CANARIAS: El crecimiento sin justicia social es solo apariencia - por Jacinto Ortega del Rosario
CANARIAS:
El crecimiento sin justicia social es solo apariencia
Jacinto Ortega del Rosario
Secretario General del Sindicato de Gremios Unificados
Mientras el turismo marca cifras récord y las estadísticas macroeconómicas sonríen, más de 560.000 personas —uno de cada cuatro habitantes del Archipiélago— viven atrapadas en una exclusión social crónica que el sistema económico no solo no corrige, sino que reproduce con inquietante eficacia. Esa es, en términos simples, la radiografía brutal que presenta el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, en su apartado dedicado a Canarias.
Pero ¿cómo puede suceder que en una comunidad con crecimiento económico consolidado y turismo en auge, más de medio millón de personas queden al margen de la integración social? La respuesta apunta a una palabra que cada vez aparece más en boca de expertos, trabajadores sociales y familias asfixiadas por los altos costes de vida: “estructura”.
Los datos son demoledores. El informe evidencia que el empleo —aunque haya aumentado— ha perdido capacidad protectora: trabajar ya no garantiza estabilidad ni integración, porque los sueldos no acompañan al coste real de la vida. Y si el empleo falla, los mecanismos sociales diseñados para amortiguar desigualdades pierden eficacia.
En otras palabras: no es que las personas fallen, sino que falla el sistema.
Si hay un término que resume esta tragedia socioeconómica en Canarias, es este: “derecho fake” a la vivienda. El informe alerta de que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un espejismo. Más de una de cada tres personas en el Archipiélago presenta algún rasgo de exclusión residencial, con miles viviendo en condiciones inseguras, inadecuadas o sin poder afrontar los altos costes de alquiler o suministros.
Así, el derecho a la vivienda —nominalmente proclamado en constituciones y discursos políticos— se transforma en un lujo inaccesible para la mayoría, mientras los precios de alquiler y compra se disparan sin controles efectivos y la oferta pública de vivienda se mantiene insuficiente.
La contradicción es palmaria: Canarias crece, pero la cohesión social se deshilacha. El Archipiélago no solo tiene la tasa de exclusión social más alta de España, sino que la crisis habitacional hace que la mejora económica sea irrelevante para quienes luchan por salir adelante.
Además, la exclusión se concentra en colectivos especialmente vulnerables: niños y jóvenes, personas extranjeras, y hogares encabezados por mujeres sufren un peor impacto. La desigualdad no es abstracta; tiene rostro, género y edad.
Cuando un crecimiento económico no se traduce en bienestar colectivo, algo esencial está fallando en las políticas públicas. Las medidas tradicionales —como ayudas puntuales o subsidios limitados— no bastan. La solución no puede ser más parches sobre la desigualdad estructural.
Se requieren políticas valientes de regulación de vivienda, de fortalecimiento salarial, y de recomposición del Estado del Bienestar que no solo atienda emergencias, sino que prevenga que millones queden relegados al margen.
Lo que hoy vemos en Canarias no es solo una cifra alarmante. Es la antesala de una fractura más profunda: una sociedad donde el crecimiento se mide por turistas y hoteles inaugurados, pero donde miles de familias no llegan a fin de mes, donde el empleo deja de ser vía de integración y donde la vivienda se convierte en barrera insuperable.
No podemos seguir celebrando estadísticas económicas mientras tapamos la boca de quienes viven en la periferia de la prosperidad. Es hora de que la sociedad canaria, sus instituciones y la clase política asuman que el crecimiento sin justicia social no es progreso, sino mera apariencia.