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viernes, 30 de septiembre de 2022 00:00h.

Misterios de concursos cabildicios suspendidos - por Nicolás Guerra Aguiar

Como algo extraordinario -dicen quienes de la cosa saben- debe considerarse la suspensión que el Cabildo de Gran Canaria ordena en torno a los procedimientos de seis concursos convocados por el organismo insular sobre conservación de carreteras.

Misterios de concursos cabildicios suspendidos - por Nicolás Guerra Aguiar

   Como algo extraordinario -dicen quienes de la cosa saben- debe considerarse la suspensión que el Cabildo de Gran Canaria ordena en torno a los procedimientos de seis concursos convocados por el organismo insular sobre conservación de carreteras. Cuatro empresas constructoras concesionarias se ven directamente afectadas por la anulación en cuanto que, es obvio deducirlo, toda su infraestructura se habría puesto en funcionamiento para la inmediata ejecución de obras por valor de casi cincuenta y tres millones de euros, aunque no se había procedido aun a la firma de los contratos. Aquellas, por supuesto, consideran que se han lesionados sus derechos, supongo que legítima y legalmente adquiridos en sus ofertas al Cabildo grancanario  y, mientras no se demuestre lo contrario, absolutamente ajenas a una extraña y supuesta trama de corrupción. 

   Pero lo perplejante, pasmoso y extrañísimo del caso es que todo se ha paralizado a consecuencia de una carta anónima enviada a la institución cabildicia, aunque el hecho de que el mismo escrito se haya presentado también en la Fiscalía de la Comunidad da aparente peso y seriedad a su denuncia. En ella se detallan presuntas irregularidades (“trama corrupta”) en el Servicio de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo grancanario que afectarían a técnicos del correspondiente departamento y que arrancan de años atrás con agravamiento continuado.

   Cuando los partidos de la oposición reclamaron copia de la carta anónima, el consejero correspondiente -señor Sánchez- la entregó en segundas y con reticencias. Además, faltan párrafos (no hay ilación entre el final de uno y el principio del siguiente, por ejemplo) y nombres de funcionarios. Lo cual supongo porque argumenta que si se hace pública toda la información, afectaría a derechos constitucionales como el honor, la intimidad… (Prudente comportamiento, pues una denuncia puede menoscabar la honradez y la integridad de un ciudadano o de una empresa que no solo no han sido condenados sino que, incluso, ni tan siquiera han sido acusados formalmente.)

   Y aunque en El alcalde de Zalamea se dice aquello de que “…el honor / es patrimonio del alma, / y el alma sólo es de Dios”, en el caso del supuesto chanchullo se trata de la buena reputación, de la dignidad de personas o empresas. No obstante lo dicho, supongo que en un Estado democrático la oposición tiene derecho a saber  -con la exigible salvaguarda de la información recibida- todo lo que se relaciona con un aparente mal funcionamiento de la cosa pública. En este caso, de la institución cabildicia (más exacto es decir de un departamento), toda vez que si no fuera así podría parecer que se pretende ocultar información a quienes también representan la voluntad popular.

   Y digo “aparente mal funcionamiento” y digo bien, en cuanto que en torno a este asunto hay muchas sombras, demasiadas oscuridades, hipotéticas torpezas, figuradas actuaciones que no significan, ni mucho menos, que las concesiones hayan sido irregulares. Pero, a la vez, podría sospecharse (podría) que no se estudiaron pormenorizadamente y con el exquisito rigor que debe reclamarse cuando de los dineros públicos se trata.  Mas, oh sorpresa, parece que no solo se limita a estas seis adjudicaciones sino, según la anónima carta, hay una tradición que arranca de años  atrás.

   Pero lo deducible es que las acusaciones deben de ser serias, impactantes, de altísimo voltaje y terriblemente comprometedoras en cuanto que el Consejo de Gobierno del Cabildo suspendió la tramitación de los expedientes que a punto estuvieron de ser aprobados, anuló las adjudicaciones y repetirá el concurso por más que hablamos –caso insólito- de una carta supuestamente anónima en cuanto que como tal se ha presentado.

   Y como su contenido significa la revolución interior en el propio Cabildo –no digo ya en las áreas supuestamente afectadas- la pregunta es inmediata y, por lógica, obvia: ¿qué se hizo mal –infiero, entreveo- en el procedimiento de los seis concursos? Peor que mal, incluso: nefastamente  deficiente. Sin duda, algo quizás irregular para que el anónimo acusador o denunciante avise con la pública difusión de la carta – denuncia si en el plazo de dos meses “no se observara actuación alguna”, actuación que sí se ha ejecutado en una acelerada primera fase cual es la de suspender la licitación y, como consecuencia, podrían reiniciarse todos los trámites.

   Ahora bien: como digo, se trata de una supuesta irregularidad (o seis) que afecta directamente a casi cincuenta y tres millones de inversión. O lo que es lo mismo, ninguna nimiedad ni, por asomo, algo de todos los días. Por tanto, debe suponerse (conjeturo) que el seguimiento por parte no ya de los técnicos sino, y sobre todo, de quienes tienen las responsabilidades políticas no ha sido lo rigurosamente exhaustivo, estricto  y pormenorizado que exige tal inversión. Más: incluso hasta supuestas obras anteriores y, por qué no sospecharlo en este mar de confusiones, obras de actual realización.

   Lo que me sorprende es el silencio del Cabildo ante la sociedad, propietaria de los cincuenta y tres millones e invitada de piedra a este caos que perturba, aun más, la mente de quienes hoy consideran que la corrupción es el rasgo dominante en la administración pública, peligrosísima suposición ante la que políticos –y los hay muy serios y honrados en el poder- parece que buscan “esconder la cabeza bajo el ala”, “decir no lo sabía”, “estoy al margen”, como en “No vale”, poema de Agustín Millares.

   Y el silencio del Cabildo -sector político- ante una carta anónima y su reacción rauda, presta y veloz hacen sospechar que hay algún putrefacto entramado cuya esencia debe definirse por corruptelas, corrupciones. Pero también lleva a la conclusión de que, si no hubiera sido por la carta anónima, nadie sabría nada de nada. Por tanto,  aparentes incompetencias, ineptitudes,  torpezas, falta de vigilancia y control exhaustivo. Lo cual confirmaría, de ser cierto, que estamos gobernados por mediocridades, si no en la totalidad de los cargos sí en muchos y muy importantes. O, quizás, por irresponsables que no quieren problemas o preocupaciones.