El “alto perfil político” del Gobierno Parar al franquismo, romper con las instituciones que pisotean la democracia - ESPACIO INDEPENDIENTE

La crisis económica y la guerra imperialista, y no solo las contradicciones de la amnistía parcial para los promotores del proceso catalán, ha sido el trasfondo de la investidura de Pedro Sánchez, como también   de la coalición de fuerzas políticas que han constituido un nuevo gobierno de colaboración de clases. 

En su discurso de investidura, P. Sánchez habló de levantar un “muro frente a la derecha extrema y la extrema derecha”, y ante la confección del Gobierno ha destacado que se inicia un proyecto “de alto perfil político”. ¿De qué “muro” y de qué “proyecto” se trata?

La falta de un relato político propio ha llevado a la mayoría de los dirigentes del PSOE a defender en muy poco tiempo una cosa y su contraria. En la campaña de las elecciones generales la amnistía era una demanda imposible (“la amnistía no cabe en la Constitución”), mientras que, con los resultados electorales, la amnistía se convirtió en una necesidad capital para sumar los votos que le permitieran la investidura (“hay que hacer de la necesidad virtud”). Relato que debería justificarse políticamente.

Este giro ha desatado todas las amenazas de generales y obispos, de jueces y fiscales, tratando de establecer un relato franquista que, utilizando la cuestión de la amnistía, pudiera hacer imposible el funcionamiento de la mayoría en Cortes y del mismo Gobierno. Apuestan por quebrar la coalición del PSOE y sus aliados de legislatura. Por ello, la exigencia de “¡Parar a los franquistas!” se ha convertido en una consigna unitaria a la hora de impulsar la movilización general de trabajadores y pueblos contra el poder de las instituciones franquistas; por sus reivindicaciones más inmediatas que, de hecho, han sido paralizadas desde las direcciones de los partidos y sindicatos de la izquierda oficial, y todo en beneficio exclusivo de las maniobras parlamentarias.

La denuncia reaccionaria de la amnistía combina la movilización sostenida en las calles y los múltiples recursos jurídicos, con la multiplicación de declaraciones de rechazo. Mientras, para la izquierda oficial que se coaliga en el gobierno, todo se reduce a una cuestión parlamentaria, afectada de una cierta ceguera que limita su mundo real al mundo de las instituciones del régimen, donde sólo son mayoría coyunturalmente. Con la amnistía por discordia, unos y otros tratan de esconder la cuestión del poder: de quién lo detenta sin aval democrático de ningún tipo, como jefe de Estado vitalicio y hereditario, y en beneficio de quién se ejerce este poder. Ese es el meollo de la cuestión.

La amnistía desautoriza al monarca y su “a por ellos” contra el “procés”, en tanto que responsabiliza al Estado del golpe policial y judicial de 2017. De forma que el sector más ultra de los franquistas exige hoy al Rey, que incumpla el deber constitucional de sancionar y promulgar la ley; mientras quienes entienden que es un peligro vulnerar la Constitución, apuestan por preservar “el Rey en tanto que jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia”. El Rey “de todos los españoles”, es compartimentado en dos o tres reyes distintos: el que admite la amnistía de Sánchez, el que debería rechazarla con el PP y Vox, y el que se calla para no agravar su precaria situación en el trono.  

En el mismo seno del PSOE, la amnistía y el ejercicio del poder por el gobierno ha abierto varias crisis, que ha llevado a sectores como el encabezado por Nicolás Redondo (hijo) a crear una “plataforma constitucional” para derribar el “muro” que Sánchez pretende construir contra el PP y Vox con su gobierno. O el grupo “jacobino” que, como también hacen los franquistas, viene a alertar a las instituciones de la Unión Europea -que dictan al gobierno buena parte de sus políticas- de la amenaza que para la democracia representan la amnistía y los acuerdos del PSOE con el separatismo. La “unidad nacional” en torno al Rey o contra el Rey, de una parte; y de otra, la coalición de la izquierda oficial y los partidos nacionalistas, que no cuestionan el poder de la monarquía. Esta es la forma en la que se modifican las relaciones políticas surgidas de las elecciones generales, de la investidura, y en definitiva de la misma formación del gobierno de colaboración.

Desde la comprensión de esta situación de crisis de régimen habría que preguntarse: ¿adónde va España? Los partidos de la izquierda oficial (de los que ha sido expulsado Podemos) han vuelto a establecer un frente parlamentario y de gobierno con los diversos partidos nacionalistas. Coalición, que en primer lugar representa el presidente Pedro Sánchez y los actuales dirigentes del PSOE, que asumen la monarquía como propia; pero que, además, incluye -pese a que se tiende a ocultar- la dependencia política que se deriva del sometimiento de España a la Unión Europea, a la OTAN y a los “acuerdos de amistad” que nos subordinan internacionalmente a los intereses y guerras de los EEUU. Coalición de colaboración, que en su complejidad viene a mal utilizar los votos de la mayoría para mantener la monarquía como herencia franquista y con ella la forma de dominación política y económica. Con la monarquía se prolongan los privilegios de la oligarquía, del dinero y de las grandes propiedades, de la Iglesia y demás instituciones del Estado profundo en torno a la Corona. Ese es el contenido de la coalición de colaboración.

La exigencia de ¡parar a los franquistas!, que se deriva de la actual situación política, ha de extenderse no solo a los partidos PP y VOX (que se aferran a la Constitución para sostener la herencia franquista en el terreno económico y la corrupción), sino a todas las instituciones no elegidas por la voluntad popular, y que gozan de situaciones de privilegio de naturaleza profundamente antidemocrática. Parar a los franquistas no es posible sin romper con los franquistas. Favorecer a la monarquía, a la Iglesia, a los altos magistrados… no puede formar parte de ninguna política progresista que lo sea de verdad, como tampoco lo es el sometimiento a los planes de los amos del mundo de regresión económica y guerra imperialista. 

Por todo ello, la gran contradicción, que cruza de arriba a abajo la política de la coalición de gobierno, no es otra que la que se deriva de la colaboración de clases con la burguesía española y los amos del mundo; de forma que subordina las demandas del 99% de la población al 1% de privilegiados. No puede haber nada por encima de las aspiraciones mayoritarias de la población, no puede haber nada por encima de la voluntad obrera y popular libremente expresada. Las contradicciones se precipitan con la ruptura de los pactos y consensos constitucionales en torno a la amnistía y el enfrentamiento en torno al control del gobierno.

Los franquistas utilizan la crisis en su beneficio. La mayoría social necesita de la reorganización y movilización política independiente, por un programa que dé respuesta a los problemas fundamentales. Es imprescindible reagrupar partidos, colectivos sociales y militantes, a todos los que demandan la ruptura con el régimen en Asambleas Republicanas en todos los territorios. Se requiere un referente político general, que sirva de punto de encuentro frente a las políticas de guerra y recesión. Y ese referente político e institucional debe cristalizar en unas Cortes soberanas de la República, que hagan ley la voluntad popular. Hablamos de las Cortes de la democracia y de la soberanía de los pueblos, es decir, de las Cortes de la República. ¡Sin Cortes soberanas, que asuman todos los poderes legislativos y ejecutivos, no habrá República de verdad, ni conquista de las reivindicaciones para todos los trabajadores y pueblos! 

Espacioindependiente nº 535, jueves 23 de noviembre, 2023