Prisión como mensaje al sindicalismo - por Jacinto Ortega del Rosario
Prisión como mensaje al sindicalismo
Jacinto Ortega del Rosario
Secretario General
Sindicato de Gremios Unificados en Canarias
El pasado 9 de julio de 2025, el juez Lino Rubio Mayo —conocido como el ‘justiciero de Poniente’— dictó la orden de ingreso inmediato en prisión para seis sindicalistas de la CNT vinculadas al caso de la pastelería La Suiza en Gijón. La condena, ratificada por la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y rechazada por el Tribunal Constitucional, implica penas de tres años y medio de prisión por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia .
Aunque la Fiscalía avaló suspender las penas y 22 organizaciones sindicales, junto con el respaldo del Gobierno asturiano y la ministra Yolanda Díaz, solicitaron el indulto, el juez impuso la prisión sin atender a estos argumentos .
Los hechos se remontan a 2016‑2017: diversas acciones de apoyo a una trabajadora embarazada—quien denunció acoso y explotación laboral—fueron calificadas como “coacciones graves” por el juez. La protesta incluía concentraciones pacíficas, pancartas, petardos y cortes de tráfico. El cierre de la pastelería —ya anunciada como vacía un año antes— fue utilizada en la sentencia como prueba del daño causado .
¿Por qué denuncio esta injusticia?
1. Criminalización del derecho a la protesta.
Las acciones sindicales de visibilización y presión se equiparan con delitos graves, ignorando que el artículo 28 de la Constitución protege la libertad de sindicalización y manifestación. Criminalizar a quienes defienden derechos laborales envía un mensaje intimidatorio al movimiento sindical .
2. Desproporción penal.
Una condena de tres años y medio es más propia de delitos violentos que del ejercicio de la protesta. Peor aún: la pena acumulativa por coacción y obstrucción, ambas rechazadas para suspensión, convierte la acción sindical en un objetivo prioritario para la persecución judicial .
3. Mensaje al empresariado y al Estado.
La actuación del juez, contraria a la Fiscalía y al clamor sindical y político, refuerza la narrativa de que “el sindicalismo es un obstáculo” al que hay que castigar para proteger intereses privados. Es una decisión política bajo apariencia de sentencia.
4. Efecto disuasorio a nivel nacional.
Este caso sienta un precedente peligroso. Si concentrarse en defensa de una trabajadora embarazada puede costar prisión, cualquier medida de presión laboral será mirada con temor.
5. Impacto humano irreparable.
Cinco de las condenadas son mujeres con familia, profesiones variadas y arraigo social: veterinaria, trabajadora social, artista, docente… El impacto personal, familiar y profesional de la prisión desborda el marco de lo racional o proporcional .
Como sindicalista, me rebelo contra la criminalización de la acción colectiva y la protección legal de quienes abusan en el entorno laboral. Este fallo judicial atenta contra el papel histórico del sindicalismo como herramienta de justicia social.
Como trabajador, rechazo que defender derechos —especialmente de una compañera embarazada en situación de vulnerabilidad— se interprete como un delito punible con cárcel. Es una involución que socava nuestra capacidad de acción colectiva.
Como secretario de gremios, exijo la retirada inmediata de esta sentencia y el indulto urgente. No podemos aceptar que se condene a quienes ejercen una función constitucionalmente amparada: denunciar abusos, ejercer acompañamiento y organización solidaria.
Como ciudadano con conciencia democrática, me preocupa que esta sentencia envíe un mensaje autoritario: que las calles están vedadas para quienes defienden a los más débiles.
Por una respuesta unitaria.
Invito a los sindicatos canarios, a la clase trabajadora y a la ciudadanía consciente a:
-Exigir al Gobierno central que promueva con urgencia el indulto.
-Exigir a los tribunales que reconsideren la magnitud de la pena.
-Sumarnos a la movilización, no solo en Asturias, sino en todo el Estado.
-Defender la legitimidad de la protesta laboral como pilar democrático, no como objetivo judicial.
Mal que pese a quienes buscan intimidar, hacer sindicalismo no es delito.
En solidaridad.
Jacinto Ortega del Rosario
Secretario General
Sindicato de Gremios Unificados en Canarias