Un magrebí enfermo mental, una subdirectora, dos palizas - por Nicolás Guerra Aguiar

La desheredada es una novela de Galdós publicada en 1881. Como no viene al caso, no entro en si se trata de una narración a la manera cervantina o directamente influida por el naturalista francés Balzac. Pero sí es muy importante recordar que con ella destaca nuestro paisano el tema social, las inmoralidades de una acomodada sociedad burguesa muy despreocupada del proletariado. 

  Así, describe el interior de un manicomio madrileño: la sección dedicada a “Pobres” se asemeja a un corral más propio de animales que de personas; las habitaciones parecen jaulas. Los carceleros – enfermeros – “loqueros” son “máquinas musculares que constriñen en sus brazos de hierro”. Si algún interno se altera recibe embestidas de chorros de agua a presión “verdaderamente feroces”, como si se tratara de lanzazos en los costados y azotes en la espalda. (La España del siglo XIX no fue un país humanizado. Como no lo fue ninguna nación europea, ninguna, durante su expansión colonial.) 

  Poco, pues, se podía reclamar a tal subdesarrollado país, continuidad de atrasados y primitivos planteamientos respecto a la consideración del ser humano. Pero también entre La desheredada y el momento actual el país ha experimentado un extraordinario desarrollo cultural y de pensamiento progresista inimaginable. Chocan, por tanto, ciertas noticias (inexistentes para algunos periódicos, por cierto).

  Casi ciento cincuenta años después -agosto / septiembre de 2021- la violencia empleada por los carceleros – enfermeros galdosianos se repite en casos muy concretos y circunstancias sociales muy distintas. Aunque los hechos que paso a narrar corresponden a dos países, mi estimado lector, ¿qué diferencia hay entre la supuesta paliza (bárbara, bestial) infligida por tres funcionarios españoles de prisiones a un interno, la brutal agresión física sufrida por la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena y la salvajada de talibanes sobre los cuerpos de dos periodistas? ¿Hay alguna desemejanza entre las tres actuaciones y el acientífico tratamiento dado a los “locos” de Galdós cuando el ser humano pisotea su dignidad y elemental condición de tal, vuelca acidez, fanatismo, atrocidad (o integrismo yijadista) sobre el más débil? Vayamos por partes. 

  Primera. Las imágenes difundidas por el diario Levante-EMV fueron grabadas por las cámaras de seguridad en el corredor del Centro Penitenciario Alicante II,  cárcel de Villena. La conclusión de quienes las han visto no corresponde con las hipotéticas manifestaciones hechas por el aparente sindicato de funcionarios “Tu abandono me puede matar”. Según la asociación, tres miembros del colectivo fueron agredidos con el palo de una escoba por un preso (elsaltodiario.com). Las presuntas heridas provocadas por el joven magrebí forzaron la evacuación a un hospital donde, obligatoriamente, debe hacerse un informe de ingreso e intervención médica y se envía a la policía o al juzgado.

  Pero la realidad visionada es otra: el preso (“forma parte del programa de atención integral a enfermos mentales”) no porta palo de escobillón, escoba, escobón... ni  arma de fuego (CETME, Parabellum…). Tampoco se ve en sus manos algún ramboso cuchillo con empuñadura de madera y hoja de acero inoxidable 420J2. 

  Es más: las hipotéticas heridas de los funcionarios son invisibles para la cámara. Pero sus cincuenta y cinco golpes dados con los llamados tolete, porra,  cachiporra, garrote... durante tres minutos, ciento ochenta segundos, no escapan a la mirada de quien tenga los ojos para ver. Ni es preciso poseer visión de nocturna ave rapaz para descubrir cómo uno de ellos pisa el brazo del magrebí, tumbado y sometido, mientras el funcionario mueve rítmicamente su cachiporra o defensa y descarga contundencias flageladoras sobre el cuerpo del preso.

  Segunda. Varios encapuchados (El Español de Alicante) acorralaron en la puerta de su casa a la subdirectora de seguridad de la misma cárcel de Villena, y uno la agredió. ¿Por qué? ¿Acaso porque son los subdirectores quienes, como tales, guardan las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad? Y ella, claro, había sido llamada a declarar tras la investigación abierta por la Guardia Civil. Días antes le fue enviado un sms: “Sabemos que tenéis imágenes, bórralas o atente a las consecuencias”. Según los informativos de TVE, durante la embestida -víspera de su declaración- recibió otra advertencia: “Mañana, calladita”. La asociación de funcionarios rechaza de plano tales sospechas y muestra la "más absoluta indignación por las falsas acusaciones vertidas”. 

  Tercera. Dos periodistas, profesionales de la información,  tomaban notas e imágenes de una manifestación en Kabul, capital de Afganistán. Detenidos por los talibanes recibieron en comisaría -cuatro horas, cuatro-  la brutal paliza por su osadía.

  Pero entre la medievalizada mentalidad talibana y la europeizada del siglo XXI hay -debe haber, inexorablemente- abismales abismos respecto a derechos humanos, tratamiento a detenidos o encarcelados, garantías de seguridad en el interior de las prisiones… Es decir, cumplimiento de todos los apartados constitucionales relacionados con la ley, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 

    Afortunadamente, las dos casos primeros son excepciones. Los internos tienen sus derechos y las cámaras, como en el caso primero arriba detallado, actúan como garantías de su cumplimiento. Además, la formación recibida por los funcionarios insiste siempre en el respeto a las leyes vigentes. (Sí, es verdad: hay comportamientos que se apartan de normas, imposiciones, procedimientos… Pero son los menos. Algunos, sin duda, jamás serán investigados. Pero cuando otros se visualizan la justicia interviene.

Varios años atrás, por ejemplo,  cinco mossos d’esquadra fueron condenados a penas de años de cárcel por grabados comportamientos como torturadores y autores de lesiones graves… a una pareja de rumanos -insisto en la condición racial de rumanos-. El Gobierno del señor Rajoy les concedió el indulto en 2012.) 

 En Kabul matan a pedradas a las mujeres “pecadoras” y apalizan o desaparecen a periodistas fieles a su condición de tales. En España, por suerte, podemos contar con ellos. La rigurosa información sigue a la cabeza de los imprescindibles requisitos para un Estado de derecho (incluye los pasillos carcelarios). Es la parte no lucrativa, incluso hasta peligrosa, pero estoy seguro de que resulta la más satisfactoria para quienes defienden la palabra en libertad.

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar