Mayorías políticas para gobernar… o no

 Nicolás Guerra Aguiar *

Parece como si se tratara de una progresión matemática. Quienes pertenecemos a ya añejas (que no fosilizadas) generaciones, sabemos del omnímodo poder de un dictador y su organización única; de varios gobiernos con mayorías absolutas solo alcanzables por dos partidos (PSOE – PP) y, en distintas legislaturas, hemos visto cómo surgió y se mantiene la necesidad de pactos con otros para alcanzar la mayoría imprescindible.

  Así, en el último caso recordemos al señor González (PSOE): en 1993 acuerda con nacionalistas catalanes y vascos; el señor Aznar (PP, 1996) se ve obligado a hacerlo con los mismos nacionalistas (PNV), la CIU del señor Pujol (actual Junts del señor Puigdemont) y CoATIción Canaria, conjunción nacional–nacionalista de derechas y algunos rojillos derechizados gracias a la intercesión de un €nt€ sup€rior... 

  En 2004, sin embargo, los nacionalistas catalanes de Pujol y los vascos se abstienen tras la victoria simple del señor Rodríguez Zapatero (PSOE), a quien apoyan  CoATIción Canaria (¡es la política, carajo!), Esquerra Republicana... El señor Rajoy (PP) se ve obligado a dimitir (2018) tras una moción de censura (había perdido la confianza de la Cámara). En 2020 logra la presidencia el señor Sánchez (PSOE) con distintos apoyos y el voto en contra de Junts, CoATIción Canaria… (¡de coña!).

  Fracasada (29/9) la investidura del señor Feijóo (su hermanamiento con Vox lo mantiene aislado en el Congreso de los Diputados), Sánchez lo intenta con el resto de  las variantes políticas presentes en el Congreso (izquierdas, izquierdas de ascensor, centristas y derechas salvo, claro, la ultraderecha voxiana que impone sus criterios en autonomías cogobernadas). 

  Visto lo visto y lo que falta por ver, uno, desde vibrantes utopías, desapasionados criterios ideológicos y muy provechosas experiencias acumuladas en mis ya creciditos decenios, podría llegar a suponer -e incluso entender- las maniobras actuales del PSOE para conseguir el triunfo ante una presunta sesión de investidura. 

  Generaciones como la mía pueden mirar a derecha e izquierda y llegar a serias conclusiones. Maduraron tempranamente a las movilizaciones sociales y compromisos con la libertad, la justicia, los valores democráticos y, tal como leemos en el Preámbulo de nuestra Constitución, la consolidación de “un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”. 

  Así, uno de los elementales puntos de partida para conocer nuestro ambiente social consiste en observar su propia realidad a través de la actividad política. Los análisis han de ser lo contrario al fanatismo, deductivos, y deben fundamentarse en los efectos prácticos y no en planteamientos teóricos. Y lo digo porque todas las organizaciones que aspiran al poder tienden -y así lo recalcan con insistencia- a conseguir el bienestar de la colectividad a la cual dicen servir, todas coinciden en sus hipotéticos fines: una sociedad más justa y equilibrada, más libre. (Otra cosa distinta es el mantenimiento de sus promesas tras la legítima llegada a la cima: versatilidad o rápida adaptación a las “puñeteras circunstancias” se imponen sin trastornos morales,  alucinaciones o noches en vela.)

A la vista estuvo: cuando las estructuras políticas ejercen el mando por mayorías absolutas o lo comparten-mantienen a través de alianzas, las realidades difieren como la noche y el día. Dos ejemplos en los últimos veintitantos años: ciertas actuaciones de los señores González y Aznar mostraron sus tics absolutistas en claros comportamientos ilícitos. El primero como responsable del GAL, maletines, hermanadas... El segundo con actuaciones contrarias a la legalidad de Naciones Unidas y al pensamiento mayoritario de los españoles, aunque para ello recurriera a las mentiras desde el sacrosanto recinto del Congreso.

Por el contrario, los gobiernos en minoría muestran una visión más serena y controlada, tal como vimos en Aznar tras su pacto de Estado con catalanes y vascos (1996 – 2000); la seguimos constatando en el señor Rodríguez Zapatero, quien consiguió amplios apoyos con su “talante”. Pero le fracasa al señor Rajoy (corruptelas por doquier, resurgimiento de la “Brigada Político Policial”...) y permanece durante el último gobierno de Sánchez. 

Este se mantuvo hasta el final reglamentario a pesar de continuados embates desde fuera, a veces justificados... pero otras  muy  alejados de sosegadas actuaciones. La violencia verbal (“¡Sánchez, hijo de puta!”; “¡Hay que quemar la sede del PSOE!”; “¡Deja la porra, maricón!”) es lo opuesto a palabras nobles y elementales, rigurosamente precisas para civilizados entendimientos. Y los actuales intentos de asalto a sedes del PSOE ya rompen todos los límites de un Estado democrático. (Denuncié en distintos artículos las barbaries cometidas cuando sedes de Vox y del PP fueron violentadas en Telde, Las Palmas de Gran Canaria. Simplemente lo recuerdo.)  

Sánchez aspira a un nuevo mandato, fracasado, como apunté, el intento de Feijóo: “Entre Vox y la amnistía, le dijo el PNV, preferimos la amnistía”. Pero la cuadratura matemática es inviolable: o se consigue un mínimo de 176 votos a favor de la investidura (dura dura la vio el PP tras dos tentativas) o se producirán la disolución de las Cortes y la aparejada convocatoria electoral. Para arrancar los votos necesarios, los psocialistas lo tienen muy complicado: a cambio, no solo deben desdecirse de declaraciones anteriores sobre el referéndum catalán (2018), amnistías y la condición supuestamente delictiva de Puigdemont cuya detención y traslado a España, recordemos, garantizó el candidato Sánchez poco tiempo atrás.  

Estratégicamente muy hábil me parece la justificación para el pacto con los juntsteros catalanes: se trata de un tema de Estado que nunca debió haber entrado en la jurisdicción de los jueces, dicen: su tratamiento es político. Y así parece que se entendió en Cataluña: el PSOE fue el partido más votado en las últimas elecciones (julio/23). El PP ocupó la penúltima plaza. Y lo más llamativo: los nacionalistas catalanes perdieron miles de votos, quizás derivados hacia el PSOE.

Los independentistas catalanes, obviamente, ponen condiciones draconianas a su apoyo: se saben imprescindibles. Pero el PSOE, por sentido ético, racional e incluso de supervivencia, debe ser consciente de las líneas rojas como, por ejemplo, incluir en el hipotético indulto (ante este, solo los tribunales tienen la última palabra) a políticos y gente de Junts absolutamente ajenos al entramado político de octubre/18. Sus causas son puramente penales (supuestas irregulares actuaciones con dinero público, incitación a la violencia...). Incluyo, pues, a la familia Pujol. 

Ser reelegido como presidente a costa del ‘Conjunto de normas morales que rigen la conducta […] en cualquier ámbito de la vida’ es, rigurosamente, lo opuesto al socialismo y a la sensibilidad popular.   

Por cierto: torpe e imprudente el párrafo referido a la judicialización de la política a pesar del "pudieran derivarse", valor gramatical referido a 'situación imaginaria'.

* Gracias a Nicolás Guerra Aguiar