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viernes, 27 de enero de 2023 10:16h.

ESPAÑA, ¿DEMOCRACIA PARLAMENTARIA O JUECICRACIA GOLPISTA?

Postcriptum de final de año a "Consummatum est quaestio" - por Gustavo Buster, Daniel Raventós, Miguel Salas

 

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Francisco Morote, de Attac Canarias recomienda este artículo y aporta el antetítulo. Y yo Chema Tante reconozco lel valor del texto, pero insisto en que todo este desastre del golpe de estado judicial puede resumirse toscamente pero con claridad, diciendo que el asunto se debe a los esfuerzos de un partido mal llamado popular por mantener una cúpula judicial que mantenga su impunidad frente a sus tantos delitos cometidos, cometéndose y por cometer.

Postcriptum de final de año a "Consummatum est quaestio" - por Gustavo Buster, Daniel Raventós, Miguel Salas, SIN PERMISO

Penitentes en la Basílica Inferior de Asís, José Jiménez Aranda, 1874
Penitentes en la Basílica Inferior de Asís, José Jiménez Aranda, 1874

“Enfrentamiento sin precedentes”, “Tribunal Constitucional actuando como la tercera cámara”, “Precedente terrible para la soberanía legislativa”, “Cataluña fue el banco de pruebas que ahora se ha extendido a las Cortes españolas”, "¿Crisis definitiva del régimen del 78?", “Impugnación de la soberanía legislativa por parte del Tribunal Constitucional”, son algunas de las muchas formas de calificar la situación de crisis institucional de los últimos días en el Reino de España que estamos viviendo. Sean más o menos ajustadas a la realidad, todas estas calificaciones intentan abordar lo que nos parece indiscutible: una profunda crisis institucional de la que no hay demasiados precedentes. Retrocedamos un poco. Hace un año y medio decíamos en Sin Permiso: “No es un problema catalán, sino un problema democrático que afecta al conjunto del Estado. Si avanza el discurso, las amenazas y la alianza de los sectores más reaccionarios del Estado -ejército, iglesia, jueces, monarquía, cuerpos represivos- con las derechas, serán los derechos y libertades quienes se verán (más aún que ahora) afectados y entonces perderemos todos”. Efectivamente, en estos 18 meses se han dado unos pasos más en esta alianza de estos sectores reaccionarios, la más visible de la cual de momento ha sido entre la derecha extrema y la jerarquía judicial.

La ofensiva judicial y extraparlamentaria de las derechas extremas contra el Gobierno de Coalición Progresista (GCP) puede dar la impresión de haber terminado sin cambios sustanciales en la correlación de fuerzas. Sería así en buena medida si, tras conocer la argumentación legal del Tribunal Constitucional que ha bloqueado en el Senado la reforma de su renovación, el GCPJ y la mayoría parlamentaria que le apoya (alrededor de 186 escaños) presentan y aprueban una reforma de ley que permita la renovación definitiva de los dos órganos en los que se ha bunquerizado el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

A estas alturas, tras la experiencia de la judicialización contra la rebelión catalana y tras las tres semanas que ya ha durado la actual crisis constitucional, que ha bloqueado ex ante el ejercicio de la soberanía popular en un proceso legislativo, quedan pocas dudas de que las derechas extremas han activado una bomba de relojería situada en las propias estructuras constitucionales del régimen del 78.

La crisis del bipartidismo

La amenaza de su utilización ha ido creciendo a medida que se erosionaba primero y se desmoronaba después el bipartidismo, en alternancia o cooperando, como método de gestión de la segunda restauración borbónica. Fue al bipartidismo al que se apeló para cubrir el entramado del golpe de estado de Tejero y Armada el 23 F de 1981. Fue en nombre del bipartidismo, la abstención del PSOE que permitió la formación del gobierno Rajoy, como se forzó la dimisión de Pedro Sánchez de la secretaría general del PSOE en 2016. Fue el bipartidismo en el que se apoyó la intervención de la Generalitat de Cataluña por el gobierno Rajoy, tras avalar el Tribunal Constitucional la aplicación del artículo 155 de la Constitución en octubre de 2017.

Y ha sido en nombre del bipartidismo como el PP de Feijóo ha diseñado y desarrollado la conspiración que ha desembocado en la insumisión de los vocales del CGPJ y de los magistrados del Tribunal Constitucional que han bloqueado su renovación. Hasta llegar al punto de participar dos magistrados con el mandato caducado en la votación del recurso que planteaba su incompatibilidad de intereses con la renovación que implicaba su cese, mientras que en el CGPJ el sector conservador acosaba para que se abstuviera a una vocal progresista por estar casada con un hipotético candidato a presidir el Tribunal Constitucional tras su renovación. Por si faltaba algo, ha sido la “unidad” constitucional, es decir el bipartidismo, a lo que ha apelado Felipe VI en su discurso de Navidad como condición de “progreso”.

Pero ese bipartidismo, que se traduce también en los “pactos de estado”, no es otra cosa que un derecho de veto permanente de las derechas en la gestión del régimen del 78. Por eso esta crisis del régimen no es un simple enfrentamiento o choque entre los dos partidos que han dado soporte al bipartidismo. Se equivocan quienes solo la vean como una disputa por arriba. Se trata de un choque entre instituciones del Estado, de mantener la ilegal mayoría del CGPJ y del Tribunal Constitucional a cuenta de las derechas y que, incluso en contra de su intención inicial, este choque puede ahogar el funcionamiento de muchos aspectos de la vida política y del propio Estado. Una vez más, en palabras de Felipe VI, el “peligro de erosión de las instituciones” del régimen.

El contexto de la crisis constitucional

Hemos explicado el contexto (1 y 2) al que respondía la articulación y diseño de este golpe judicial. Su objetivo inicial ha sido provocar el adelanto de elecciones generales, alegando de entrada un “auto-golpe de Pedro Sánchez” y el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno por el CGPJ y, sobre todo, por el Tribunal Constitucional, en manos de mayorías conservadoras con mandatos caducados. Para resumir, las clases dominantes y los partidos de las derechas extremas han perdido la narrativa sobre la ineficacia de la gestión económica y social de las izquierdas: el gobierno mantiene y gestiona los mecanismos de las ayudas europeas y de los terceros presupuestos, aplicados con mayor o menor éxito, pero con el apoyo de una mayoría social según las encuestas. La ventaja inicial de Feijóo, tras reemplazar a Pablo Casado como candidato del PP por perder el apoyo de la patronal CEOE, se debilita en la preferencia de presidente de gobierno en las encuestas. Ha comenzado una removilización de las izquierdas, muy titubeante bien es verdad, en defensa de los “escudos sociales” y ciertos avances en derechos sociales.

A la vuelta de verano, Feijóo fue desbordado por la pinza que atenaza la estrategia del PP. Sus ofrecimientos de pactos de estado se encontraron con la exigencia de la extrema derecha de Vox -el partido hoy más estridente en la defensa de la Constitución y de la monarquía, símbolos y pilares del régimen del 78- de una moción de censura de las derechas. Pero también con la presión de Ia presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, para mantener la polarización extrema con las izquierdas. La propuesta de Vox se perdió en la laberíntica búsqueda de un “candidato de consenso” ante el rechazo de Feijóo. Pero la estrategia de polarización extrema de Ayuso y de su asesor áulico, Miguel Ángel Rodríguez, acabó imponiéndose. Feijoo encargó la dirección de la conspiración al europarlamentario Esteban González Pons, que no ha dudado de conducirla en algunos tramos a golpe de twitter, en estrecha coordinación, según todas las evidencias, con el magistrado del Tribunal Constitucional y ponente en el recurso del PP, Enrique Arnaldo.

En octubre, Feijóo rompió los acuerdos alcanzados entre Pons por el PP y Bolaños por el PSOE para la renovación del CGPJ y del TC. Unos acuerdos que respondían en parte a la campaña que había hecho con la derecha conservadora europea, de la mano del Comisario de Justicia belga Didier Reynders, con la excusa de una pretendida “politización” del poder judicial por parte del PSOE, en referencia a Polonia y Hungría. El siguiente paso fue construir el nuevo discurso, y para ello, el PP echó mano de la vieja cantinela de la “ilegitimidad” de los gobiernos del PSOE, ayer de Zapatero, hoy de Sánchez, que se apoya además en “comunistas” e independentistas. La contextualización de esta vieja leyenda negra ha sido que la aprobación de los presupuestos de 2023, los terceros del CGP, se ha hecho pactando con ERC y Bildu la reforma del Código Penal en lo referentes a los delitos de sedición y malversación. El 9 de diciembre, Vox y algunos sectores del PP intentaron organizar un piquete de protesta a las puertas del Congreso contra el “autogolpe" de Sánchez.

La verdadera razón de la crisis constitucional

La incongruencia final de esta pseudo argumentación se hace manifiesta cuando el recurso del PP al Tribunal Constitucional se refiere no a las reformas del Código Penal -supuestas concesiones traidoras al independentismo, que suavizarían pero no suprimirían la represión judicializada en Cataluña tras el “proces”—, sino a otras dos reformas de las leyes orgánicas del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sobre los métodos de elección de los vocales (de 2/3 a mayoría simple) y la designación de los magistrados. El recurso del PP con el que el Tribunal Constitucional ha bloqueado el proceso legislativo, en nombre de los derechos de participación de los diputados, que acaba afectando a los senadores, se hace para defender la válvula de seguridad en última instancia de los intereses de las clases dominantes y de los privilegios de la derecha conservadora en dos de las tres instancias constitucionales que están más allá de los procesos democráticos directos y representativos: el CGPJ, el Tribunal Constitucional -convertido en una tercera cámara legislativa de última instancia- y el monarca.

De hecho, la reforma del Código Penal ha sido ya aprobada por el Congreso (184 a favor, 64 noes y 1 abstención) y en el Senado, (140 sies de 261 votantes). El delito de sedición ha dejado de existir. Pero la renovación del CGPJ sigue bloqueada, porque los miembros del sector progresista se niegan a aceptar al candidato de su propio sector que les quiere imponer el sector conservador, que quiere seleccionar tanto a su candidato como el de los otros, intentando hacer recaer la culpa del mantenimiento del status quo en el CGPJ y el Tribunal Constitucional sobre el sector progresista y el GCP.

Hay un elemento en este proceso, analizado paso a paso por Ernesto Ekaizer y otros, que nos parece que no ha sido enfatizado suficientemente en los artículos de prensa: el carácter conspirativo que conduce todas las maniobras y contramaniobras tácticas del sector judicial conservador. Las consignas de Esteban Pons en twitter son una prueba. Pero la redacción del recurso del PP parece inspirado ex ante por lo que sería la argumentación de su adopción en el Tribunal Constitucional por el ponente Enrique Arnaldo, a pesar y en contra del informe de su principal letrado y de la fiscalía. La acusación de intentar “politizar”, “someter” o “capturar” al poder judicial y el Tribunal Constitucional lanzada por Feijóo contra el GCP rebota frente a esta realidad y se vuelve en su contra.

No es baladí, porque las derechas acusan a las izquierdas de la intención “totalitaria” de acabar con la separación de poderes y el estado de derecho. De nuevo, esto puede parecer ridículo viniendo de los herederos del franquismo, provengan de sus sectores conservadores o falangistas. Y un papanatismo intelectual que intenta justificar la exclusión de sectores decisivos del estado a la soberanía popular, defendiendo frente al republicanismo democrático la gestión jerarquizada de soberanías contrapuestas de origen monárquico, aristocrático e incluso religioso. Montesquieu, reformador ilustrado en la Francia absolutista de la primera mitad del siglo XVIII al que se atribuye esta concepción de la división de poderes, defendía en su Espíritu de las leyes (1748) una monarquía constitucional, pero aborrecía de cualquier poder ejecutivo surgido de la soberanía popular.

Como es sabido, la Constitución de 1978 no hace una formulación expresa de la separación de poderes, a pesar de la descripción funcional del art 66.2 (Las Cortes y el poder legislativo), del Título IV (el ejercicio del poder ejecutivo por el gobierno). Pero el Título VI sobre el poder judicial es un foco de contradicciones, como que la justicia emane del pueblo, en el que reside la soberanía, pero se ejerza en nombre del rey. Que cuatro vocales del CGPJ sean elegidos por el Congreso, otros cuatro por el Senado, con una mayoría cualificada de 3/5 y los restantes 12 por un método que no especifica y que remite a una futura ley orgánica. La modificación de la Ley orgánica 6/1985 por la Ley orgánica 2/2001, repartió la elección de esos 12 vocales a partes iguales entre el Congreso y el Senado también con la mayoría cualificada de 3/5, pero sobre una lista de 36 candidatos elaborada por las asociaciones representativas de los jueces. Fue Ruiz-Gallardón en 2003, ministro de justicia del gobierno Rajoy, el que propuso sin éxito que los jueces eligieran directamente al grupo de los 12 vocales, como se había hecho antes de la ley orgánica 6/1985. Eso es exactamente lo que pretende ahora Feijóo.

De forzar elecciones a la insumisión de vocales y magistrados, con la “ilegitimidad” de hilo conductor

Es más, fallido claramente el plan A de provocar una convocatoria anticipada de elecciones por la “ilegitimidad” de los actos, si no de los orígenes del GCP, y ante la resistencia de la mayoría parlamentaria que le apoya, Feijóo pasó al plan B el martes 20. El PP apoyaría legislativamente al PSOE en una reforma del método de elección del CGPJ si este aceptaba su fórmula de elección de los vocales por los jueces a cambio que retirase en el Senado su apoyo a la reforma del Código Penal que el PP no había recurrido.

A estas alturas, el galimatías argumentativo de la derecha era tan incomprensible que solo quedaba de fondo el vociferio de Vox y de Ayuso y la juramentación de las derechas extremas de que abolirían todas las leyes aprobadas por la mayoría parlamentaria que apoya al GCP en cuanto ganasen las próximas elecciones. La crisis constitucional quedaba de entrada difuminada en una pataleta; y la amenaza atenuada, siempre y cuando la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional tenga lugar a iniciativa parlamentaria del GCP en los próximos meses. Pero Pedro Sánchez ya ha reconocido que el sector socialista del gobierno no intentará en esta legislatura la reforma de los métodos de elección del CGPJ para evitar una confrontación con la derecha de la Comisión europea.

Son muchas las lecciones a extraer para las izquierdas de este reciente episodio de la crisis del régimen del 78, aunque probablemente pocas de ellas nuevas. Aún en una fase de reflujo, de dificultad de movilización social por las consecuencias sociales acumuladas de las pluricrisis, sería meterse en un callejón sin salida pretender articular la respuesta a las derechas extremas desde la mera defensa del régimen de la segunda restauración borbónica. La Constitución del 78 se enfrenta ya a dos lecturas que hace imposible un equilibrio de intereses sociales contradictorios. Las derechas pretenden una hegemonía política reaccionaria que no tienen socialmente. Las izquierdas se ahogan en la gestión de un régimen que fue diseñado expresamente para que no pudieran cuestionar en última instancia el poder de las clases dominantes, bunquerizadas en una serie de poderes que escapan a la soberanía popular a través de “su” estado de derecho. Para estas clases dominantes, la llamada transición fue la recuperación directa de un aparato estatal que habían tenido que entregar al arbitrio bonapartista del Franquismo, pero que dejó “atado y bien atado” en el proceso constituyente, con el apoyo de los poderes fácticos, su derecho de veto para defender sus intereses hegemónicos. No por casualidad Feijóo se reunió en la sede de Génova -símbolo de la corrupción de su caja B, que Casado prometió vender antes de ser destituido- el pasado martes 20 con los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil para impulsar su movilización en la calle contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza.

El objetivo estratégico a defender por las izquierdas

¿Será esta crisis constitucional, a pesar de su carácter enrevesado y fallido, el consummatun est del bipartidismo? Los caminos se bifurcan y hay que elegir el objetivo estratégico, republicano, democrático y socialista que permita articular las mayorías sociales necesarias. Se puede comprimir más, se puede decir con diferentes palabras, pero creemos que las que siguen resumen lo que consideramos necesario defender:

“Exigir la garantía de las condiciones materiales de existencia, no debe servir de pretexto para olvidar libertades democráticas como el derecho a la autodeterminación, y defender este derecho tampoco debe servir de pretexto para ‘dejar para más adelante’ la defensa de las condiciones materiales de existencia de toda la ciudadanía. Unas libertades republicanas no están subordinadas a otras. La libertad republicana implica que cualquier ciudadano y ciudadana pueda levantar la cabeza y poder 'mirar directamente a los ojos' a cualquiera. Quien no tiene la existencia material garantizada no puede hacerlo; quien vive bajo una monarquía impuesta por una de las dictaduras más sanguinarias de Europa del siglo XX y no puede elegir democráticamente la república, tampoco; quien no tiene reconocido el derecho de autodeterminación de una nación cuya gran mayoría de la población lo exige, y sufre la existencia de presos políticos por defender libertades democráticas, tampoco”.

La derecha extrema (no hay otra socialmente significativa en el Reino de España, con la excepción del País Vasco y Cataluña) tiene las cosas claras: Monarquía, Ejército, Iglesia, unidad de España, aparato judicial a su servicio, neoliberalismo sin fisuras, tradición. Sería una buena perspectiva aún por labrar que la izquierda (las izquierdas plurinacionales) tuvieran una claridad similar y opuesta. En muy pocas palabras: garantizar la existencia material a toda la población, república y derecho de autodeterminación de las naciones que hoy están bajo la monarquía borbónica.

Postscriptum

No le ha sentado nada bien a Feijóo, líder de la oposición, o de la “alternativa” como el prefiere, que el jueves 29 de diciembre el Tribunal Constitucional haya tenido que aceptar de manera unánime a sus cuatro nuevos magistrados. Dos de ellos, el exministro de justicia socialista Juan Carlos Campos y la exdirectora general de Presidencia Laura Díez, a propuesta del gobierno. Los otros dos, el conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano, propuestos por el sector conservador, fueron elegidos por el CGPJ en su pleno del martes 27 con el apoyo al completo del llamado sector progresista, que retiró a su candidato José Manuel Bandrés.

El Tribunal Constitucional tiene así una mayoría llamada progresista de 7 a 5. Con esa mayoría elegirá a su nuevo presidente el próximo 10 de enero entre dos candidatos progresistas, María Luisa Balaguer (alentada por el sector conservador) y el exfiscal general del estado Cándido Conde-Pumpido.

La ampliada mayoría progresista del Tribunal Constitucional es resultado del bloqueo del PSOE en el Senado de la elección del candidato conservador que le corresponde con las actuales normas y pactos bipartidistas. Es la respuesta recíproca al bloqueo del PP de la renovación de los vocales del CGPJ, que exige a cambio que “el gobierno esté en la esclavitud moral de ERC” (sic) en la tabernaria expresión de Esteban González Pons.

Mientras tanto, el diario EL País nos informa que 72 plazas de altos magistrados, un tercio de la cúpula judicial, están bloqueadas por la falta de renovación del CGPJ tras las reformas introducidas por la Ley orgánica 4/ 2021.

Pero volviendo al comienzo del postscriptum, Feijóo ha dedicado su última rueda de prensa del año a amenazar con recurrir la idoneidad de los nuevos magistrados propuestos por el gobierno, y aceptados unánimemente por el Tribunal Constitucional, por ser “escandalosamente partidistas”. No parece que tenga el menor recorrido legal, más allá de la pataleta. Y en consecuencia, no cabe esperar tampoco que se prolongue la carrera en este tema de González Pons, construida sobre la presión y negociación de un nuevo pacto de estado bipartidista sobre la cúpula del poder judicial.

Feijóo amenaza de paso con abstenerse o votar en contra del Decreto Ley aprobado por el GCP con el tercer paquete de ayudas contra la inflación, por valor de 10.000 millones de euros, que amplia algunas medidas de los “escudos sociales” tras el 1 de enero. Pero el GCP cuenta con una amplia mayoría de apoyo parlamentario que, en cualquier caso, pide más y no menos políticas sociales.

En cuanto al régimen del 78, nos reiteramos en la pregunta que titula este editorial.

Daniel Raventós,Gustavo Buster, Miguel Salas, son miembros del comité de redacción de SIN PERMISO

* Gracias a Daniel Raventós,Gustavo Buster, Miguel Salas, a SIN PERMISO y a la colaboración de Francisco Morote, de Attac Canarias

https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-consummatum-est-quaestio

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