CANARIAS, VIVIENDA VACACIONAL Una ley bajo interrogante - por Jacinto Ortega del Rosario
CANARIAS, VIVIENDA VACACIONAL Una ley bajo interrogante
Jacinto Ortega del Rosario
La nueva normativa pretende regular la actividad del alquiler vacacional en las islas, lo cual —en principio— no puede más que valorarse como un objetivo necesario: ordenar una modalidad que ha crecido de forma descontrolada y cuyo impacto sobre la vivienda residencial habitual y la convivencia vecinal no puede negarse.La ley fija que el uso turístico de una vivienda no es un uso residencial, por lo que sólo podrá realizarse “cuando el planeamiento urbanístico municipal lo autorice expresamente”.
Sin embargo, las alarmas se encienden con los detalles de su tramitación y contenido: la norma expulsa a los residentes y beneficia a los empresarios turísticos. Es decir: lo que podría haber sido una regulación en defensa de los habitantes habituales de las islas corre el riesgo de convertirse en un respaldo estructural al negocio turístico-inmobiliario.
Problemas clave
1. Transferencia de carga a los ayuntamientos
La ley deja en manos de los ayuntamientos la planificación y el control de la actividad de alquiler vacacional. Pero justo antes de su aprobación, algunos consistorios advertían de que no estaban en condiciones de asumir esa labor de inspección y regulación. ¿Tiene sentido delegar sin dotar de recursos adecuados? En la práctica, esto puede derivar en una merma de la vigilancia, con el consiguiente perjuicio para los residentes que necesitan que sus barrios mantengan un uso residencial real.
2. ¿Protege o deprime al pequeño propietario?
Según la asociación que representa a los propietarios de viviendas vacacionales (ASCAV), la ley “favorece a los grandes tenedores y fondos de inversión” mientras penaliza al propietario particular. Esta crítica merece atención: si la norma deja la puerta abierta al gran capital, pero restringe la iniciativa familiar sometiéndola a barreras más altas, estamos ante un problema de justicia distributiva.
3. “Expulsión” frente a vivienda habitual
La ley no piensa ni en los residentes ni en el interés general, ha activado un “efecto llamada” hacia el alquiler vacacional y “expulsa a los residentes”. En un archipiélago como el canario, donde la presión sobre la vivienda es muy intensa, que la normativa favorezca el turismo sin proteger con igual contundencia al que vive y trabaja allí me parece un descuido grave.
4. La “reserva” del suelo residencial
La ley estipula que el 80 % del suelo residencial debe estar destinado a vivienda habitual; y en zonas de alta presión del mercado, esa reserva sube al 90 %. Pero lo que no queda claro es cómo se controlará que esa vivienda habitual se mantenga como tal —y no se transforme de facto en vivienda vacacional disfrazada o mediante subarrendamientos encubiertos–. Las buenas intenciones pueden chocar con la práctica sin mecanismos similares al copago o fiscalización exigente.
Lo que me preocupa: desequilibrios y fines contrapuestos
Lo que la ley proclama —ordenar, proteger, equilibrar— es sin duda necesario. Pero lo que teme quien vive en estas islas es que, al final, lo que prevalezca sea el interés económico-turístico sobre el derecho a la vivienda, a la residencia, al barrio, a la comunidad.
Cuando un régimen regulatorio queda blando frente al capital turístico, o cuando se permite que en zonas residenciales la actividad no sea rigurosamente evaluada, entonces:
Los precios de la vivienda se disparan (porque la rotación turística genera mayor rentabilidad que la residencia);
La comunidad local pierde cohesión (vecinos de siempre conviven con visitantes que nada saben del barrio);
El carácter del territorio cambia (zonas residenciales se transforman en “resorts” o en barrios de tránsito).
Y esta ley, pese a su titular “ordenadora”, parece carecer de garantías reales para detener estos efectos.
¿Qué hubiera sido deseable?
Que la nueva norma incluyera límites numéricos claros para viviendas turísticas por zona, por propietario, por manzana.
Que los controles estuvieran dotados de recursos humanos y técnicos para inspección, sanción y seguimiento efectivo.
Que se garantizaran protecciones específicas para los residentes de alquiler o vivienda propia, frente a la subida de precios impulsada por el mercado turístico-vacacional.
Que se reforzara la figura del pequeño propietario que alquila de modo complementario, frente al fondo de inversión que opera como empresa al uso.
La Ley Canaria de Alquiler Vacacional tenía potencial para ser un paso adelante: para insertar al alquiler turístico en un marco que proteja el derecho a vivienda, la convivencia vecinal y la sostenibilidad urbana y territorial. Pero tal como ha sido aprobada —sin consenso, con advertencias de implicar una expulsión silenciosa de residentes, con delegación de su ejecución en estructuras locales sin garantías claras— parece más un aval al turismo de mercado que una defensa del residente canario.
Si esta norma termina reforzando el modelo “turista primero, residente después”, estaremos ante un fallo serio del Gobierno y del Parlamento canario. Las islas no necesitan una economía turística sin control; necesitan un turismo que conviva de manera respetuosa con la vida cotidiana de quienes trabajan y viven aquí.