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sábado, 03 de junio de 2023 09:31h.

Hipotética prevaricación del señor magistrado - por Nicolás Guerra Aguiar

Punto de partida básico, elemental en todo Estado de derecho: la señora Borbón  Grecia, doña Cristina, no es autora de ningún delito hasta que no haya sentencia firme. Por tanto, defiendo su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Aunque a lo contrario, precisamente, llegan las conclusiones del magistrado señor Castro: hay indicios de criminalidad, concluye, que debieran descartarse o confirmarse en juicio.

Hipotética prevaricación del señor magistrado - por Nicolás Guerra Aguiar

 

   Punto de partida básico, elemental en todo Estado de derecho: la señora Borbón  Grecia, doña Cristina, no es autora de ningún delito hasta que no haya sentencia firme. Por tanto, defiendo su inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Aunque a lo contrario, precisamente, llegan las conclusiones del magistrado señor Castro: hay indicios de criminalidad, concluye, que debieran descartarse o confirmarse en juicio.

   La parte afectada tiene derecho a presentar alegaciones ante el propio juez instructor e, incluso, si aquellas no son aceptadas, puede elevarlas a la Audiencia Provincial constituida por tres magistrados, los cuales tienen la última palabra. (Otra cosa bien distinta es que cualquier ciudadano pueda ejercer este derecho, pues todo depende de sus disponibilidades económicas. Luego, no siempre podemos ser iguales ante la ley.) 

   Y los “sobrados indicios” en que se basa la instrucción de que la señora Borbón Grecia cometió supuestos graves delitos los expone su señoría en el auto que el miércoles se hizo público. Entre aquellos, por ejemplo, el necesario conocimiento de las supuestas actividades delictivas de su marido contra la Hacienda Pública; o las acciones defraudatorias (el Diccionario no recoge la voz) a través de una empresa; o los gastos personales cargados a otra sociedad supuestamente no lucrativa, muy al contrario…

   El señor Horrach es representante de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. En horas veinticuatro, tras el auto del señor magistrado, declara que se trata de "un juicio de valor basado en meras conjeturas […]". En consecuencia, presentó el jueves un recurso de apelación. Estimo que algo debía suponer, imaginar o concluir en cuanto que sólo dejó pasar un día frente al auto del señor magistrado. Y he de suponer, obviamente, que si lo presenta contra sus conclusiones debe ser, ha de ser, porque desde su perspectiva legal no considera suficientes o válidos los supuestos de aquel. Porque a veces los magistrados, a pesar de su condición, se equivocan. E incluso, sin percatarse –es el factor humano, condicionante natural-  yerran en sus decisiones. Por tanto, si el señor juez –desde el punto de vista de la fiscalía- no argumenta con rigor, firmeza jurídica y racional persuasión, debe prevalecer aquello de In dubio, pro reo, ‘ante la duda, a favor del reo’.

   Sin embargo, me detengo a causa de anteriores declaraciones o apostillas del señor fiscal sobre las que un comentarista de radio ponía énfasis la mañana del jueves, en la del alba. Y no se trata, precisamente, de un joven antisistema (construcción amada por la señora alcaldesa de Valencia), ni de un terrorista anarquista (de aquellos que pronostica el señor director general de la Policía Nacional). Más: ni tan siquiera es simpatizante “con un cierto modo de anarquismo” al decir del patriota señor presidente del Cabildo de Gran Canaria cuando se refiere a doscientos gamberros que, el pasado domingo, asaltaron el estadio Gran Canaria. Se trata de un hombre inteligente, preciso, hábil y, sobre todo, muy de derechas, y muy bien informado de las interioridades patrias.

   Porque resulta que el señor fiscal dijo textualmente: “La infanta ha sido imputada por ser quien es".  Luego añadió que si se hubiera tratado de otra persona,  no estaría imputada en el caso Nóos  "ni se habría hablado de ella". “La infanta ha sido tratada de manera injusta por ser quien es”, concluyó. De lo cual deduzco que si la señora Borbón no fuera hija de quien ejerció como jefe de Estado durante tantos años, su imputación en el caso Nóos no se hubiera dado. Es decir, que se incluyó a la señora no por supuestamente coparticipar con su amado esposo en todo aquel hipotético entramado, sino porque no era cualquier otra ciudadana de a pie, incluso plebeya, en cuyo caso su nombre ni se hubiera mentado ni, mucho menos, relacionado con la estructura empresarial de tan buen corazón hacia los necesitados.

   Y los tales comentarios, las aseveraciones y aserciones del señor fiscal permiten, entonces, la posibilidad de sospechar sobre un entramado cuyo fin fue, de todas todas, procesar a la señora hija del anterior jefe de Estado. Pero no por ella (angelito de Dios), sino por ser directa descendiente de quien es. O lo que es lo mismo, una conjura palaciega, pero desde fuera, casi con tufillo republicano. Y si no estoy equivocado, que un señor juez se preste a tal imputación huele, como poco, a prevaricación, es decir, a un delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta, cual es la de su propuesta de procesamiento. Y esto ya son palabras mayores.

   De todas maneras, necesariamente tengo que estar equivocado pues, por rigor profesional, preparación técnica y conocimientos de su profesión en la que no es un novato, el señor magistrado no habrá incurrido en errores técnicos ni apasionamientos. Muy al contrario, a lo largo de cuatro años, y precisamente por tratarse de ella, de quien es, estoy seguro de que habrá medido a la micra cualquier paso dado y, por tanto, su instrucción y conclusiones serán impecables. Pero hete aquí que lo mismo debo suponer del señor fiscal, avezado en avatares. Sin embargo, su afirmación pública (“la infanta ha sido tratada de manera injusta”) me desordena la racionalización a que quiero someter todo el procedimiento.

   Porque si fue así, el señor fiscal debe tener pruebas contundentes en cuanto que no solo se pone en tela de juicio la profesionalidad del señor magistrado sino que, más peor, actuaría en contra de un principio fundamental: la justicia. Pero hasta el momento, la fiscalía no ha presentado denuncia ante tal hipotético “trato injusto”. Entonces, mi trilema: ¿puede aseverarse, sin consecuencias, que hubo trato injusto? Como gente de la calle, ¿debo creerlo en boca de un fiscal? ¿Todo está permitido?

También en:

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=342317

http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/31743-hipotetica-prevaricacion-del-senor-magistrado