La nominilla política como profesión - por Nicolás Guerra Aguiar *

   En este mundo de la política española hay casi siempre una segunda actividad muy bien pagada (incluso tercera, cuarta…) para quienes son abandonados por las urnas, deciden cambiar de estamento oficial o siguen otros caminos. Nada importan, claro, la capacidad o la mediocridad, la preparación o su ausencia. Se trata de vividores que hacen de la política su profesión (para muchos, la única actividad conocida) o puerta giratoria.

   En unos casos saltan a la empresa privada (señora Salgado, exministra de Economía psocialista, la que nos burlaba con los “brotes verdes”; señor Zaplana, exministro pepero); expresidentes alternan entre lo público y lo privado (señores González, Aznar), y el señor Zapatero se queda solo en lo público -Consejo de Estado-. A otros los ubican en alguno de los tres mil búnkeres que ellos mismos se prepararon para casos de emergencia como, por ejemplo, la dirección general de Migraciones cuyo titular –el señor Miras PPortugal- viajea a Venezuela para entregar una medalla… mientras explosiona el éxodo a Europa. O en Canarias: la presidencia de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife espera al señor Melchior, poderoso caballero feudal de CoATIción. Añádase la viceconsejería de Acción Exterior para el plenipotenciario “embajador” que tanto reclaman en tierras de Lituania, Azerbayán, Ucrania…, ahora que la señora Cernousovaite no ejerce como delegada cabildicia en nombre del señor Bravo de Laguna.

    Pero hay más: por ejemplo, consejos consultivos, Instituciones feriales, Senado… Así, el psocialista don Joaquín Leguina anda tremendamente cabreado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Cifuentes: esta acaba de suprimir el Consejo Consultivo (ahorrará 2,3 millones de euros) del que formaban parte tres expresidentes madrileños y entre ellos –oh, casualidad- el mismo señor Leguina. La desaparición de tal organismo (y, por tanto, su condición de cargo vitalicio en el mismo) significa que no podrán disponer de despacho, secretaria, coche oficial y mendicada nominilla (5400 euros al mes).

   El señor Leguina, psocialista, también pone el grito en el cielo cuando le nombran a Ciudadanos: es el único de los expresidentes que publicita su rebote, a veces en grado superlativo de emputamiento. Para él, la continuidad del Consejo Consultivo está sólidamente fundamentada en dos irrefutables argumentos. Uno: ¿acaso no lo mantienen otras comunidades? Dos: se trata de la venganza de “unos nuevos” a quienes tanto él como el señor Gallardón “les caemos mal”. (Sin embargo, olvida que la desaparición del Consejo Consultivo fue un compromiso adquirido por la señora Cifuentes ante Ciudadanos –“unos nuevos”- para que este partido la apoyara en la investidura como presidenta madrileña.)

   Mientras, el señor Gallardón, otro de los afectados, guarda un prudente silencio y deja hacer (ingresó en el Consejo Consultivo tras abandonar el ministerio de Justicia), por más que acaso deberá volver a su profesión. El tercer afectado, el señor González, medita estrategias en su ático marbellí, la chabolilla supuestamente adquirida en extrañas circunstancias.  Sin embargo, tiene razón el señor Leguina cuando afirma que casi todas las comunidades mantienen el Consejo Consultivo (salvo Cantabria y ahora Madrid, si no me equivoco).

   La discusión, pues, queda planteada: ¿sirve para algo el tal Consejo Consultivo? ¿Por qué, en la mayor parte de los casos, los expresidentes de las correspondientes autonomías gozan de la muy exquisita prerrogativa? ¿Por qué no hay un número igual de miembros si, por ejemplo, el de Andalucía tiene diez; siete el de Canarias; cuatro el castellano – leonés? ¿Podrían suprimirse y, de paso, el Estado se ahorraría cincuenta millones de euros al año?

   Por lo pronto, y como primer apunte, no parece que sean imprescindibles: como ya dije, Cantabria y Madrid no los tienen. ¿Significa, acaso, que ambas comunidades están dirigidas por tontos? ¿Quizás por prepotentes que alardean de no necesitarlos? ¿Tal vez sus Gobiernos están obsesionados contra excomponentes como así denuncia el psocialista señor Leguina, trastornado con una imaginaria campaña persecutoria por parte de Ciudadanos en Madrid?

   Otra consideración: si son tan necesarios y vitales, ¿por qué Madrid dio luz verde al suyo exactamente en 2008? ¿Cómo pudo sobrevivir hasta el momento sin el Consejo Consultivo cuyos dictámenes, por otra parte, ni obligan a la Administración regional ni al Gobierno de la Comunidad? ¿Será que Ciudadanos pretendía hundir al Gobierno madrileño –al que apoya- cuando reclamó su inmediata desaparición?

   Las instituciones feriales son, también, organismos de esos cuyos cargos se reservan para los ex. Por eso la señora alcaldesa de Madrid, en su campaña de limpieza, fuerza la retirada del exvicealcalde madrileño (PP) que lo fue con el señor Gallardón: en Ifema (Institución Ferial de Madrid) gozaba de exquisita nómina y multiplicadas prebendas. Pero hete aquí que en ella coincidió con un exalcalde madrileño, señor Álvarez del Manzano (PP), sacrificado por la Patria desde hace 24 años con miles de euros mensuales, coche oficial…

   Finalmente el Senado, institución inservible de todas todas a la que se puede acceder, incluso, sin el voto ciudadano. Cuatro expresidentes peperos de comunidades (perdieron la mayoría parlamentaria en las elecciones últimas) son ya senadores por decisión digital como premio a sus servicios (¿acaso a sus silencios?), ejemplo de pureza democrática. A los ex de Aragón, La Rioja, Comunidad Valenciana y Baleares se suma la exalcaldesa de Valencia, aquella que invitó a los jóvenes a que se presentaran a las elecciones. (Y lo hicieron. Y la echaron.) Cada uno de los ex cobrará en torno a los 4500 euros mensuales. La señora Barberá, 5500.

   Hay, pues, variedad en la oferta. Aunque estoy plenamente seguro de que los caminos interiores son muchos más. Por ejemplo, consejos de administración de empresas públicas (los dejo pendientes para otra oportunidad). Pero algo destaca con fuerte impacto: nuestras administraciones malgastan miles de millones de euros entre afines políticos, acomodamientos placenteros y premios por fidelidad a los partidos. Todo, por supuesto, con absoluta legalidad. Faltaría más.

* En La casa de mi tía por gentileza de Nicolás Guerra