González fue detenido en Przemysl el pasado 28 de febrero “bajo la ambigua acusación de “espionaje”, encontrándose incomunicado incluso para su abogado defensor”, señala la carta entregada a José Manuel Albares Bueno, responsable de Exteriores en el Palacio de Santa Cruz.

Para los y las firmantes se desconoce “las teóricas pruebas que pudieran fundamentar su ingreso en prisión, lo que implica una evidente vulneración del derecho de defensa, reconocido por la Convención Europea de Derechos Humanos”.

La Fiscalía polaca ha pedido y logrado dos prórrogas a esa detención, lo que alarga su cautiverio, pudiendo llegar a estar hasta dos años privado de libertad en esta situación de absoluta incomunicación, cercana a la sufrida por los presos en Guantánamo.

Periodistas, comunicadores y juristas reclaman al Gobierno español y la Unión Europea que no sigan permitiendo “que un ciudadano español, europeo, siga detenido en estas condiciones y que un país miembro de la UE viole de esta manera tan contumaz sus derechos fundamentales. Deben exigir su libertad provisional y la apertura de un proceso judicial con todas las garantías que permitan un proceso justo”.

Entre los y las firmantes figuran: el abogado, Endika Zulueta, las periodistas, Olga Rodríguez y Rosa María Calaf (periodista), Martxelo Otamendi, director de Berria, Ana María Pascual, periodista de Público, Antonio Maestre, Ángeles Chinarro, Presidenta de ALA, Rafael Fraguas, el abogado, Jacinto Lara, Manuel Blanco Chivite, el fotógrafo, Gervasio Sánchez, Paco Audije, Roberto Montoya, periodista y escritor, José Luis González Del Moral, abogado, y Pepe Mejía, Corresponsal para Europa de Lucha Indígena.

La carta ha sido entregada por la periodista y ex miembro del Consejo de Administración de RTVE, Teresa Aranguren, la abogada María Begoña Lalalana y Javier Sanz, ex corresponsal de TVE en América Latina. Copias de la carta han sido entregadas en la sede del Parlamento Europeo y en la embajada de Polonia en Madrid.

Según la Asociación Libre de Abogados (ALA) “La actuación de Polonia vulnera de forma flagrante los artículos 9, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconocen el derecho de toda persona a no ser arbitrariamente detenida, presa ni desterrada, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Además, según ALA Polonia “incumple los artículos 6, 10 y 14 del Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, ratificado por Polonia en 1993, que protegen el derecho de todo acusado a ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y causa de la acusación, a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa y a ser asistido por un defensor de su elección así como el derecho de informar sin injerencias de las autoridades públicas y a no sufrir discriminación en el uso de estos derechos”.

El Estado polaco también contraviene la Carta Europea de Derechos Fundamentales, especialmente sus artículos 11, 21, 47 y 48 que regulan el derecho de libertad de información, a no sufrir discriminación por origen social, étnico o nacional, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia.

Pero además vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos emanado de la ONU, pese a haberlo ratificado, y en concreto sus artículos 9, 14, 19 y 26 que reconocen el derecho de toda persona a no ser sometida a detención y prisión arbitrarias, a ser informada en el momento de su detención de las razones que la motivan y de la acusación contra ella, a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, así como establecen que la prisión preventiva o provisional no debe ser la regla general pues está subordinada a asegurar la comparecencia del acusado en el acto del juicio y en las diligencias procesales.

Por otro lado, ALA denuncia “la pasividad del Estado español ante las flagrantes vulneraciones de derechos humanos de Polonia y exigimos la inmediata actuación del Gobierno, que necesariamente ha de estar encaminada a proteger los derechos humanos de todo ciudadano con nacionalidad española, especialmente en países de la Unión Europea de la que el Estado español es parte”.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) también han expresado su preocupación por la situación del periodista Pablo González e “instan a las autoridades a liberar sin cargos a González, y a garantizar que tendrá un juicio justo”.

El 30 de julio su abogado español presentó una solicitud al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OHCHR) para que investigue su detención arbitraria. 

González, periodista especializado en el espacio postsoviético, es colaborador habitual del diario Público y había estado informando desde la frontera polaco-ucraniana sobre la crisis humanitaria para varios medios de comunicación, entre ellos La Sexta. 

«La prórroga de su prisión preventiva junto a la falta de argumentación jurídica para su detención son una afrenta a la libertad de expresión en un país de la Unión Europea», ha declarado Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

La FSC-CCOO ha condenado el oscurantismo y la falta de información por parte del gobierno polaco sobre el caso. «Un Estado que no garantiza la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas no puede considerarse una verdadera democracia», ha declarado el sindicato en un comunicado. 

Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), ha afirmado: «Hay que denunciar que no se han respetado sus derechos. González debe tener un juicio justo sin más demora. Es necesario conocer los argumentos de la fiscalía para una acusación tan grave y él debe ser puesto en libertad provisional, con las medidas cautelares que el tribunal considere necesarias».

La Asociación de Periodistas de España (UGT) ha condenado las condiciones en las que se encuentra detenido González, «sin tener asistencia legal de su elección ni poder ver a su familia. Una situación que atenta contra los derechos humanos y es impropia de un país que se dice democrático”.

El caso ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «Yo, Pablo González Yagüe, soy directa y personalmente víctima de una violación de la Convención de Derechos Humanos» señala en la exposición de motivos en donde denuncia su situación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero la parte más degradante y que más está afectando al periodista dentro de la prisión es la continua vigilancia y los cacheos constantes. «La celda y el baño son monitoreados constantemente por cámaras, lo que provoca una gran incomodidad y sensación de humillación por la falta de intimidad», relata. En cuanto a los registros personales, los oficiales de la prisión obligan a desnudarse al periodista varias veces al día y le someten a cacheos extremadamente minuciosos, incluso en momentos posteriores a haber estado bajo vigilancia de los funcionarios, es decir, sin una justificación clara.

Pablo es nieto de uno de los niños de la guerra. Habla varios idiomas y tiene nacionalidad rusa y española. De hecho, su nombre original, en ruso, es Pavel Aleksevich Rubtsov. Cuando siendo un niño llegó a España con su madre, registraron su nombre en español y le pusieron los apellidos de su madre: Pablo González Yagüe.

La organización Amnistía Internacional (AI) exige que «se respete su derecho a un proceso justo y con las debidas garantías», así como se le facilite la comunicación con su familia, con la que lleva sin contactar desde el mismo día que fue detenido.

* Gracias a Pepe Mejía y a PODER POPULAR

Pepe Mejía

Periodista todo terreno. Activista social. Anticapitalista 100x100. Amante de las lecturas, las músicas del mundo y en especial el flamenco. Disponible para subvertir el orden.