Hispania. Mortuus est Iustitia tua. Imperii timore (y III) - por Francisco Javier González *

lacasademitia.opennemas.com 22 de febrero de 2018 (06:45 h.)

Termino este acercamiento a un análisis sobre el papel de la JUSTICIA (?) española en la represión del “Procès” catalá hacia su independencia, revisando algunas actuaciones al respecto que justifican el título “España. Muerta está tu justicia. Impera el miedo”

Empiezo poniendo de relieve la visión que desde el ejecutivo español se quiere imponer como “normal”. El teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, hijo de un candidato de Fuerza Nueva por Murcia en 1977 y hermano del que, como Presidente del TC, dictaminó en 2015 la inconstitucionalidad del “Procés” que entonces se iniciaba, es un verdadero camaleón maestro de la supervivencia política. Comenzó su carrera en Interior como hombre de confianza de Rubalcaba, siguió siéndolo de Antonio Camacho, continuó con Jorge Fdez. Díaz y lo es ahora del ministro Zoido. Fue nombrado Director Técnico de coordinación entre las policías para impedir la celebración del Referéndum del 1 de O, o en puro román paladino que dijera Gonzalo de Berceo, el encargado por el gobierno español de controlar a los Mossos. Llamado a declarar en el TS por el juez Llarena para dar su versión del operativo de esa fecha, tras tratar de inculpar a los mossos y a su major, Josep Lluis Trapero, como “foco de información para eludir las órdenes judiciales”, puso de relieve la profunda diferencia de la actuación de mossos por una parte y guardias civiles y policía estatal por otra.

Para el Conseller Forn, que daba por hecho que en la calle iban a estar más de dos millones de pacíficos ciudadanos y que, conforme a lo dictaminado por el TSJC, la actuación policial tenía que realizarse garantizando la convivencia ciudadana, por lo que la labor de los mossos debía ser “garantizar la seguridad y el orden público y estar al servicio del ciudadano” mientras que para Pérez de los Cobos, como comunicó a Puigdemont y a Forn, la única forma de evitar problemas era desconvocar el Referéndum porque “el cumplimiento de la Ley está por encima de la convivencia ciudadana”. La forma de imponer el “cumplimiento de la Ley” ya hemos visto como fue con más de mil heridos por la actuación policial.

Esa posición ha marcado todos los sucesivos pasos de un gobierno que ha tratado de emplear medidas lo más drásticas posibles con el intento de infundir miedo en los que se plantean la creación de una República catalana, miedo extensivo a cualquier parte del Estado con problemas nacionales, colonia canaria incluida. M.Rajoy, artífice del aborto político, no ha tenido en cuenta que, a diferencia de lo que sucedió en Euzkadi, donde había un planteamiento de lucha armada paralelo a la política, en Catalunya ninguno de los partidos o las organizaciones involucradas en el procés ha planteado de forma alguna el uso de ninguna violencia. En este caso TODA la violencia es la ejercida por el Estado Español contra un pueblo inerme y esa circunstancia, más pronto que tarde, corrompe al opresor y fortalece la conciencia del oprimido.

Las arbitrariedades de los jueces en las detenciones ya las he relatado hasta la saciedad. Por ello paso a lo sucedido tras las elecciones de diciembre y la formación de la Mesa del Parlament. Solo dos días después de ser elegido, el exconseller Joaquin Forn presenta su dimisión como parlamentario catalán. Se comienza así a notar el miedo a las largas condenas y a la represión que promete el Estado. Forn sigue los pasos de la exconsellera de Governació Meritxell Borràs y del de Justicia Carles Mundó. Lo hace intentando aumentar sus opciones a salir de la prisión de Estremeras en la que permanece desde el 2 de noviembre, pero el juez Llarena mantiene la prisión para Forn porque, a su juicio, “persiste el riesgo de reiteración delictiva” -aunque sea desde su casa porque ha abandonado su actividad política- ante "la incertidumbre que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para conseguir la aspiración de independencia que todavía hoy comparte el investigado" y que “Su ideología coexiste además con un contexto político en el que no hay certeza de que haya desaparecido la intención de conseguir la independencia de Catalunya, y hay todavía sectores que defienden explícitamente que se tiene que conseguir de manera inmediata".

No se trata pues de una sentencia “judicial” sino estrictamente política en la que el juez juzga por las ideas políticas del detenido. El exletrado del TC, Joaquín Urías, critica sin ambages la decisión de Llarena: "El juez Llarena ya no disimula. El auto de hoy por el que mantiene el exconseller Forn en prisión provisional toma en cuenta para ello su ideología. Sin complejos" Es un ataque puramente ideológico, no jurídico, y una advertencia a terceros. Las acusaciones de rebelión son tan insostenibles que inclusive el que fuera redactor del artículo en el Código Penal español en 1995, el diputado de Izquierda Unida Diego López Garrido, que consideraba legítima la defensa del Derecho de Autodeterminación, introdujo la necesidad de violencia para ser considerado delito por el Art. 472. Declarar pues la independencia pacíficamente no es un acto que pueda encajarse en ese artículo del Código Penal. Consultado por la DUI de Catalunya, negó taxativamente que se cumpliera ese supuesto.

Proclamado presidente del Parlament, Roger Torrent, tras consulta con los diversos grupos presentes en la Cámara, proclama como candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana a Carles Puigdemont con lo que se dota de una cierta continuidad al procés y se deslegitima toda la maniobra del 155. El Boletín Oficial del Parlament lo publica el día 22. El Gobierno Español, a sabiendas de que no hay ningún impedimento legal para ser elegido President lleva al día siguiente, 23 de enero, el caso al Consejo de Estado como paso previo necesario para recurrir ante el TC la investidura de Puigdemont. Por la mañana M.Rajoy firmó la solicitud del informe preceptivo. Al mediodía, la Regente Sáenz de Santamaría, en comparecencia pública, afirmó que el president in pectore Puigdemont no puede ser elegido porque hay una orden de detención contra él y “carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia, porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial". Por la tarde, tras más de 2 horas de reunión, el Consejo de Estado rechaza la petición “porque no existen fundamentos jurídicos para adoptar esa decisión”. Para el Consejo de Estado el TC “debe pronunciarse respecto a los preceptos impugnados, no sobre eventuales e hipotéticas interpretaciones de los mismos, propuestas por los recurrentes, sino sobre si se oponen a los mandatos constitucionales” ya que “la jurisprudencia constitucional prohíbe la impugnación preventiva e hipotética”.

A pesar de todo ello, el gobierno español hace caso omiso del dictamen del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros del viernes 26 acuerda presentar el recurso temiendo, probablemente, que imitando a Artur Mas en 2011 que entró al Parlament usando un helicóptero para burlar una manifestación en su contra que ocupaba el Parque de la Ciudadela o que, a pesar de la vigilancia hasta de las alcantarillas, Puigdemont se les colara en el Parlament y se vieran obligados a detener a todo un Molt Honorable President y traer así a la memoria penosos hechos pasados en la historia de Catalunya. Según declaró la Regente Soraya, el TC "hasta este momento nos ha dado la razón en todo lo que hemos planteado y, además, por unanimidad".

Al día siguiente, sábado 27 de enero se reúne el pleno del TC presidido por Juan José Glez. Rivas para decidir si admite a trámite la propuesta del gobierno español lo que conllevaría la suspensión de la candidatura. Son 12 magistrados, 8 de la mayoría conservadora -incluido el presidente- y 4 de la hipotéticamente progresista, incluido el ponente, el catalán Juan Antonio Xiol que, acorde al informe previo de los letrados del Alto Tribunal, plantea la no admisión a trámite del recurso del gobierno de M.Rajoy. El debate es duro y al mediodía acuerdan continuar por la tarde, a la que no asiste el magistrado conservador Andrés Ollero. Es cuando el propio M.Rajoy llama a los miembros del TC –con anterioridad lo habían hecho los ministros españoles- y los presiona para que no rechacen el recurso presentado por el gobierno. Según fuentes del ejecutivo español que reproduce el diario “El País” “Los ministros, y el mismo Rajoy en primera línea transmitieron a los que tenían que tomar la decisión la grave situación en la que se ponía al Estado si se permitía que el expresidente de la Generalitat resultara investido por la cámara catalana”.

Florentinamente, el TC cede a la pretensión gubernamental, pero sin aceptar ni rechazar la propuesta que elude contestar. Impone para ello una serie de medidas cautelares que impiden cualquier intento de investidura no presencial, ni telemática ni por delegación de voto, y que “No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión” o lo que es lo mismo, sin el permiso del juez Llarena, advirtiendo además a la Mesa de que el incumplimiento de las medidas cautelares tendrá severas consecuencias penales. Con este auto las injustificadas prisiones preventivas, que empezaron siendo una herramienta para infundir temor, Imperii Timore, se han convertido, además, en un control de la investidura. Los presos son verdaderos rehenes. Si los liberaran ¿cómo impedir que Puigdemont no sea, a su vez, puesto en libertad y sea investido?

Creo que este ha sido el más grave ataque a la teórica separación de poderes a la vez que el atentado más flagrante a la democracia después del 23F y tan fascista como aquel. Así pudo exclamar la Regente Soraya que “hemos descabezado al independentismo”. Más claro el agua. El gobierno, controlando al poder judicial, ha descabezado a su particular Leviatán. Los autos del TS primero y del TC después, redactados de forma totalmente apodíctica han sido, como consideran los abogados, verdaderas sentencia en causas que ni siquiera se han iniciado y supone la anulación de todos los derechos y garantías. No se queda corto tampoco el ministro de inJusticia Rafael Catalá que el 1 de febrero daba por hecho que los líderes independentistas encausados quedarían inhabilitados en cuanto el juez Llarena, a fines de marzo, tenga terminada la instrucción de las causas y que la sentencia final estaría dictada antes del mes de diciembre. ¿Quién establece los plazos? ¿Quiénes manipulan al TC? ¿Quién dicta las sentencias, pues?

La “Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia” que agrupa los jueces españoles de perfil progresista, denunció sin paliativos en un comunicado el 5 de febrero los “contactos de miembros del Gobierno, empezando por su presidente, a magistrados del TC previos a la deliberación sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto por el propio Gobierno contra la resolución del Presidente del Parlamento de Cataluña…tales contactos son inadmisibles en un Estado de Derecho y no tienen otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el Alto Tribunal” para finalizar diciendo que“Ante las interferencias del poder político en la independencia de nuestros tribunales, ha de ser criticada la inacción y el silencio del Consejo del Poder Judicial”.

No son solo Jueces para la democracia. Amnistía Internacional, a través de su directora para Europa, Gauri Van Gulik, ya había declarado, ante las injustificadas prisiones de los Jordis, que “la prolongación de la prisión provisional constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica” Por otro lado el abogado británico Ben Emmerson, cabeza del equipo que ha llevado al “Grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias” de la ONU los casos de Oriol Junqueras y los Jordis en una entrevista concedida a TV3 denuncia que “España está volviendo atrás en el tiempo, comportándose como una dictadura, encarcelando a los opositores políticos. Es un desarrollo que da miedo en el entorno europeo y al que se debe poner fin inmediatamente”.

No hay que ir más lejos que ayer, 19 de febrero, para oír al exfiscal del TSJC, Juan Manuel Mena, declarar que “Los Jordis, Junqueras y Forn, son presos políticos. Tengo la certeza de que son presos políticos. Teniendo en cuenta la legalidad vigente, son delitos de comportamiento, intención y objetivo claramente políticos, los delincuentes son políticos y son, por tanto, presos políticos”.

Queda demostrado hasta la saciedad el título de este análisis. Lo corroboran las sucesivas declaraciones de líderes independentistas en sede judicial cuando afirman que la Independencia era meramente “simbólica” con la honrosa salvedad de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que se reafirmó en que la DUI no fue ni cosmética ni simbólica, sino que buscaba una efectividad real, esa por la que muchos catalanes siguen y seguirán luchando