Políticos y falta de credibilidad - por Nicolás Guerra Aguiar

   El señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, don Francisco Hernández Spínola, instó a los políticos canarios sin distinción de siglas a la unión frente a lo que él denomina “desconfianza ciudadana”. Y utiliza una secuencia lingüística que debió de ser muy espontánea, sin connotación freudiana, toda vez que –apunta- “gobierno, diputados, senadores, concejales y consejeros de cabildos tenemos que ganar la batalla”. Pero hete aquí que ganar una batalla significa que la otra parte contendiente la ha perdido, léase el enemigo, en este caso ciudadanos que desconfían.

  Y es que cuando el señor consejero de Presidencia… llamó a la unidad, defendía un semidesconocido proceso de colaboración ciudadana. Lo animaba la intención de hacer partícipes a dos millones de canarios en un proyecto de ley que alguien llamó “de transparencia en la Cámara”. Mas hete aquí que o me mintieron veinte sabios a quienes pregunté por su hipotética participación–nadie sabía nada de nada-  o, acaso, desde arriba se actuaba como en las cuatrienales reformas de la enseñanza, aquellas que se hacen sin la aportación de quienes más saben de la actividad docente, los profesores. (Me detengo ante una foto del señor viceconsejero en plena explicación pública sobre la transparencia: algunos asistentes son miembros del PSOE.)

   Porque en estos proyectos que luego se convierten en leyes de obligado cumplimiento  casi siempre se imponen intereses de partidos sobre racionalizaciones  y sensateces, e incluso se bloquean determinadas vías de elemental sentido común aunque, puñeteras ellas, no son coincidentes con las perspectivas de quienes los presentan. Así, por ejemplo, los profesores propondrían que los dejen con lo que la mayoría sabe hacer, dar clases. Pero no: equipos de gentes inexpertas y quizás sin contacto con el aula pública dictan y decretan insensateces, machangadas y toletadas que solo conducen a cansancios, hastíos, desmoralizaciones, desencantos, a veces con la única idea de hacerles la vida imposible a los docentes.

  Y esto último lo sabe perfectamente el señor consejero, que no es nuevo ni ingenuo en tales cosas de la política que ellos hacen, absolutamente al margen de la ciudadanía. Pues el señor Hernández Spínola tiene en su haber, entre otros cargos, los de subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públicas; subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia; secretario general en la Presidencia del Gobierno de Canarias; consejero auditor de la Audiencia de Cuentas de Canarias; diputado en varias legislaturas en el Parlamento de Canarias y otras ramificaciones cuya pormenorización sería prolija, a más de impertinente para el lector. Mas dicen –y está escrito- que en medio de tanta responsabilidad siempre le quedó un hueco para defender el pacto con Coalición Canaria en 2011, la misma estructura política que se alió al Partido Popular para evitar el Gobierno del señor López Aguilar (de quien fue confidente) tras su aplastante pero incompleta victoria en las elecciones al Parlamento de Canarias, mayo de 2007.  

  Sin embargo, con todos mis respetos, permítame el señor consejero de la Presidencia… que me sorprenda con su afirmación rotunda: “Los políticos lo estamos pasando mal” a causa de la desconfianza ciudadana. Aunque a lo mejor sería conveniente que se preguntará el porqué desconfían millones de ciudadanos, verdad universal. Pues, señor consejero, ¿qué es “pasarlo mal”? ¿Significa, acaso, que se sienten maltratados económicamente con sus nominillas? ¿O tal vez tiene que ver con los indirectos ingresos económicos de sus señorías a causa de sesiones, pertenencias a comisiones, visitas oficiales, desplazamientos en clase preferente y con pernoctaciones en hoteles de estrellado firmamento?

  ¿Se refiere, quizás, a los casi 60.000 euros anuales (canariassemanal.org) que reciben como base cincuenta diputados (sobre sesenta) del Parlamento canario, “el octavo sueldo parlamentario más elevado del sistema autonómico", 3.700 euros cada treinta días, a los que es preciso sumar complementos mensuales que oscilan entre los 4.177 y 5.688 euros si se es portavoz adjunto, portavoz, presidente de grupo, secretario, vicepresidente o presidente de la Cámara? Dineritos a los que se añade una media de 21.000 euros anuales por los que no tributan a Hacienda. Y ya no entro en los dos millones de euros que perciben los grupos políticos  (acuerdo interno de la Mesa del Parlamento de Canarias, 7 de abril de 2008) ni en los regalos tecnológicos, seguros sanitarios privados, seguros de vida e incapacidad por los que sus señorías no pagan ni un céntimo. Pero, eso sí, dignifican: “Es necesario ingresar honorarios dignos para no banalizar la actividad política".

  A la vista está que la transparencia económica no es lo importante, ya se sabe lo que cobran. Mas si yo hubiera sido uno de esos vaporosos ciudadanos canarios a quienes se les consultó sobre el proyecto de ley de Transparencia en la Cámara, habría planteado una cuestión: puestos a hablar de lucidez y claridad, vayamos a lo que trabaja cada señoría, y cuando digo “trabaja” no me refiero a visionar en la tableta actos sociales isleños ni, por supuesto, a cómo su señoría les hace trampas a los profesores de su hijo en plena sesión de oratoria ajena. Tampoco entiendo por trabajo los vehementes aplausos ante personales ataques al contrincante; ni lo contrario, claro: sonorizar estruendosamente la disconformidad con lo que alguien dice en su derecho a la palabra.

  Preguntaría por sesenta aportaciones personales a proyectos de leyes, defensas de los mismos o razonadas críticas; querría saber qué intervenciones han tenido sesenta señorías a lo largo de cada mes en ordenados pensamientos y rigurosas oratorias o trabajos técnicos con actuaciones convincentes, cargadas de razones e ideas. También les preguntaría qué fue de aquello que se llamó Programa, con sus promesas y estrategias. Y, al final, les formularía una interrogación retórica: ¿qué tiene el Parlamento que nadie se quiere ir y todos obedecen sin rechistar las órdenes que llegan de arriba?  Porque, supongo, no siempre estarán todas sus señorías absolutamente de acuerdo con lo que votan en bloque según la sigla política. Digo.