A propósito del mamotreto - por Asunción Frías y Pedro Fernández Arcila, concejala y concejal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Tras finalizar la lectura sosegada de la sentencia del mamotreto te asalta, de manera inmediata, la pregunta de cómo pudieron saltarse todos los niveles de control interno con que cuentan las administraciones públicas y se permitió que se colara todo un conjunto de ilegalidades como las que desgrana con precisión la magistrada encargada de enjuiciar este asunto. Para hacerse una idea de la dimensión de lo que estamos hablando debemos señalar que la sentencia reconoce que el proyecto invadía el dominio público marítimo terrestre, ocupaba la servidumbre de tránsito y la servidumbre de protección e incumplía el Plan General vigente en aquel momento (y también el que se estaba elaborando) en aspectos tan importantes como el uso permitido, aprovechamiento, volumetría y ocupación máxima. Tampoco se había sometido a evaluación de impacto ecológico y no se había entrado a considerar la imposibilidad legal de realizar obras en el trámite de revisión del deslinde del dominio público, situación en la que se encontraba ese tramo de la costa. Visualmente no podremos hacernos una idea de la monstruosidad que pretendía realizarse en nuestra playa porque, realmente, el edificio que aún forma parte del paisaje de Las Teresitas –esperemos que por poco tiempo– era una primera fase de lo que se pretendía hacer, pero restaba otro enorme tramo sin uso definido que se extendería por el espigón en el que actualmente se encuentra el edificio de la Cofradía de Pescadores, que habría sido demolido como símbolo del tiro de gracia que le quieren dar a los pescadores.

Pero, más allá de las consideraciones jurídicas de esta resolución judicial, el mamotreto es un asunto que permite adentrarnos en el momento político que vivía el Ayuntamiento de Santa Cruz en la primera década de este siglo. La impunidad con la que actuaron estos responsables políticos, ahora condenados, solo pudieron lograrla a partir de la colaboración con unos pocos funcionarios, dispuestos –posiblemente no solo en esta ocasión– a avalar proyectos sobre los que cualquier persona medianamente instruida en estos asuntos hubiera detectado, a primera vista, una docena de irregularidades. Aun cuando este nivel de corrupción institucional no es exclusivo del Ayuntamiento de Santa Cruz, el hecho de haberse instalado en esta corporación una casta política que va presta a cumplir cuarenta años en el poder ha permitido crear una perniciosa red en la que han participado algunos funcionarios públicos municipales que han acompañado a Coalición Canaria durante algunas decenas de años. En este sentido, el contenido de algunos de los informes que bendijeron estas obras es lo suficientemente elocuente para comprobar el desgobierno de lo público, como diría Alejandro Nieto, y cómo con el paso del tiempo determinados funcionarios han ido deshojando su dignidad profesional a golpe de expediente por el solo placer de sentirse cerca del brasero del poder.

Junto a esta execrable cultura administrativa del Ayuntamiento hubo también otras administraciones que, en los años que duró el trámite de aprobación de esta obra, no abrieron la boca. Los responsables autonómicos e insulares que participaron en el borrador del convenio de financiación sabían que este proyecto se saltaba todas las leyes imaginables pero callaron. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el organismo encargado de perseguir las obras ilegales y que en otras ocasiones actúa con envidiable prontitud, enmudeció y desconectó su maquinaria sancionadora, a pesar de las denuncias que le presentaron los colectivos sociales.

¿Por qué se produjo esta versión canaria de la omertá siciliana que permitió actuar con tanta libertad a los responsables políticos santacruceros de aquella época? Para ellos el proyecto urbanístico de San Andrés y Las Teresitas no era cualquier proyecto: durante décadas se había planificado una de las operaciones urbanísticas más importantes del municipio, pero ahora el interés de los grandes empresarios locales de la construcción que estaban perfectamente posicionados en este pelotazo exigía su puesta a punto.

Estos empresarios participaban de manera directa en las decisiones políticas que afectan a la urbanización de Las Teresitas y San Andrés, contando con un partido político para intervenir de lleno en este marco de decisiones locales. En medio de este proceso de deslegitimación de lo público, el Ayuntamiento ha intervenido en la configuración urbana de aquella zona del municipio otorgando beneficios millonarios a los empresarios con la compra del frente de playa (investigada en el Tribunal Supremo) y proponiendo la creación de un puerto deportivo (investigado en los juzgados por sobornos a políticos), una urbanización en el valle de Las Huertas (paralizada por la justicia), un hotel para 500 plazas y el enorme edificio de aparcamientos y centro comercial cuya trama desveló la fiscalía, ahora con sentencia condenatoria. Hemos repetido en diversos foros que la urbanización del valle de Las Huertas supondría un impacto social de tal calibre que, de llevarse a cabo, se pondrá en riesgo la pervivencia del propio pueblo de San Andrés, que pasaría de 3.100 vecinos a más de 8.000 habitantes sin contar las quinientas plazas hoteleras. Pero lo mismo ocurriría con la ocupación del litoral de San Andrés con el puerto deportivo.

Todo este entramado han logrado romperlo el tesón y el coraje de los grupos ecologistas y de los movimientos sociales y ciudadanos, que tienen una capacidad de maniobra y unos presupuestos infinitamente menores que los de los grandes titiriteros del poder, pero cuentan con una honestidad y una constancia a prueba de bombas. Y así seguirá siendo mientras los vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Cruz mantengan los ojos bien abiertos para defender lo que es suyo y de todos.