La Oficina de Javier García Breva 

La penúltima reforma eléctrica por Javier García Breva

Con la subida de ocho dólares que ha tenido el precio del petróleo en las dos últimas semanas y el descenso del 3,8% de la demanda eléctrica durante el último semestre se puede asegurar que la diferencia entre costes e ingresos del sistema eléctrico seguirá creciendo en 2013 y que la prometida estabilidad definitiva del sistema anunciada en el RDL 9/2013 será el séptimo fracaso de la séptima reforma emprendida en el último año y medio.

En el preámbulo del RDL 9/2013 se hace un análisis de la génesis del déficit tarifario que olvida que se originó en 2002, y no en 2004 como se expresa en el texto, a través del acuerdo entre eléctricas y Gobierno que da lugar a la fórmula contable que lo crea y a través de la planificación gasista aprobada ese año que, en régimen liberalizado, ha dado lugar a la sobrecapacidad actual del sistema. De la misma manera, se hace una definición del déficit equivocada pues no es la diferencia entre la “recaudación” y los costes reales sino entre los ingresos y costes reconocidos del sistema. Esta equivocación hace que estemos ante una norma simplemente recaudatoria y no ante la reforma definitiva como se quiere hacer ver. La diferencia es que lo único que se intenta resolver es el déficit de 2013 dejando el futuro en la incertidumbre.

La estabilidad del sistema eléctrico no es un problema de “recaudación” sino de modelo y este real decreto ley debería partir del análisis del fracaso de todas las reformas anteriores desde 2009; de por qué habiendo paralizado y acumulado recortes retroactivos contra las renovables el déficit tarifario ha seguido creciendo con más rapidez o de cómo a cada hachazo a las renovables la luz ha seguido subiendo. Y la cuestión es que no se han abordado los problemas de fondo del actual modelo eléctrico; algunos citados reiteradamente por la CNE, como las subastas de la CESUR, las ayudas al carbón, los costes extrapeninsulares o la baja demanda; otros, los más costosos y que nunca se citan, como el coste creciente de las elevadas importaciones de gas y petróleo o el método de conformación de precio de la electricidad.

El análisis de lo sucedido en 2013 parece confirmar que la pluviometría y el viento son los causantes de que se haya precipitado este nuevo decreto, cuando la reflexión correcta sería por qué con más renovables baja el precio mayorista de la luz y por qué el consumidor no se beneficia de ello. Sin embargo, se ha recurrido a la fórmula ya fracasada de rematar la ruina de todas las renovables haciendo tabla rasa de su régimen económico con carácter retroactivo y cargar doblemente contra el consumidor vía presupuestos del Estado y vía subida de la luz. Es la solución que lleva fracasando desde 2009.

El déficit seguirá creciendo porque está directamente relacionado con los impactos de la crisis en el sistema eléctrico como son el incremento del precio del gas y el petróleo, la dependencia energética de los hidrocarburos, el descenso de la demanda y la crisis de los bancos. Las externalidades positivas de las renovables reducen estos impactos pero nada de esto se reconoce en la nueva ley y todo apunta a que estos impactos van a agravarse este año y los próximos. Lo que se necesita no es un parche al semestre y más inseguridad juirídica para resolver el problema de cada año sino una reforma estructural del modelo energético que apueste por la energía que tenemos y no por la que no tenemos.