¿Por qué Vox no se ilegaliza? - por Antonio Aguado, coherente veterano militante socialista *

Está más que comprobado que de poder Vox, revertiría la democracia y la libertad empezando por el derecho fundamental de organización, reunión, manifestación y expresión. En su ideario se contempla disolver a los partidos políticos de izquierda, nacionalistas e independentistas. Lo intentan utilizando un lenguaje muy populista y sumamente reaccionario, que suele llegar a capas de población muy humildes y deprimidas, que debido a sus penurias y calamidades y por no tener nada más que perder, les ven como su “tabla de salvación”. Es la mayoría social que, su voto debería ser consustancial con los de partidos políticos de izquierda y progresistas. 

Pero debido a que estos no les representan al menos suficientemente, terminan refugiándose en organizaciones políticas de derecha extrema como el PP, siendo de los casos más significativos, los triunfos de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, que obtuvieron en las últimas elecciones de sus respectivas comunidades autónomas holgadas mayorías. Obtenidas en gran medida con los votos de zonas muy deprimidas, con gran parte del electorado de condición humilde.

Otro tanto le ha venido pasando a Vox. Partido político de reciente creación que, en poco tiempo ha experimentado un gran crecimiento. Como referencia se podría contemplar las elecciones generales de junio de 2016, en las que sólo consiguió 47.182 votos el 0,2% y no obtuvo ningún escaño. Pero en abril de 2019 ya logro 2.677.139 votos el 10,26% y 24 diputados. Después de estas elecciones lo más lógico y racional es que se hubiera creado un gobierno entre el PSOE y Podemos, pero ese no era el objetivo de Pedro Sánchez que al respecto, pretendía configurar gobierno con Ciudadanos.

Al no producirse ese acuerdo de gobierno, tuvimos que irresponsablemente hacerle frente a unas nuevas elecciones generales, celebradas el 10 de noviembre de ese mismo año de 2019. Pues bien, en tan sólo siete meses, Vox tuvo un incremento muy considerable, con 3.656.979 votos el 15,21% del electorado y 52 escaños. 

Desde ese entonces, venimos sufriendo cada vez más las consecuencias del reaccionarismo de Vox, que parece no tener limites crispando gravemente la vida política y la convivencia de la ciudadanía. El caso es que, esta forma de actuar cuenta con un respaldo bastante considerable (ahora mismo después del PSOE y el PP es la tercera fuerza política parlamentaria), manifestado mediante el voto libremente depositado por los electores en las urnas.

Comparándolo con el régimen nazi de Hitler y el fascista de Mussolini, que llegaron al poder igualmente por mediación del voto popular, da la impresión que nos retrotraemos en el tiempo. Como se sabe, Vox es producto de una escisión de antiguos militantes del Partido Popular, empezando por su líder Santiago Abascal, que ha hecho de su partido político una especie de marca blanca del PP y ya ambos, gobiernan en la comunidad autónoma de Castilla y León y de facto en la de Madrid y Murcia y se apoyan mutuamente en muchos municipios.  

El caso del Partido Popular es igualmente digno de analizar y con toda probabilidad, también se llegaría a la conclusión de que igualmente debería ser ilegalizado y es que, muchas de sus elecciones en todos los niveles: general, autonómicas y locales, las ha venido ganando fraudulentamente, mediante el soborno practicado en las instituciones que gobernaban y gobiernan, permitiéndoles concurrir a las elecciones en superioridad de condiciones. Por el estilo del deportista que obtiene sus triunfos dopado. Pues bien a éste, de cogérsele y probarse esa situación anómala (como ha sido el caso mucho veces reincidente del PP), se le retira todos los títulos y triunfos obtenidos. En consecuencia, eso es lo que precisamente habría que hacerle al reaccionario y corrupto Partido Popular. ¡Con qué gran desfachatez, tanto el PP como Vox se auto califican como partidos políticos constitucionalistas, cuando son exactamente lo contrario!. 

En Alemania recientemente se ha detectado a un grupo de ultraderecha que pretendía dar un golpe de estado y revertir la democracia. Con toda probabilidad de tener la oportunidad haría lo mismo su homologo español el ultraderechista Vox. Han sido muchas las ocasiones en las que de forma directa o veladamente, algunos de sus dirigentes se han manifestado expresando ese deseo, aunque lo hayan argumentado: “debido a la situación tan grave por la que atraviesa el país”, en la necesidad de que se configure un “gobierno de concentración nacional”. No tienen excusas y más pronto que tarde, se tendría que analizar la necesidad y conveniencia de su ilegalización.  

* En La casa de mi tía por gentileza de Antonio Aguado Suárez