CANARIAS: La moratoria que Canarias necesita para frenar la asfixia del alquiler - por Jacinto Ortega del Rosario
CANARIAS:
La moratoria que Canarias necesita para frenar la asfixia del alquiler
Jacinto Ortega del Rosario
Secretario General Sindicato de Gremios Unificados en Canarias
Hay momentos en los que una sociedad debe preguntarse qué está dispuesta a tolerar. Y hoy, en Canarias, la pregunta es muy sencilla: ¿vamos a permitir que la especulación con la vivienda siga expulsando a nuestra gente de sus hogares? Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Los últimos datos que hemos conocido no dejan lugar a dudas: la revisión de miles de contratos de alquiler en las islas provocará un incremento medio de casi 190 euros al mes para muchísimas familias. Hablamos de más de 2.200 euros al año por un piso que ya era caro antes de esta nueva vuelta de tuerca. Y todo esto se produce en un archipiélago donde el precio del alquiler ha alcanzado un máximo histórico de 15,1 €/m². Es decir: pagar lo que antes era difícil ahora será, directamente, imposible.
Como secretario general del Sindicato de Gremios Unificados, me llega cada semana el testimonio de trabajadores y trabajadoras que no pueden más. Personas que cobran sueldos ajustados, que cumplen con su jornada, que sostienen sectores enteros de la economía canaria, y que aun así viven en un hilo cada final de mes. No ya para ahorrar, no ya para prosperar: simplemente para poder dormir bajo un techo.
¿Cómo se puede construir una sociedad justa si la gente que la mueve no puede vivir en ella?
Una moratoria para parar la hemorragia.
Por eso, desde el sindicalismo y desde la responsabilidad colectiva, debemos exigir medidas inmediatas. Y la primera es clara: una moratoria urgente que impida cualquier subida derivada de la revisión de contratos hasta que existan garantías reales de control y protección del inquilino.
No estamos hablando de una ocurrencia. Estamos hablando de evitar desalojos silenciosos, desplazamientos forzados, desahucios encubiertos por la vía económica. Porque una subida de 190 euros mensuales no es una actualización: es una sentencia.
La vivienda no puede seguir siendo un negocio de especulación.
Mientras el Gobierno central y el autonómico se pasan la pelota de la responsabilidad, la ciudadanía vive con miedo a que llegue su próxima renovación de contrato. Y esto no se arregla con declaraciones vacías. Se arregla con decisiones valientes:
Renovaciones automáticas de contratos manteniendo la renta.
Limitación estricta de subidas al IPC.
Declaración inmediata de zonas tensionadas donde los precios se han escapado de cualquier lógica.
Un plan potente de vivienda pública en alquiler, no dentro de cinco años, sino ahora.
Ayudas directas para quienes realmente lo necesitan.
Todo esto está perfectamente identificado. Solo hace falta voluntad política.
El pueblo trabajador canario debe plantarse
Las islas no pueden seguir convirtiéndose en un territorio donde solo puedan vivir los que más tienen —o quienes vienen con ingresos de fuera, muy por encima de nuestras posibilidades locales. Un territorio sin trabajadores es un territorio sin futuro. Y un trabajador que no puede pagar un alquiler es un trabajador que vive en precariedad, que no puede planificar su vida, que se siente expulsado de su propio hogar emocional y geográfico.
Por eso debemos alzar la voz, fuerte y clara. No para pedir favores: para exigir derechos.
Porque la vivienda no es un lujo.
Porque la vivienda no es un capricho.
Porque la vivienda es un derecho.
Y mientras ese derecho esté siendo vulnerado, los sindicatos, los colectivos sociales y toda la ciudadanía organizada estaremos donde tenemos que estar: en la lucha.