La venta de los casinos de Tenerife o cómo trabajar para la iniciativa privada desde la administración pública - por Ignacio Rodriguez Marrero
La venta de los casinos de Tenerife o cómo trabajar para la iniciativa privada desde la administración pública - por Ignacio Rodriguez Marrero. Secretario de Acción Sindical. INTERSINDICAL CANARIA.
El acuerdo del Cabildo de Tenerife para vender el grupo empresarial público Casinos de Tenerife, en el que se integran los casinos de Las Américas, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, no se justifica desde criterios político sociales ni desde un punto de vista económico. La fiebre privatizadora, tan endémica de partidos políticos que como el Partido Popular o Coalición Canaria representan genuinamente a la iniciativa privada, ha contagiado también al PSOE insular, poniendo en evidencia que este tripartito comparte la máxima neoliberal de que toda actividad económica y de negocio debe estar en manos de la iniciativa privada.
Los señores Carlos Alonso, Alarcó y Abreu, ignoran premeditadamente que en la propia Constitución española -esa misma que tanto dicen respetar y defender- se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica (ver art. 128.2) y para justificar su consenso privatizador han orquestado también un consenso argumental en el que todo vale. Así, el señor Carlos Alonso (Presidente del Cabildo) afirma que “los casinos son un riesgo para el Cabildo pese a los beneficios, por la deuda que acumulan”; el señor Abreu no se queda atrás y previo lavado de conciencia –faltaría más- con “la garantía de la continuidad de los puestos de trabajo”, nos dice que “es fundamental para la economía de Tenerife que el sector público no compita con el privado” -¿dónde quedan señor Abreu los principios socialdemócratas que se le suponen?-; y, finalmente, el portavoz del Partido Popular, señor Alarcó, aplaude alegremente al tiempo que dice que el acuerdo “es una forma de no competir de forma desleal con la sociedad civil”, y que “el Cabildo no debe ni puede ser la mayor empresa de Canarias”, ¡cielos, qué altura intelectual la del señor Alarcó!.
De un plumazo, estos amigos de lo privado, pretenden poner fin a una iniciativa empresarial pública que arrancó en el año 1979 con la constitución de Casino de Taoro SA, a la que se suman posteriormente Casino de Las Américas SA y Casino de Santa Cruz SA, grupo de empresas que se consolida con una posición privilegiada en el sector del juego y sin competir con la iniciativa privada. Y a lo largo de muchos años, este grupo empresarial público ha generado recursos para la institución y para la economía insular, tanto directos como indirectos, ha creado empleo estable, de calidad y bien remunerado y, además, ha desarrollado una importante obra social apoyando a numerosas Asociaciones sin ánimo de lucro.
Si atendemos a las razones que se aducen para este proceso de privatización, llama la atención el grado de manipulación y de información sesgada que sobre la situación económica del grupo ha puesto a circular el señor Alonso, alertando de la “deuda que acumulan los casinos” y de que “hay una situación importante de problemas de liquidez en Santa Cruz y en el Taoro, con unos préstamos significativos”. Pero nada argumenta para explicar el origen de la deuda ni las causas que justificaron tales préstamos. Y en el colmo de la parcialidad, resta importancia al hecho de que en el primer trimestre de 2014 el grupo obtuvo más de un millón de euros de beneficios.
No ha sido la normal actividad del grupo en el sector del juego la causa de la deuda ni el factor que ha ocasionado la falta de liquidez y el recurso a “préstamos significativos”. Al contrario de lo que pretenden hacer creer a la opinión pública los portavoces del tripartito amigo de lo privado, han sido determinadas decisiones de gestión profundamente equivocadas y no corregidas posteriormente, lo que ha conducido al grupo a la actual situación. Y lo más lamentable es que en lugar de buscar soluciones desde cambios en la gestión para corregir las decisiones equivocadas, optan por la salida más fácil y perjudicial para la institución y el interés general de la sociedad tinerfeña: la venta de los tres casinos a la iniciativa privada.
Queremos señalar algunas de esas decisiones de gestión que los señores Alonso, Abreu y Alarcó ocultan premeditadamente para que no obstaculicen su afán privatizador.
La primera que destaca por su trascendencia ha sido el acuerdo de fecha 29/05/2003 adoptado por el Consejo de Administración de Casino de Taoro SA, de contratar la obras de remodelación y mejora del complejo del Lago Martiánez, con un Presupuesto base de licitación por importe de 16.714.805,61 €, acuerdo que obedece a un clamoroso error de estrategia empresarial de los entonces responsables del Cabildo insular: la decisión de trasladar el Casino Taoro al complejo del Lago Martiánez, una componenda en su momento de Coalición Canaria en Tenerife para mayor gloria del gobierno municipal del Sr. Marcos Brito, hecha con el beneplácito del PSOE local e insular y de un entonces insignificante Partido Popular. Poco importaba que previamente se hubiera invertido con cargo a la cuenta de resultados de Casino de Taoro SA la cifra de 2.556.115,00 € en el Centro de Congresos del Taoro, infrautilizado desde su construcción y cerrado desde el año 2006.
La segunda fue la inversión de 2.969.545,00 € para adquirir y equipar las actuales oficinas de la administración central del grupo Casinos de Tenerife en el complejo de La Hamburguesa, en los Majuelos, a pesar de disponer de instalaciones propias en el emblemático Hotel Taoro.
La tercera, convertir a Casino Taoro SA en prestamista del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para obras de rehabilitación y mejora, en la nada desdeñable cifra de 4.700.000 € y en plena crisis económica, quedando aún pendiente de reintegrar 2.300.000 €.
La cuarta, consecuencia de un contencioso con la Agencia Tributaria en relación al Impuesto de Sociedades y que finaliza con una liquidación definitiva de 5.549.777 €, en concepto de principal, intereses y sanción.
En conclusión, hoy tenemos un Casino de Taoro, núcleo inicial del grupo empresarial, reducido a una mínima expresión –quedan 46 empleos directos- y fuera de su enclave y entorno natural –el Hotel Taoro-, y además se han asumido inversiones de alto riesgo -como han demostrado los hechos posteriores- que nada tienen que ver con el objeto social del grupo Casinos de Tenerife. Todo ello cocinado en la sala de máquinas del poder de Coalición Canaria con la colaboración de PSOE y P.P. Y en el camino hasta la actual situación se han destruído 63 puestos de trabajo -6 de ellos a partir de que se anunció la venta de los casinos- de los 109 existentes en el año 2004, amén de contribuir a la devaluación de Puerto de la Cruz como destino turístico.
Y como siempre ocurre en estas operaciones, nos envuelven esta privatización como una medida para “mejorar el empleo y la actividad turística”, que “garantiza” la continuidad de los puestos de trabajo y de la obra social y que obliga a los licitadores a presentar un “proyecto de inversión turística”. Pero atendiendo al pliego regulador del procedimiento de venta de Casino Playa de las Américas SA, lo realmente cierto es que la garantía del nivel de empleo es de tan solo dos años para los 56 trabajadores actuales, que el proyecto turístico puede consistir en actuaciones de rehabilitación, que entre los criterios de valoración de las ofertas, a la generación de nuevos puestos de trabajo se le adjudica solamente un máximo de valoración de cinco puntos sobre 100 posibles y que la inversión destinada a la obra social puede ser de tan sólo el 2% del resultado operativo anual.
Por último, para entender la magnitud de los errores de gestión que hemos señalado, basta hacer la siguiente comparación: el traslado del Casino Taoro a las instalaciones del Complejo Martiánez supuso una inversión mínima acreditada –aunque en realidad fue mayor- de 19.684.350,00 €, es decir, la suma del presupuesto base de licitación de la obras del Complejo más el coste de adquisición de la oficina central; en tanto que el precio de salida para la licitación en la venta de Casino de Las Américas supone la cifra de 20.800.000,00 €.
Y los señores amigos de lo privado, tan contentos y ufanos.
Ignacio Rodriguez Marrero.
Secretario de Acción Sindical.
INTERSINDICAL CANARIA.
Más información:
http://www.sanborondon.info/content/view/60673/46/
Puerto de la Cruz. 11 Junio 2014.