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sábado, 20 de abril de 2024 01:42h.

El problema eléctrico se llama PPSOECC - por Antonio Cabrera

Llegados a este momento y después de tres décadas de gobierno autonómico, con unos sistemas eléctricos insulares con los mayores niveles de insostenibilidad económica y ambiental de todo el Estado, tenemos que afirmar que los políticos que durante treinta han asumido el gobierno en la Comunidad Autónoma Canaria tienen una responsabilidad directa en este desastroso panorama energético.

El problema eléctrico se llama PPSOECC - por Antonio Cabrera, miembrO de PX1NMEC

Llegados a este momento y después de tres décadas de gobierno autonómico, con unos sistemas eléctricos insulares con los mayores niveles de insostenibilidad económica y ambiental de todo el Estado, tenemos que afirmar que los políticos que durante treinta han asumido el gobierno en la Comunidad Autónoma Canaria tienen una responsabilidad directa en este desastroso panorama energético.

Es inconcebible y no entendemos que ha pasado en los sistemas neuronales de esas cabezas, ¿incompetencia o complicidad?, para que los presupuestos autonómicos sean incapaces de asumir el sobrecoste de producir en las Islas la electricidad con petróleo, estamos hablando de algo más de 1.000 millones de € al año, más de tres millones al día de subvención al petróleo, luego nos repiten hasta la saciedad que las renovables son caras, sobrecostes que se reparten entre la factura de la luz de todos los ciudadanos españoles y en los presupuestos generales del Estado. Y para mayor regocijo patrio, este panorama convive simultáneamente con el mayor de los abandonos de las energías renovables abundantes en estas tierras.  Y lo más sorprendente de todo es que nadie se sorprende. El nacional-victimismo sigue echando balones fuera. Incompetencia y complicidad.

En los últimos meses se viene hablando del papel de los ex presidentes y ex altos cargos como colaboradores necesarios de las multinacionales que integran UNESA, la denominada puerta giratoria que funciona en los dos sentidos, cargos políticos que terminada su responsabilidad pública pasan a los consejos de administración de las eléctrica y, viceversa, representantes de las eléctricas que dejan se puesto en la empresa privada para ocupar cargos en el gobierno de turno, Luís de Guindos Ministro de economía y Fernando Martín primer Secretario de Estado de energía ahora en el Consejo de Seguridad Nuclear, que proceden de Endesa y Repsol, respectivamente, o Ricardo Melchior de Unelco/Endesa.

Estos días en Madrid y otras capitales españolas Greenpeace ha hecho una parodia del matrimonio millonario de conveniencia entre gobiernos y eléctricas y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético estatal (Px1NME) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción. Iniciativas  que ayudan a visibilizar a la ciudadanía la indecencia convertida en fraude democrático puesto que se constata como los representantes elegidos trabajan para los intereses privados y  en contra del interés general que es su obligación.

A continuación y con el objetivo de ir avanzando en la batalla de la información queremos ir desgranado situaciones concretas en la que podemos observar como los cargos públicos, tanto del PSOE y PP a nivel estatal y CC en las islas,  se aplican con afán y prontitud en la satisfacción de las demandas de las eléctricas.

Coste de transición a la competencia.-Los CTC son un ejemplo de cómo al tratarse de las eléctricas si hay compensación por la retroactividad de una norma, todo lo contrario de lo que estamos viendo con las medidas del Ministro Soria hacia las renovables.

En real decreto 1538/1987 se le reconoce unos coste de inversión de unos 56.700 m€ que se le iba  pagando con los ingresos del sistema dentro del Marco Legal Estable, pero cuando entra en vigor la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico para la liberalización del mercado, todavía quedaba una parte por abonar y las cinco grandes eléctricas, con la libre competencia en el mercado eléctrico dicen que no se garantiza que vayan  vender toda la electricidad que generan, solicitando al ministerio de industria una compensación, coste de transición a la competencia, que se estable en 3,6 cent/€/KWh, de tal manera que si el precio del mercado es inferior reciben la diferencia y si es al contrario ellos pagan a la CNE la diferencia. Como los precios del mercado en general eran superiores al de referencia a finales del 2005 los CTC pendientes de cobro resultaron negativos, es decir, lo percibido por las eléctricas era superior a lo que se había establecido para la rentabilidad de la inversión y, en consecuencia,  mediante el RD 7/2006 se suprimen los CTC. Como buena parte de las cantidades en concepto de CTC no se abonaron en el año correspondiente y pasaron a formar parte del déficit de tarifa, no se conoce exactamente la cantidad que las eléctricas deben reembolsar, algunos autores hablan de 3.400 m€.

Como consecuencia de esta no devolución de las eléctricas y ante el peligro de prescripción, recientemente la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético estatal ha presentado, como ampliación de la denuncia anterior, ante la Fiscalía Anticorrupción, por malversación de caudales públicos a la administración por permitir la prescripción de unos 3.400 m€.

Incremento del pago por disponibilidad de potencia.-Las centrales térmicas de carbón y de ciclos combinados cobran por estar paradas, disponibles por si el gestor técnico del sistema REE requiere su electricidad para garantizar el suministro ante averías o situaciones de emergencia.

Don Miguel Sebastián, último ministro de industria y energía de la etapa Zapatero, en la subida de las tarifas eléctricas de enero 2011, en la parte regulada de la tarifa incrementó el pago por disponibilidad de potencia un 71,8% con el informe negativo de la CNE, pasando de 938 m€ en el 2010 a 1.605 m€ en el 2011. Más déficit de tarifa, cuando el ministerio decía que este era el problema más grave del sector eléctrico. Además de los aumentos en el incentivo a la inversión en los ciclos combinados. ¿Hay dudas de para quienes trabajan los gobiernos de turno?.

El asunto de Garoña.-Tal como está estructurado el mercado eléctrico las centrales nucleares, junto a las hidráulicas, son las tecnologías que más negocio obtienen por aquello de los “beneficios caídos del cielo”. Al tratarse de un mercado cuyo precio se estable tomando como referencia el del MWh más caro, sin tener en cuenta los diferentes costes de generación de las tecnologías. Con un ejemplo lo vemos más claro. En el año 2011, los 55.005.868 MWh de origen nuclear que entraron en el mercado se pagaron a 49,9 €/MW cuando el precio real de acuerdo a los costes era de  18 €/MW, produciendo un beneficio, por la cara bonita de Endesa e Iberdrola que controlan esta tecnología, de 1.754 millones de € (cuando lo que deberían haber cobrado era 990 m€, lo que recibieron fue 2.744 m€).

Esta es la razón por la que las eléctricas y la parte de sus consejos de administración no reconocidos oficialmente, el ministerio de industria, quieren ampliar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años y para ello se cambia la normativa que haya que cambiar, en este caso, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) a través de un nuevo “Proyecto de Real Decreto para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos”. como denuncia Ecologistas en Acción, “Industria plantea un escandaloso cambio legal a la medida de Garoña” publicado en la página web www.energias-renovables.org.

La supresión del derecho preferente de las renovables.-El incremento desmesurado de las instalación de centrales térmicas de ciclos combinados, junto a la disminución de la demanda de electricidad por la crisis y el aumento de las tecnologías del régimen especial en el mix eléctrico de los últimos años, ha ido reduciendo progresivamente la participación de los ciclos combinados de gas natural a menos  de las 2.000 horas anuales y por debajo del 30% de su rendimiento. Aunque no se dice nada de las cuantiosas subvenciones que reciben en concepto de incentivo a la inversión, unos 26.000 €/MW durante los diez primeros años, además del pago por disponibilidad de potencia por el sistema los necesita.

En el primer trimestre de este año la aportación de las renovables al mix eléctrico superó el 50%, reduciendo aún más el funcionamiento de los ciclos combinados de gas natural. Ante esta situación UNESA está solicitando al ministerio de Industria, además de recortes de las primas a las tecnologías del régimen especial, quitarles el derecho preferente que tienen, reconocido por directivas europeas y normativa española, a entrar en el mercado eléctrico por delante de las térmicas de carbón y ciclos combinados de gas natural.  

Los recortes a las renovables, Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre ya empezaron con el anterior ministro, Miguel Sebastián, y seguidas con mejor aplicación por el actual, señor Soria, y lo de acabar con la preferencia de las renovables va en camino, en la en la Disposición final primera en el punto dos-d del “Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares”, en trámite parlamentario, que dice textualmente, …supresión o modificación temporal de los derechos que para los productores en el régimen especial se establecen en el capítulo II del título IV de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico..  Más claro el agua… Y luego nos quejamos de los sueldos multimillonarios que reciben cuando pasan a los consejos de administración de las eléctricas. Están más que justificados.

Los concursos eólicos canarios.-El primero al que me voy a referir es al parque eólico de Fuencaliente en La Palma de 1,5 MW. Siendo presidente del gobierno canario don Manuel Hermoso y consejero de industria Francisco de la Barreda (PP), adjudicado a Unelco sin concurso público cuando era preceptivo (Art. 17. Orden de 14 de marzo de 1996. BOC nº46 de 15 de marzo de 1996)  por don Alfredo Vigara Murillo, Director General de Industria y Energía al mismo tiempo que pertenecía al consejo asesor de  Unelco. Posteriormente se intenta arreglar la ilegalidad con una Disposición Transitoria en de la Orden de 7 de julio de 1997. (BOC de 25 de julio 1997).

Estas irregularidades, denunciadas ante la fiscalía anticorrupción por Francisco de la Barreda, que casualmente se extraviaron al llegar a la Audiencia Provincial de S/C, fueron puestas en conocimiento de don Mariano Rajoy en el 1996 que le entraron por un oído y le salió por el otro.

El segundo concurso convocado por la Orden 14 de octubre 2004. BOC nº 209 de 28 de octubre 2004. Es el que en los medios de comunicación de denominó como “caso eólico”, siendo presidente don Adán Martín, consejero de industria don Luís Soria y Director General de Industria don Celso Perdomo, don José Manuel Soria era presidente del cabildo de G. Canaria y vicepresidente del gobierno autónomo.

La fiscalía considera probado que, antes de que la convocatoria fuese pública, Celso Perdomo, desde su despacho oficial, con ayuda del funcionario Honorato López, envió información privilegiada sobre el concurso eólico a varias sociedades privadas concretas, información por la que recibió pagos millonarios. Tras saltar el escándalo, el Gobierno canario cesó a Perdomo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió el concurso eólico y convocó uno nuevo mediante la Orden de 27 de abril 2007. BOC nº 89 de 4 de mayo 2007, actualmente parado por la moratoria del Ministerio de industria, energía y turismo para los nuevos proyectos eólicos.

La investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria finalizó con la imputación de un total de siete personas: El entonces director general de Industria del Gobierno canario, Celso Perdomo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años de cárcel; la compañera sentimental de Perdomo, Mónica Quintana, para la que se piden tres años y medio de prisión; el funcionario de Industria Honorato López, para el que solicita la Fiscalía dos años de prisión; y los empresarios Alfredo Briganty (abogado de profesión) Enrique Guzmán y José Ignacio Esquivel. Para todos estos últimos Anticorrupción solicita un año y medio de prisión.

Hace unas semanas el principal encausado por el caso eólico, Celso Perdomo, imputado por cuatro delitos de corrupción, pendiente aún de juicio, ha sido ascendido de funcionario a inspector de servicios del Cabildo de Gran Canaria.

El incremento del pago por el servicio de interrumpibilidad.-Los grandes grupos industriales que consume mucha electricidad, firman un contrato con el gestor técnico del sistema por el cual se comprometen a desconectar, interrumpir, parte de su consumo si el sistema lo necesitara. En el presupuesto de 2012 unos 560 m€ que se carga en los costes de la parte regulada de la tarifa y por lo tanto incrementa el déficit tarifario.

No tiene ningún sentido que con el exceso de capacidad instalada que hay, 104.000 MW y el consumo medio por debajo de la mitad de esta cantidad, se mantenga un gasto innecesario como este, como así hay quedado reflejado en la parte introductoria de algunas normativas de la etapa de Soria.

Pues en este contexto, el ministro de industria por tierras gallegas, octubre 2012, en la campaña de las últimas elecciones autonómicas, ante las quejas de la pérdida de competitividad de la gran industria por la subida de los costes eléctricos, en este caso de la multinacional americana de aluminio  Alcoa en Lugo, el señor Soria incrementa este servicio en un 75%, pasando de 20 €/MWh a 35 €MWh, unos 242 millones de € más para el presupuesto de 2013. Más déficit de tarifa.

Control del órgano regulador CNE.-La independencia debe ser la seña de identidad que da garantía en el ejercicio de sus funciones de cualquier órgano regulador de la libre competencia en los mercados. En el mercado eléctrico, que inicia su funcionamiento con la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, esa función corresponde a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en coordinación con la CNC.

Desde que se pasó del Marco Legal Estable al mercado eléctrico con la ley del 1997 la CNE deja de tener acceso a la información sobre los costes de generación y con frecuencia los informes emitidos por el órgano regulador no son tenidos en cuenta, ni por las eléctricas ni por el ministerio de industria. Un buen ejemplo, de la creciente marginación de la CNE con respecto al cumplimiento de sus funciones, es el conflicto internacional por discrepancias en el precio del gas natural entre Gas Natural Fenosa y la multinacional argelina Sonatrach en el cual un laudo internacional reconoce que la eléctrica española tiene que pagar a Sonatrach 1.500 millones de €, pues la CNE tiene que recurrir a la Audiencia Nacional para que Gas Natural le de acceso al contenido del contrato que ha motivado el conflicto. Eso sí, buena parte de esos 1.500 m€ se pasaron, con efecto retroactivo, a los recibos del gas de los ciudadanos que usan este hidrocarburo.

 

Como estos órganos reguladores molestan, en el último año de Zapatero se inició, la reforma de todos los organismos con funciones reguladoras y supervisoras de la competencia, fundiendo en un único órgano cuyas funciones han sido publicadas en la Ley 3/2013 de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia CMMC en el BOE de 5 de junio pasado, donde se puede constatar, disposiciones adicionales octava y novena, la centralización en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de las competencias que supuestamente debería asumir un organismo regulador e independiente. A peor la mejoría.

En este sentido la vicepresidenta de la Comisión Europea de Competencia, Neelie Kroes, ha manifestado, en carta dirigida personalmente al señor Soria, su preocupación por que el texto de la nueva normativa  para la CNMC no garantiza su independencia.

Queda sobradamente demostrado que los gobiernos de turno, PPSOECC, están al servicio de los intereses de las cinco multinacionales que integran UNESA y que en el BOE queda constancia, como lo estamos viendo estos días con una ofensiva reformadora del sistema eléctrico general sin precedentes, de cuáles son los intereses que prevalecen y sus cómplices, los cuales deberían, como representantes a través de unas elecciones generales defender sus intereses de la ciudadanía. En consecuencia constatamos, también, que somos víctimas de un fraude democrático. Tenemos, por lo tanto, la palabra para pedir cuenta en el próximo evento electoral u organizarnos, por ejemplo, a través de la recientemente constituida Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias.

                                    Julio 2013

                        Antonio Cabrera (Px1NMEC)

                (Miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético para Canarias)