Torture, que los Gobiernos indultan -por Nicolás Guerra Aguiar

Torture, que los Gobiernos indultan -por Nicolás Guerra Aguiar

   Willian de Jesús Checo y Cecilio Díaz son dos ciudadanos de la República Dominicana asesinados por la policía de su país. Como siempre sucede en la mayoría de los casos, desde el punto de vista oficial su muerte se debió al enfrentamiento entre una banda de pandilleros y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, una comisión investigadora concluyó que «hubo intención de darles muerte». Obviamente, el ministro del Interior dominicano y la policía pusieron el grito en el cielo y rechazaron las conclusiones. Por tanto, los supuestos asesinos –policías– fueron puestos en libertad bajo fianza. Y para que las cosas quedaran bien claras, el presidente del país ordenó la retirada de un miembro de la comisión investigadora. Como recompensa y compensación moral, algunos de los agentes involucrados fueron ascendidos.

Dos guardias y el director de una prisión turca han sido condenados a cadena perpetua por torturar hasta la muerte a un activista político «bajo custodia». Solo les duró diez días. Otros funcionarios fueron sancionados a penas que van de cinco meses a doce años de prisión. Según Amnistía Internacional, «es un hito de la Justicia en aquel país». (Y Turquía no es, en apariencia, modelo de libertades).

En España, una sentencia condena en 2008 a cinco mossos d’Escuadra a penas que van desde los seis meses de cárcel a seis años por torturas a un hombre. Tal inquisitorial método empleado parece que no fue un hecho aislado, pues en las comisarías se habían instalado cámaras ocultas ante las continuadas quejas y denuncias por supuestos maltratos a que algunos eran sometidos en las propias instalaciones policiales.

Tras su apelación al Supremo, este les rebajó la sentencia condenatoria. El Gobierno psocialista –el señor Zapatero era el presidente en 2009 y necesitaba los votos de CiU– les concedió indulto parcial, por lo cual no entraron en prisión. Pero la Audiencia de Barcelona ordena su inmediato ingreso dada la gravedad de los hechos. Los agentes condenados por maltrato solicitan un nuevo indulto, que les acaba de conceder el Gobierno del PP. (Otro perplejante acto de caridad del PSOE fue aquel del que se benefició un consejero del Banco Santander, condenado por el Tribunal Supremo por falsa acusación. El señor Zapatero añadió: «Los ciudadanos pueden entenderlo como estimen conveniente» pues «se entendió que era razonable, y punto»).

Doscientos jueces españoles firman un manifiesto público: consideran como «fraude y abuso de la facultad de indulto» la concesión del mismo a los mossos condenados a prisión, lo que «supone una afrenta al Poder Judicial». Añaden que este indulto «parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial». Y, además, «supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio».

Que el indulto es una gracia en manos del Gobierno no se discute. Y aunque el indulto –a diferencia de la amnistía– no supone la eliminación del delito, sí implica –como en este caso– el no cumplimiento de la condena. Es decir, que aquellos mossos d’Escuadra condenados por propinar una paliza a un detenido (a fin de cuentas, rumano, quizás gitano) podrán volver a su especial trabajo y, por tanto, se les devuelve la legitimidad para continuar ejerciendo la defensa de los derechos y deberes fundamentales de todo ciudadano. Y cuando detengan a algún sospechoso, obviamente volverán a aplicar de inmediato la Constitución: «Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención. Se garantiza la asistencia del abogado…».

Y el señor Gallardón, aquel joven inteligente y europeizado al que la derecha civilizada y democrática esperaba como presidente del Gobierno, se enfrenta en su calidad de ministro de Justicia a los señores jueces. Declara que «la medida de gracia es potestad del Gobierno y no competencia del Poder Judicial». Lo cual, traducido al román paladino, quiere decir que los jueces deben limitarse a sus juzgados y a no interferir con cuestiones éticas, profesionales o de dignidad humana toda vez que el Gobierno es quien manda, y por tanto puede echar por tierra –legalmente, eso sí– cualquier decisión condenatoria por parte de un tribunal.

Obviamente, el señor ministro tiene razón: la medida de gracia del indulto es potestad del Gobierno. Pero mal servicio le hace a la Justicia si desestima fallos condenatorios por abuso de poder, ejercicio innecesario de la fuerza física o palizas en las comisarías a un detenido, grabadas por una cámara oculta. (Eso sí: después se disculparon). Pero ya no solo se trata de esa barbarie, de tal pisoteo a la elemental dignidad humana: la concesión del indulto significa que policías de un país supuestamente respetuoso con básicos derechos inviolables pueden quedar en libertad –VAN A QUEDAR EN LIBERTAD– a pesar de que se haya demostrado su ilegal y condenada actuación.

No, no es de recibo que los Gobiernos –ayer, el del PSOE, hoy el del PP– usen sus facultades constitucionales para archivar condenas a delitos, ya sean por usurpaciones de dinero, falsa acusación, fraude a la sociedad o, en este caso, desprecio a la elemental dignidad humana. Junto a miles de agentes que con serenidad, rectitud y comportamiento de máximo respeto a personas y leyes cumplen su función, hay otros grupos minoritarios que se comportan a la manera de aquellos mossos, violentos, quizás hasta  con odio. Y esos, precisamente, no pueden ser de ninguna manera indultados por agresiones y palizas. Guárdese el Gobierno tal prerrogativa para casos de exquisita humanidad: presidiarios hay por delitos infinitamente menores a los de abuso de autoridad policial, ejercicio de la violencia física contra un detenido, desprecio a la dignidad humana. No: rechazo como ciudadano tales indultos. Dignidad humana y consideración a la institución policial no pueden ser –legalmente– despreciadas.

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http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=284063