La Policía Judicial y supuestas corrupciones  - por  Nicolás Guerra Aguiar *

Dícese que el crimen organizado ruso está infiltrado en instituciones públicas españolas. Tanto, que distintos funcionarios -entre ellos tres componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- supuestamente formaban parte de nóminas pagadas desde Moscú, Alicante o Benidorm (siete años de investigaciones). Tal información me dejó sorimbado.  

  Y como nada más terminar la escritura del adjetivo anterior aparece la palabra subrayada en rojo, cual si de incorrección lingüística o término galaxialmente ajeno a nuestra lengua se tratara, descubro que el Diccionario no registra el verbo sorimbar y sus derivados. Debo pues, con su permiso, estimado lector, hacer una parada en la linealidad para matizarlos… (Acaso monomanía profesional.) 

   Sorimbar y sorimbado(-a) son voces conocidas por mí desde la infancia, puro huesito recubierto. Recuerdo el significado de la forma verbal en Gáldar (‘perplejar, anonadar, sorprender’) y de sus correspondientes adjetivos. Busqué, entonces, en el Diccionario Básico de Canarismos para su ratificación e, inmediatamente, sentí sobre mí la acción del verbo… pero con el significado galdense (‘perplejar’) pues, oh sorpresa, solo aparece como “Tf. y LP. Caer lluvia menuda, con tiempo algo ventoso. Empezó a sorimbar, y se acabó la fiesta”.  (No obstante, dos llamadas a dos paisanos confirman mi consideración significativa.)

   ¿Y por qué me dejó sorimbado la noticia? Elemental: desconocía la presencia de la mafia rusa en España con poderosas ramificaciones (empresarios, asesores fiscales, políticos del PP...). Lo peor: su actividad afecta a miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado pero no -matizo- a la institución. Se trata, pues, de corrupción, aprovechamiento grupal de un organismo público hoy respetado como tal por una gran parte de la ciudadanía. 

  Porque ya no es, por suerte, la policía de los años franquistas, la de represiones políticas y ensañamientos con quienes se jugaban el tipo cuando sus palabras o acciones reclamaban el elemental derecho humano: la libertad (“Le debo a la libertad, / muy grande deuda le tengo. / Y como le debo debo / pagarle, pues soy honrado. / Llévenme, pues, a la cárcel / para que más libre sea”, cantó Julio Fausto Aguilera). 

  Yo la conocí, sé de lo que hablo. Y supe de algunos componentes de la Brigada Político Social cuya misión consistía en perseguir -nada impedía el uso de la violencia más salvaje en los interrogatorios- toda actividad contraria a los Principios Fundamentales de la dictadura e intereses económicos de la clase dirigente. 

  Y recogí en un libro (Sansofé, en defensa de la libertad secuestrada) el expediente  al número 44 de la revista canaria (cincuenta años atrás) por haber publicado la carta de un grupo de intelectuales canarios dirigida al gobernador civil de Las Palmas: “Los abajo firmantes hemos tenido conocimiento de que un joven menor de edad […] ha sido castigado corporalmente en esta comisaría por cuatro agentes […] Al citado joven se le suministró, para arrancarle confesión, corrientes eléctricas”. (Suena a siglos pasados, a emparentamiento con los terribles interrogatorios de la Santa Inquisición, la misma sobre la que el presbítero Ruiz de Padrón, gomero,  preguntaba en las Cortes de Cádiz: “¿Santa? ¿Qué milagros ha hecho?”.) 

   Las Fuerzas de Seguridad del Estado, hoy, forman parte del asentamiento democrático. Y no se arredran cuando por orden judicial deben entrar en viviendas de sus compañeros, policías y guardias civiles como ellos: saben que pueden estar en entredicho su rigor profesional y la buena imagen del Cuerpo. Policías investigando a policías hipotéticamente corruptos y deteniendo a quienes  infringieron elementales principios éticos dan fe de su evolución durante años. (En este caso concreto, el Grupo de blanqueo de capitales de la brigada provincial, Policía Judicial de Alicante: sus investigaciones llevaron al desmantelamiento de la organización rusa.)

   El trabajo de los detenidos consistía “en materia de trámites de extranjería, seguridad y protección de viviendas de lujo, acceso a bases de datos policiales restringidas e incluso el cobro de morosos –con los medios que hagan falta– a cambio de una comisión” (eldiario.es). Como en las películas norteamericanas, acaso fidedigna reproducción de tales corruptelas aparentemente exclusivas de EE UU. 

  No fueron pródigos, sin embargo, determinados medios de comunicación en la profusión de la noticia. Desde la del alba, estimado lector, y tras informativos radiofónicos, suelo entrar a través de Internet en titulares de bastantes periódicos (desde los ultras o simplemente conservadores hasta -al decir de algunos políticos- la “canalla de la prensa”, grupo protegido por indignos españoles satánico-socialistas-comunistas-bolivarianos-judeo-masónicos-persas y apoyado por el oro de Moscú, la ultraderecha de Tel Avit,  la corruptela de Caracas y el yijadismo de Teherán. (¡Claro, así son de ruines! Puro estertor.)

 Muchos denuncian supuestas tropelías, imaginadas descomposiciones morales, hipotéticos abusos de poder o leyes  aprobadas para organizar potenciales matanzas colectivas a la manera de degeneradas mentes de las SS alemanas, la Alemania nazi que tanto ayudó a los rebeldes franquistas desde 1936 y cuya unidad aérea de la Luftwaffe bombardeó, por ejemplo, la sagrada geografía de Guernica, esencia espiritual del pueblo vasco. (Por cierto: de los 17 concejales asignados, el PNV obtuvo diez y EH Bildu, siete. ¿Por qué?) 

  Sin embargo eché de menos en sectores siempre críticos palabras de reconocimiento a los policías, a la Policía, por su trabajo y cuya actividad terminó -muy importante- con la detención de compañeros de profesión y la entrega de pruebas a la Fiscalía, cuyas órdenes cumplen. Como dicta el artículo 126 de la Constitución, “La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones [...]”. 

  La institución actual, pues, no se ve afectada por actuaciones individuales de algunos componentes, muy al contrario: desmanteló también a los GAL (1983/1987), clandestina estructura parapolicial contra la sanguinaria organización ETA -gobiernos psocialistas-. E investigó y llevó ante los jueces a una trama -policía política, acaso remedo de “la social” franquista- puesta en funcionamiento por el Gobierno anterior e hipotéticamente organizada contra líderes del procés, Podemos (las mentiras de P.I.S.A.) y para proteger al PP del caso Bárcenas, hoy en los juzgados. Es, así,   garante del Estado de derecho.  

* La casa de mi tía agradece la gentileza de Nicolás Guerra Aguiar