Salud, sanidad y política.

 Acaba de tomarse en consideración por el Parlamento de Canarias la Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública. Ahora "nos las tenemos que ver" con los "políticos" del arco parlamentario para lograr mantener, sin adulterar, el texto de la mencionada ILP. Para ello deberemos apelar a una persistente batalla ideológico-política en campo ajeno aunque, desde luego, no la demos por perdida. Se trata de jugar nuestras bazas hasta la última instancia posible, incidiendo en dicha batalla en base a todas las contradicciones que están en juego en estos momentos en un escenario político caracterizado, a un lado, por la ofensiva contra las clases populares y los servicios públicos por parte del gobierno central de la derecha más reaccionaria y ultraliberal y, a otro lado, por un pacto de gobierno en Canarias situado entre la espada de su tradicional seguidismo, ahora especialmente complicado, de las políticas del gobierno central de turno y la pared de un pueblo cuyas necesidades se ven cada vez más abandonadas a un proceso de deterioro y exclusión social. Deberá ser ese pueblo, y nuestro trabajo en él, el que incline la balanza a favor de la materialización de nuestras propuestas si continuamos con el proceso participativo en torno a la ILP.

 La situación de salud de la población canaria se caracteriza por ser ésta la primera en mortalidad cardiovascular de todo el Estado español. Que así mismo, tiene una de las cifras más altas de incidencia y mortalidad por cáncer de mama. También registra una mortalidad por Diabetes 2 veces y media mayor que la media estatal, sufriendo por esta enfermedad el triple de complicaciones. Por otro lado, se incrementan los trastornos mentales y las adicciones como respuesta especialmente sensible ante el deterioro de la realidad económico-social.

 Todo esto está empeorando con los recortes que se están aplicando, cuando lo que realmente se necesita es una financiación suficiente a corto plazo, que permita garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos para paliar las consecuencias que está teniendo en la salud el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población. Puede calcularse que el desempleo producirá en el conjunto del Estado un exceso de mortalidad entre las 1.500 y las 4.000 personas al año y una disminución de la esperanza de vida (se calcula un 0,3% de disminución por cada 3% de incremento del paro). Por tanto, se precisan políticas activas de empleo y no reformas laborales que destruyen empleo.

 En los últimos 3 años se han recortado más de 400 millones de euros, conllevando, entre otras consecuencias, el cierre de camas hospitalarias, de quirófanos de tarde, suspensión de consultas de especialistas y aumento del déficit de personal al no renovar el contrato a muchos trabajadores. Con ello se han disparado unas listas de espera que ya eran las más largas del Estado, así como el colapso de los servicios de urgencias, potenciándose la dificultad para atajar el creciente número de suicidios entre la población. Todo esto se suma en la tendencia de aumento de la mortalidad.

 No obstante, las intervenciones del sistema de salud son parches o paños calientes, es necesario abordar las causas o determinantes del enfermar. Y también la causa última, la causa de las causas, un sistema capitalista que en su modalidad ultraliberal, la de los llamados “mercados”, y en las vertientes económico-social y ambiental está empeorando a marchas forzadas la salud de la población en todo el planeta. De otra forma, no podremos evitar ni la enfermedad ni la medicalización de la vida cotidiana, con el consiguiente incremento de la carga asistencial y encarecimiento de la sanidad. Este círculo infernal solo se podrá superar mediante políticas intersectoriales saludables que le pongan coto a las tendencias que está imponiendo el ultraliberalismo capitalista (del que forman parte destacada las multinacionales farmacéuticas y las industrias de tecnología sanitaria).

 A medio y largo plazo, será la prevención mediante dichas políticas intersectoriales la que pueda permitir un cambio del modelo de atención a la salud, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas será mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.

 Mientras tanto, podemos decir que la primera y más urgente política saludable debe ser una política fiscal que procure la señalada financiación adecuada, que tiene que ser finalista, es decir específica para la sanidad, que se ha de generar desde las diversas fuentes del sistema fiscal, de la lucha contra el fraude que en Canarias es un 10% superior a la media estatal, de una política fiscal de impuestos directos progresivos sobre las rentas superiores, para las grandes empresas, de sucesiones, sobre el patrimonio, sobre el juego, el alcohol, el tabaco, etc. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos, también en Canarias se podría habilitar dinero de la RIC. Eso permitiría una inversión sanitaria más acorde con las necesidades de asistencia sanitaria actuales de nuestra población. Evidentemente, las medidas en este terreno de la financiación no pueden pasar por la implantación de algún tipo de copago al usuario que supondría el incremento de las desigualdades sociales en la salud ya que afectarían a los que más necesitan la sanidad y cuentan con menos recursos.

 Se puede obtener una mejoría racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que pueda haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido, se puede ahorrar (y reinvertir) mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario (un tercio del consumo de los mayores de 65 años), del gasto innecesario en tecnologías (la tercera parte de los estudios radiológicos), de las consultas hospitalarias (mucho más caras) potenciando las consultas en atención primaria de seguimiento de pacientes supervivientes de cáncer con bajo riesgo de recaída, de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias aplicando estrategias de educación y potenciación de la red de urgencias de atención primaria (mucho menos costosa), de la reducción de la hospitalización innecesaria, que reduciría las listas de espera, en cuanto a reacciones adversas a medicamentos potencialmente prevenibles, estancias  preoperatorias innecesarias, retraso en el alta, demoras en exploraciones diagnósticas durante el ingreso, cirugías con ingreso innecesario, así como ingreso de pacientes crónicos en hospitales de agudos en vez de incrementarse los centros de crónicos.

 Una tendencia que el capitalismo ultraliberal va imponiendo de un modo cada vez más marcado es la de convertir la asistencia sanitaria en un muy lucrativo negocio en manos privadas, desmantelando para ello la sanidad pública. En Canarias la privatización ha avanzado a golpe de conciertos, creciendo de modo escandaloso el negocio de la sanidad privada, siempre con el argumento de que mientras no crezcan las infraestructuras públicas, el apoyo de los hospitales privados seguirá siendo imprescindible...., esa es la coartada permanente para justificar la política de conciertos (a la que han ido más de 415 millones de euros los dos últimos años) y lo que ha impedido que el dinero público sirviera para dotarnos de las infraestructuras de calidad necesarias en vez de para el florecimiento de la sanidad lucrativa privada. Cabe resaltar que la media española de camas en la sanidad privada es de 6,88 por 10.000 habitantes, en Canarias es de 14,30 camas, más del doble. Por tanto, consideramos absolutamente necesario revisar y reducir progresivamente los conciertos con la sanidad privada, dedicándose cada vez más los fondos públicos a los centros del sector público.

 Estamos convencidos de que nuestras propuestas se pueden llevar a cabo, dada la comprometida situación de debilidad política del pacto de gobierno CC- PSC, que puede no ser capaz de aplicar con el máximo rigor las políticas que le demanda el gobierno más duro del capital, el gobierno central del Partido Popular. Debemos por tanto incidir ahí y presionar para que haga concesiones en el terreno de la fiscalidad como vía para compensar el atentado criminal contra los servicios públicos que se va a perpetrar con la presentación de los presupuestos de Rajoy el próximo 30 de marzo, si no lo impide el día anterior una Huelga General Popular masiva y contundente. En este escenario las corrientes progresistas y de izquierda vamos a tener un amplio campo de actuación social y política, en el que deberemos estar a la altura para desempeñar el papel de alternativa "intelectual y moral" de la mayoría social frente al capitalismo y sus políticas ultraliberales representadas hoy, fundamentalmente, por el Partido Popular.

Arturo Borges Álamo. Militante de Sí se puede.