La razón de ser de los concursos públicos - por Nicolás Guerra Aguiar
Hace días ocupó las primeras páginas de periódicos e informativos una noticia relacionada con obras públicas: que el señor letrado jefe de los Servicios Jurídicos del Cabildo grancanario había considerado como procedente la adjudicación de los concursos relacionados con los vertederos ubicados en Salto del Negro y Juan Grande a una empresa canario-bilbaína (o quizás consorcio), lo cual significó que una segunda aspirante a la concesión de las obras quedara fuera.
La razón de ser de los concursos públicos - por Nicolás Guerra Aguiar
Hace días ocupó las primeras páginas de periódicos e informativos una noticia relacionada con obras públicas: que el señor letrado jefe de los Servicios Jurídicos del Cabildo grancanario había considerado como procedente la adjudicación de los concursos relacionados con los vertederos ubicados en Salto del Negro y Juan Grande a una empresa canario-bilbaína (o quizás consorcio), lo cual significó que una segunda aspirante a la concesión de las obras quedara fuera.
¿Qué había pasado? Pues aquí pasó lo de siempre: que la ciudadanía, harta y cabreadísima, amenazó con movilizaciones si no se solucionaban por la vía de urgencia los graves problemas de ambos vertederos, peligro medioambiental y de salud el primero, foco de incendios a causa del metano el segundo. El informe jurídico avalaba algo absolutamente elemental: la obra debe adjudicarse “al licitador que haya obtenido mayor puntuación”. O lo que es lo mismo, a quien con todas las garantías técnicas realizaría el trabajo adjudicado con menor coste para el Cabildo, Institución que se mantiene con nuestros impuestos.
Pero hete aquí que tal básico, evidente e incuestionable principio de ahorro a las arcas públicas (parece que unos simples ciento veinte millones de euros) no fue aceptado con unánime aplauso y general consenso, pues desde la presidencia de la Consejería de Obras Públicas se expusieron discursos para que la adjudicación se dejara pendiente. Alocuciones que, supongo, debieron ser técnicas, tal vez económicas, acaso jurídicas, quizás la conjunción de todas, pero siempre sustentadas con seriedad, rigor y principios éticos que exigen al político correspondiente la defensa de los intereses del pueblo.
Por tanto, estoy plenamente convencido de que el señor consejero de Obras Públicas del Cabildo grancanario instó a los señores técnicos a que se replantearan la concesión porque debió de ver alguna situación anómala, incorrecta, poco clara, ya desde el punto de vista exclusivamente técnico, ya desde la perspectiva de lo económico o legal. Y en su inviolable principio ético de responsabilidad política y máximo respeto a las disposiciones oficiales consideró que debía dejarse sobre la mesa tal beneplácito, aquiescencia o asenso, pues a veces Dios ilumina a una sola persona frente a los humanos límites de sus acompañantes. Aunque no lo ha explicado, algo debió de intuir, suponer, sospechar, en cuanto que fue la suya una decisión con trascendencia, quizás hasta desequilibradora, pero contundente y decidida. Ahora solo falta su explicación, que será rigurosamente argumentada, faltaría más.
No hubo, pues, decreto de inmovilidad, en absoluto. Hubo, eso sí, propuesta de demora, aplazamiento, prórroga, seguramente con la sana intención de llevar a las mentes humanas de los técnicos aquellas explicaciones casi de inspiración divina que una tarde-noche de luces y claridades le fueron trasladadas al elegido.
Porque el señor consejero de Obras Públicas del Cabildo grancanario sabe de sobra lo que es un Boletín Oficial del Estado, y del estado de las disposiciones que se refieren a los contratos realizados por el sector público. Y sabe que desde la página 117729 (número 276, 16 de noviembre de 2011) de lo que antaño se llamó “Gaceta de Madrid” hasta unas más adelante, el Ministerio de Economía y Hacienda define con claridad diáfana su filosofía moral sobre lo que es “la contratación del sector público”. Y lo hace porque pretende defender la libertad de las empresas a las licitaciones con absoluta publicidad y transparencia. Pero va más allá, qué precisión la suya, qué refinamiento: en aquellas páginas se definen también los principios de transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos. Sin olvidar, por supuesto, otra esencia elemental: el control del gasto.
Por tanto, el concurso público tiene su razón de ser, pálpito que por supuesto no desconoce el señor consejero. De ahí que quizás un exceso de celo -yo, como contribuyente, se lo agradezco y lo recomiendo- lo haya llevado a ser tan escrupulosamente ético, pues sigo insistiendo en lo mismo: un día de estos aparecerá el señor consejero de Obras Públicas con las irrefutables argumentaciones que lo llevaron a proponer -que no imponer- aquella actitud de espera tan definida en nuestro dialecto como el adverbio “suai, suai” o las construcciones “al golpito” y “déjese dil, nenel”. Pues a veces sucede con estas cosas de la Administración lo que le pasó al señor Herrera Piqué como director de la revista Sansofé cuando presentó sus alegatos en contra de una de las tantas sanciones de cuarenta mil pesetas, en este caso por “faltar al acatamiento a las Leyes Fundamentales del Reino”: le rechazaron el escrito porque no llevaba la póliza de tres pesetas.
¿Va acaso a desconocer -¡en absoluto!- el señor consejero que en la Ley de Contratos del Sector Público deben tenerse en cuenta, además, la exigencia de la definición previa de las necesidades y la selección de la oferta económicamente más ventajosa, según Real Decreto Legislativo 3 / 2001, de 14 de noviembre? Insisto: en absoluto. El señor consejero debía de saber que entre dos propuestas existía una diferencia –leo- de ciento veinte millones de euros. Por tanto, estoy plenamente seguro de que más tarde o más temprano el señor consejero de Obras Públicas del Cabildo grancanario convocará una rueda de prensa para dar a luz todos sus considerandos en torno a este tema y así, definitivamente, aclarar el porqué de su propuesta de relajación en torno a los tiempos, es decir, dejar para pasado mañana lo que no debe solucionarse hoy.
Ya verán cómo se sigue manteniendo aquel principio indiscutible de que “Todo lo que es tiene su razón de ser”. Y no una, sino varias razones expondrá el señor consejero sobre su actuación en defensa de los intereses grancanarios, agradecimiento que reitero cuando observo que estamos en muy buenas manos. (Aunque, eso sí: ¡que no se retrase mucho el señor consejero! Tempus fugit!)
También en:
http://canarias-semanal.org/not/8599/la_razon_de_ser_de_los_concursos_publicos/