay posibles situaciones que se escapan a quienes gobiernan y confeccionan los presupuestos, bien porque no hayan sido previstas, ya porque la urgencia reclama inmediatas soluciones. Así por ejemplo, un ayuntamiento no incluye en sus presupuestos un apartado para techos de centros escolares que podrían venirse abajo. Si ocurriera, deberá acometer la recuperación de aquellos con la mayor celeridad, pues la situación entorpece la calidad de la enseñanza. Tampoco puede prever que una tromba de agua arrase las viviendas de gentes sin posibilidades económicas. En este caso, el organismo oficial está en la obligación de atender en condiciones dignas a los perjudicados. Y no puede argumentar que no hay presupuesto, que tales hechos no estaban recogidos y, por tanto, la ayuda es imposible.

Es más: imaginemos que un día las aguas de los depósitos municipales aparecen contaminadas, intencionada o accidentalmente. La obligación del Gobierno municipal es precintar, estudiar cómo se desprende de aquellas aguas y, sobre la marcha, comprar a los aguatenientes, pues se plantea la probabilidad de enfermedades infecciosas, cuando no de una epidemia.

En los casos expuestos, ¿la propuesta del señor Montoro llevaría a juicio a los responsables que dieron las órdenes de buscar el dinero donde fuera, en los mismos bancos acaso, a pesar de los altos intereses que cobrarían? ¿Sería delito que se dispusiera de partidas económicas destinadas a otros asuntos? La respuesta a las hipotéticas situaciones planteadas es indiscutible: el organismo público no solo no transgrediría las leyes sino que, supongo, podría incurrir en un supuesto delito por desatender derechos constitucionales aunque hoy, sin pudores, cada vez se dejan de lado más y más derechos (trabajo, sistema tributario justo, igualdad ante la Ley, dignidad, a la propia imagen…).

Pero hay otros comportamientos que a pesar de figurar en los presupuestos no solo son vejatorios para la sociedad, sino que significan multimillonarios despilfarros, miserables derroches, insultantes dispendios. Así, a María (personaje de El eje del compás, novela de mi profesor de Crítica Literaria y Dialectología, el doctor Salvador Caja, ex vicepresidente de la RAE) le entran ganas de hacerse objetora fiscal cuando recibe una página completa del periódico bonaerense La Nación -pagada por la Generalitat a precio de oro- en la cual celebra que el 23 de abril, día de San Jorge, fue declarado Día Mundial del Libro y que, por eso, Shakespeare, Dante, Molière, Gothe… ¡se sentirían catalanes! Otrosí: ¿y los 105.000 euros que gastó el Cabildo grancanario «en los ojos y bocas de sus consejeros»? (Canarias7)

Se construyeron innecesarias obras faraónicas para regocijo de amiguetes conseguidores que se forraron con dinero público a través de supuestos tantos por ciento. Desde aeropuertos que no reciben aviones (Albacete –su deuda acumulada es de 20 millones de euros-; Castellón –su director cobra 108.634,20-; Huesca -57 millones costó la terminal-; Lleida –104 millones-; Ciudad Real -450 millones-) hasta impresionantes estaciones construidas para concretos acontecimientos como la Expo2008 en Zaragoza, o su teleférico, en desuso tres meses después, pero todavía colgante. O el caso de Telde (teldeactualidad): 24 millones de euros invertidos en obras públicas, muchas de ellas fuera de servicio por deficiencias manifiestas, y el palacio (sic) de la Música y las Artes, y… ¿No se reclaman los miles de millones tirados? ¿No se consideran aparentes delitos?

En estas actuaciones, señor Montoro, yo entraría a saco. No son la causa absoluta de la crisis, pero sí endeudaron a algunas autonomías por despilfarros del dinero público para recreo, solaz, propaganda y beneficio de unos pocos a los cuales usted y el Gobierno conocen, por supuesto: se lee en muchos periódicos.

También en:

http://www.teldeactualidad.com/articulo/opinion/2012/01/26/7120.html

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/11196