Honestidad, pudor, decencia, recato… y vividores - por Nicolás Guerra Aguiar

Honestidad, pudor, decencia, recato… y vividores - por Nicolás Guerra Aguiar *

 

Solo en el primer trimestre de 2023 tanto el PSOE como el PP y la Guardia Civil han ocupado más espacio en los medios de comunicación que el resto de los partidos e instituciones, y eso que hay “la tira”. Su protagonismo se centra en supuestas actividades delictivas de algunos cargos y jefes, respectivamente. 

  De entre los psocialistas, un ex diputado canario; otro, ex director general del Gobierno de Canarias; sumemos al ex director de Deportes (Cabildo tinerfeño); el alcalde de Almejíjar (Granada) declarará como investigado; el correspondiente de Órgiva fue denunciado por Ciudadanos; imputados la alcaldesa de Móstoles y siete concejales...

  Respecto al PP, un exdiputado condenado (ex presidente de Murcia, exalcalde); investigan a la alcaldesa de Motril; el ex diputado por Cáceres y ex alcalde de Trujillo irá a juicio; el alcalde de Fines -Almería- y un concejal están pendientes del estrado; la Fiscalía pide casi tres años de cárcel para el ex alcalde de Badalona; la Fiscalía Anticorrupción investiga al Gobierno de la señora Ayuso... 

  Finalmente, seis altos mandos de la Guardia Civil son destituidos “por pérdida de confianza”. Como contrapunto, la Asociación Unificada de la Guardia Civil y  Asuntos Internos quieren llegar al absoluto esclarecimiento de la aparente perversión descubierta en cuarteles y despachos y, así, lavar su mancillado honor. (Esta Guardia Civil de hoy lo merece.) Añadamos a un teniente coronel del Ejército.    

 Estremece el interminable listado (casos-aislados.com) de personas comprometidas durante los últimos años, instituciones, administraciones públicas, empresas privadas, fundaciones, cajas de ahorro, partidos (CC, PNV, VOX, Unió Mallorquina, PdeCAT, P.andalucistas, CiU, UPN, EA, PSC, PRC, IU, Unión Cordobesa, Unió.cat, PAL… aunque predominan PP y PSOE). Todos relacionados con corrupciones, deterioro de elementales valores o corruptelas (profesor Tierno Galván).

  Afirmaba en un artículo el doctor Salvador Caja que con novecientas voces añadidas a las cien gramaticales (artículos, preposiciones, pronombres…) cubrimos el 80% de un texto normal. Con otras dos mil ampliaríamos las posibilidades de comunicación / comprensión del español hasta un 90%. Entonces, ¿para qué sirven las ochenta y cuatro mil restantes registradas en el Diccionario (año 2010) o las ochenta y nueve mil según cómputo del  2022?

  Para no entrar en detalles baste con los llamados campos léxicos, formados por conjuntos de palabras propias de cualquier actividad. En el caso que nos ocupa se trata de voces o construcciones ligadas a corrupciones, chanchullos… propios de supuestos delincuentes. Así, a lo largo de los años hemos añadido a nuestro vocabulario “cohecho, prevaricación, malversación, corrupción sistémica, cooperación necesaria, tráfico de influencias, falsedad documental, administración desleal, apropiación indebida, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción en los negocios, falsedad en documento oficial y mercantil”…  

 La lengua española, por tanto, sale enriquecida. Su directo contacto con quienes se sirven de ella le permite conocer y denominar actividades de españolitos listillos y enteradillos, zorroclocos, querendones con sus coleguis y pandilleros sociales. Por tal razón pone al servicio de la Justicia tal inmenso campo lingüístico.  

  Ahora bien: ¿qué puede inducir a legítimos representantes del poder popular a romper -tras juramentos, promesas- con las instituciones democráticas, la consolidación de un Estado de derecho, el inviolable principio de la ética como normal y único comportamiento? ¿Acaso, por ejemplo, una hipotética racanería estatal con sus asignaciones económicas... pero aparentemente excesivas en algunos apartados? 

  Así, a lo largo del año pasado solo el gasto en desplazamientos de senadores ascendió a casi tres millones de euros... sin control alguno sobre su utilidad, conveniencia o relación con la función senatorial: alguna señoría por una comunidad puede desplazarse a otra con cargo al Senado para visitar a su pareja, por ejemplo. Asimismo, dispone de una tarjeta-taxi (tres mil euros anuales) para moverse por la Comunidad madrileña… sin control. (Hay algún caso curioso: el señor Feijóo está empadronado en Madrid.  Sin embargo -elplural.es- percibe una gratificación de casi treinta mil euros anuales como representante del Parlamento gallego en el Senado, doscientas sesenta y cinco señorías.) La pregunta cae por su peso: ¿qué funcionario goza de tales prebendas?  

 

  Otro tanto ocurre con los señores diputados. Sospecho que el Congreso debe de andar aproximadamente en las mismas circunstancias. Es decir, trescientos cincuenta componentes con iguales prerrogativas que los anteriores. Y ambos grupos -¡perplejidad de perplejidades!- sin vigilancia alguna ni sanciones por abandonar las sesiones plenarias... aunque cobrar, cobran. Y no es tacaño el Estado con sus nóminas, no: la señora Arrimadas, por ejemplo, percibe (lainformación.com) ciento treinta y un mil euros anuales. 

 ¿Y qué dicen los referentes éticos? De una parte, el señor González (PSOE) acompañó hasta las puertas de la cárcel a los señores Barrionuevo y Vera, condenados por el caso GAL (1998). El año pasado mostró su apoyo al señor Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía… condenado por los ERE. (¡Ah!, también alabó “su integridad moral”.)

  De otra, las premonitorias palabras del señor Rajoy (2004, XI Congreso Regional del PP):  “¡Vamos a intentar hacer en España lo que Jaume [Matas] y todos vosotros hicisteis en Balears!”. Años después el mismo señor Matas, expresidente, fue procesado  por doce delitos y cumplió años de cárcel.

   Estimado lector: ¿están desestructurados o fumados algunos políticos españoles? ¿Se congelaron el sentido de la ética, la honestidad, el pudor o, quizás, estas virtudes nunca fueron patrimonio de quienes vieron en la política la oportunidad de ponerse las botas? ¿Será acaso que la cosa pública, por aparente descontrol o putrefacción, incita a pillajes y rapiñas? ¿Cómo se puede robar a las arcas estatales durante largas temporadas sin que nadie, absolutamente nadie, se haya percatado? (¿O sí, pero más convenía el silencio?) Y si una persona de la trama canaria no hubiera denunciado como reacción ante una supuesta estafa personal, ¿seguirían en la cosa pública los hoy sospechosos del PSOE y los generales?

  (Por cierto: ¿por qué el Gobierno canario alegó “pérdida de confianza” para destituir al director general de Ganadería meses antes del caso “Mediador”? ¿Algo impide hacer públicas las razones de tal “pérdida”? ¿Fueron, acaso, sus declaraciones sobre el libre mercado? ¿Tal vez incompetencia, incapacidad? ¿Quizás propensión al despilfarro? ¿Otras?)

* Gracias a Nicolás Guerra Aguiar