La necesidad de un programa político común para defender la Paz y rechazar el rearme europeo La debilidad política de Pedro Sánchez y su gobierno frente al rearme europeo Cumbre de la OTAN 2025: ¿La carta o la firma?
La necesidad de un programa político común para defender la Paz y rechazar el rearme europeo
HOJAS DE DEBATE
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Para mejorar esta situación y lograr que un mayor número de demócratas se incorporen a la lucha por la paz y contra el rearme en las instituciones, en la calle y en todos los espacios y actividades públicas de cualquier naturaleza, se requiere a nuestro modo de ver una guía para la acción, una hoja de ruta, un programa político y organizativo común compartido por todas las entidades y organizaciones que en estos momentos realizan un esfuerzo extraordinario y muy valioso en defensa de una causa que les honra sobremanera.
El diario El País publica un reciente sondeo que detecta a una «mayoría de españoles» que rechaza la política de rearme europea aprobada en la Cumbre de La Haya en los pasados días 24 a 26 de junio de incrementar el gasto militar desde el 2% del PIB acordado en 2014 hasta alcanzar el 5% del PIB para todos los miembros de la OTAN. Un compromiso que fue suscrito por el ejecutivo español, pese a que con anterioridad Pedro Sánchez alegase un acuerdo con el Secretario General de la Alianza Atlántica que al parecer le exoneraba de atender este gasto bélico extra. Recordemos que una partida presupuestaria del 5% del PIB para nuestro país supone una inversión en instrumental de guerra, adquirido principalmente a EEUU, de no menos de 80.000 millones de euros anuales.
Esta mayoría relativa contraria al rearme en los términos fijados por la OTAN se cuantifica en el 42,1% de los encuestados. En el lado opuesto algo menos de un tercio, el 30,5%, considera bastante mal (13,2%) o muy mal (17,3%) que Pedro Sánchez, pese a firmar el documento final de la Cumbre, pretenda incumplir el 5% del PIB. En fecha reciente la decisión del ejecutivo al margen del parlamento estatal de llegar hasta el 2% del PIB supuso ya una inversión en armamento de más de 10.471 millones de euros anuales. Un porcentaje que al almirante general López Calderón, jefe de la cúpula militar, estima suficiente para cumplimentar los compromisos con la OTAN.
Es interesante resaltar que esta mayoría reacia al rearme en los términos expuestos se distribuye “entre los votantes de Podemos (73,5%), Sumar (61,8%) y PSOE (66,8%), mientras que es negativo entre los electores del PP (31,1%) y Vox (40,1%).” Estos datos ponen de manifiesto que estamos ante una mayoría contraria al rearme muy transversal y bastante numerosa, con una pequeña parte organizada en mútiples y pequeñas plataformas que no deben contener ni sectarismo ni propaganda electoralista. Un posicionamiento que agrupa a esta mayoría social debe entenderse que es compartido por hombres y mujeres de todas las edades, por sectores amplios de la clase trabajadora, de las capas populares, de las capas medias y no solo de votantes socialdemócratas y de la llamada “izquierda transformadora”. También participan presumiblemente de esta opinión personas que votan a organizaciones de derecha en los procesos electorales pues de lo contrario sería muy difícil alcanzar el 42,1% de la ciudadanía. El sondeo de El País no aborda estos extremos, tal vez intencionadamente.
Sin embargo, constatamos que son muy escasos quienes desde esta mayoría social dan el paso para entrar en una dinámica de movilización social, incluida las manifestaciones, que ahora, en los mejores supuestos no han reunido más que unos pocos de miles de personas. La brecha es por ahora enorme: entre los millones de personas que piensan contra el rearme y aquellos que, de manera muy minoritaria, además de reflexionar han pasado a la acción política organizada. Si esa gran mayoría saliera a las calles las manifestaciones agruparían a varios cientos de miles de asistentes. Pero no es así. [1]
La tarea de transformar esa generalizada opinión silenciosa en una mayoría activa, organizada y permanentemente movilizada es de gran importancia y nada fácil de lograr. Se requiere mucha perseverancia y una gran firmeza por esta militancia actual que tantísimo esfuerzo realiza en esta dirección desencadenante para trasladar sus mensajes y organizar mediante un programa político común, a través de la lucha social en todos los frentes, a esa mayoría que aún se mantiene predispuesta pero inactiva.
Para mejorar esta situación y lograr que un mayor número de demócratas se incorporen a la lucha por la paz y contra el rearme en las instituciones, en la calle y en todos los espacios y actividades públicas de cualquier naturaleza, se requiere a nuestro modo de ver una guía para la acción, una hoja de ruta, un programa político y organizativo común compartido por todas las entidades y organizaciones que en estos momentos realizan un esfuerzo extraordinario y muy valioso en defensa de una causa que les honra sobremanera.
No basta con comunicados que concluyen con las consabidas consignas de defensa de la Paz, contra el rearme, contra la OTAN, con la condena del genocidio del pueblo palestino y con el repudio a las bases extranjeras en nuestro país, pero que al mismo tiempo no nos ofrecen un programa político compartido, etapa por etapa, que dibuje un desarrollo eficiente para transformar esa mayoría inactiva y silenciosa por ahora, pero contraria al rearme, en un potente movimiento social y político que obligue a la oligarquía proimperialista y a sus organizaciones a dar marcha atrás en su proyecto incendiario de conducirnos a una guerra generalizada de consecuencias desvastadoras en la que no puede excluirse el uso del armamento nuclear.
Sin lugar a dudas, el primer paso imprescindible es que todas estas plataformas y movimientos sociales que se van extendiendo por todo el territorio estatal vinculen de forma constante la lucha por la Paz y contra el rearme con todas y cada una de las luchas sociales que libra nuestro pueblo en defensa de sus intereses más acuciantes en materias como los desahucios, los despidos, los cierres de empresa, la deficiente sanidad y educación pública, el incremento en el precio de la cesta de la compra, el acceso a la vivienda, las pensiones dignas, las prestaciones de desempleo suficientes, la mejora sustancial en las condiciones de trabajo mediante un sindicalismo verdaderamente de clase, el mantenimiento y el desarrollo de las infraestructuras de todo tipo, la atención adecuada a los mayores y a todos quienes sufren discapacidad, etc.
Estas luchas son protagonizadas fundamentalmente por la clase trabajadora y por las capas populares. Son luchas sociales que se desarrollan en el marco general de la lucha de clases.
La batalla por la Paz y contra el rearme es también, al igual que todas las anteriores, manifestación clara de una lucha social que se incardina en el contexto general de la lucha de clases.
¿Por qué entonces, en ocasiones, nos desligamos de ellas? ¿Por qué no respondemos siempre con actuaciones solidarias apoyándolas con todas sus consecuencias? Unas y otras forman parte de una confrontación contra una misma clase dominante servil a un imperialismo decadente y en crisis que nos quiere arrastrar a una guerra que firmemente rechazamos. [2]
Trabajar con las masas, inseparablemente unida a ellas, es una labor que no podemos descuidar en ningún momento, pero alejándonos al mismo tiempo de la “trampa de las diversidades” no justificadas. Cuando se producen estos encuentros entre quienes defienden la Paz y rechazan el rearme con los hombres y mujeres que libran todo tipo de batallas sociales en defensa de sus intereses inmediatos, entonces unos y otros comprenden en el terreno de la práctica compartida y solidaria que todos y todas formamos parte de un único movimiento que combate a una misma oligarquía y a sus organizaciones y aliados al servicio del imperialismo, y responsables tanto de la miseria social, de la explotación y opresión de las personas trabajadoras, de las desigualdades y la injusticia social como también del rearme con el que nos quieren llevar a una guerra generalizada que provocará muertes, personas incapacitadas, destrucción de viviendas y medios de producción, así como a un desastre económico difícilmente imaginable que sufrirá la inmensa mayoría de la población.
Pero, además, es preciso ofrecer al conjunto de la ciudadanía democrática que apuesta por la Paz y contra el rearme un programa y unos objetivos políticos comunes, que sean compartidos por las actuales plataformas y movimientos pacifistas. No bastan poderosas y justas razones humanitarias ni el encomiable combate economicista por sustituir programas de guerra por programas sociales. Hace falta subir un peldaño más: un programa político antioligárquico que impida a la clase dominante conducirnos a la barbarie de la guerra. El objetivo es ofrecer cobertura y solidez a ese conjunto de más del 42% de la ciudadanía que hoy se opone al rearme y que previsiblemente irá en aumento conforme avance la crisis económica en EEUU y se debilite su poder hasta ahora hegemónico, que inevitablemente arrastrará hacia el desastre a los países de la Unión Europea cuyos dirigentes dan prueba un día sí y otro también de total servilismo a un imperialismo en irreversible caída.
Apuntamos ahora algunos de los criterios que podrían configurar ese programa político común a modo de sugerencia:
a) Hacer nuestra la declaración solemne por la que España renuncia a la guerra como instrumento de política fuera de nuestras fronteras, recogiendo de esta forma lo que disponía el artículo 6 de la Constitución de la II República [3] La articulación de esta propuesta podría plantearse como moción ante todas las instituciones representativas, con independencia del resultado de las votaciones, pero que abriría un debate público sobre esta importantísima cuestión. Nos permitiría saber en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, parlamentos de comunidades autónomas y parlamento estatal y en el resto de las entidades representativas, quienes están en favor de la PAZ y quienes defienden las políticas belicistas. Igualmente, esta propuesta debería trasladarse a todas las organizaciones sociales posibles de cualquier índole, en las asambleas de los centros de trabajo, en las sedes de base de las organizaciones sindicales, dando la máxima publicidad a los acuerdos que se obtengan y de esta forma transformar lo que solo es un sondeo técnico como el que nos ha ofrecido El País en múltiples referéndums que transformen opiniones en voluntad política.
b) Retirada de la estructura militar de la OTAN como paso previo a la salida de España de la Alianza Atlántica y la prohibición entre tanto de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español, en cumplimiento del resultado del referéndum de 1986. [4]
Tal decisión supondría el retorno a España del conjunto de nuestros efectivos militares y de todo el armamento que hoy se encuentra desplazado bajo el mandato de la OTAN (unos 3.000), la posibilidad real de sustituir los presupuestos de guerra por presupuestos sociales, la prohibición de enviar armas a Ucrania y a Israel, y en general a todas las partes contendientes en conflictos bélicos, así como el establecimiento de una política exterior de neutralidad activa que propicie el alto el fuego, la apertura de negociaciones en los diferentes escenarios de guerra y rompa relaciones diplomáticas con estados y ejércitos genocidas.
c) Rehusar la aplicación de las directivas y las decisiones de la Unión Europea que dañen con gravedad la economía del país o a sectores significativos de la producción y comercialización, convergiendo con otros países de la UE que pudieran adoptar medidas equivalentes [5]
d) Promover la declaración de extinción del Convenio para la Cooperación para la Defensa de mayo de 1989 entre España y EEUU, y cese de la actividad bélica en las bases militares USA en España por suponer un quebranto a la soberanía de nuestro país. [6]
e) Reversión del incremento del gasto militar desde el 1,4% a 2% del PIB cuantificado con un importe de 10.471 millones de euros anuales para destinarlo a mejorar la sanidad y la educación públicas y atender otras necesidades sociales perentorias [7]. Además, dejar sin efecto el compromiso del ejecutivo con la OTAN de incrementar los efectivos en 14.000 nuevas incorporaciones. Un coste adicional que asciende a varios miles de millones de euros anuales. El ejército dispone en la actualidad con 139.281 efectivos.
f) Derogación de la Ley Mordaza que constituye un poderoso instrumento del gran capital destinado a impedir y doblegar la lucha de clases de los trabajadores y las capas populares en defensa de sus intereses económicos, sociales y políticos y su sustitución por normativa que sancione los comportamientos que atenten contra el ejercicio de los derechos y libertades democráticas (fascismo), con plena protección a la población migrante, además de la reducción inmediata en un 70% de las multas actuales en aplicación de la Ley Mordaza, mientras se cumplimenta el procedimiento de cambio legal.
g) Derogación integral de la reforma laboral del Partido Popular de 2012 y nueva entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores inmediatamente anterior a 12 de febrero de 2012 incorporando las mejoras en la legislación laboral aprobadas en las dos últimas legislaturas.
h) Modificación del Código Penal endureciendo las penas a los sujetos activos y pasivos en el ámbito de la corrupción. En el plan actual del gobierno sobre 15 medidas para combatir la corrupción no se encuentra la tipificación del delito de corrupción pública como tal, aunque sí otras figuras delictivas diferentes.
i) Ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo con el estado sionista de Israel.
j) Apertura de relaciones comerciales con todos los países del mundo, incluidos los EE.UU y la Federación de Rusia, con la excepción del estado sionista de Israel, así como la promoción de una política exterior en defensa de un mundo multipolar y de acercamiento a los países BRICS, nuevo espacio económico y político emergente que en la actualidad representa a una población del 51% de la de todo el planeta, con un PIB que supera ya al del mundo occidental, y en constante crecimiento.
| ⇧1 | Es preciso que en las convocatorias de manifestaciones no solo recurramos a las redes sociales. Es imprescindible también la presencialidad en las calles, en las barriadas obreras y populares mediante convocatorias con octavillas, a ser posible un 10% del total de la población convocada, repartidas especialmente en las zonas antes citadas y el uso, igualmente, de la cartelería en los muros y en los comercios minoristas. Como se hacía antes de que apareciera el internet y los móviles. |
|---|---|
| ⇧2 | Significativas son las palabras del vicepresidente de los EEUU, James David Vance, cuando señala que «Creo que la Doctrina Trump se convertirá en la fuerza dominante en la política exterior estadounidense, no solo en la republicana. Creo que la gente tendrá muy claro este enfoque: definiremos nuestros intereses, intentaremos usar la diplomacia y luego, cuando esta fracase, usaremos una fuerza militar abrumadora.” |
| ⇧3 | Artículo 6: «España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.» |
| ⇧4 |
La pregunta que se formulaba a la ciudadanía en aquel referéndum decía: «El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:
|
| ⇧5 | El Tratado de la Unión Europea (TUE) permite a un Estado miembro abandonar la organización, pero no contempla la posibilidad de expulsarlo si infringe las normas de la Unión. Cuando firmaron los acuerdos fundacionales de la UE, los Estados se comprometieron a respetar de buena fe los deberes comunitarios, pero es habitual que los incumplan. |
| ⇧6 | Artículos 19 y 20.3 del Convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte relativo al estatutos de sus fuerzas, artículo 69 del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América y disposición adicional y disposición final del segundo protocolo de enmienda de 10 de octubre de 2012. |
| ⇧7 | Importe al que hay que añadir los 3.593 millones extra que el Gobierno ha ido aprobando desde enero de 2025 y que le han permitido llegar hasta un total de 33.123 millones de euros en gasto militar en la presente anualidad. |
La debilidad política de Pedro Sánchez y su gobierno frente al rearme europeo
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Cumbre de la OTAN 2025
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A preguntas de los periodistas, el presidente Sánchez señala que “somos un socio fiable” y que “queremos cumplir con la Alianza Atlántica”.
Al término de la Cumbre de la OTAN, Sánchez indica que esta sale más unida y con más fortaleza frente a los desafíos actuales. Afirma la necesidad de su refuerzo “para garantizar la disuasión y la defensa de sus estados miembros”. España, añade, es un “país serio y cumple con sus compromisos”, en alusión al incremento del 2% del PIB que la Alianza acordó en la Cumbre de Gales del año 2014, lo que ha supuesto una inversión extra en gasto militar de 10.471 millones de euros este año hasta alcanzar el 2.1% del PIB. En la comparecencia posterior se complace en señalar que España aumentó el presupuesto de defensa en un 70% desde que accedió a la presidencia del ejecutivo. En esta Cumbre, señala Sánchez, “gana la OTAN, gana España y gana nuestra seguridad y el estado de bienestar”. El compromiso de España con la Alianza es “firme y constante”, añadió más tarde.
A preguntas de los periodistas, el presidente señala que “somos un socio fiable” y que “queremos cumplir con la Alianza Atlántica”.
Estas continuas loas a la OTAN muestran una clara debilidad política dado que es una organización, como indica el General Ayala en su artículo “No al 5%”, publicado en ElDiario.es, no “… de pacificación o defensa, sino de dominación”, en contradicción con lo que expone el Tratado que la regula [1].
Se trata de una organización militar internacional que subsiste desde la disolución del Pacto de Varsovia en julio de 1991, que hace uso sistemático de la violencia mediante un sofisticado instrumental bélico para agredir a los pueblos y naciones que no se someten al imperialismo y que cuentan muchas de ellas con poderosas reservas de materias primas para apropiárselas mediante el saqueo. Un atraco que en ocasiones destroza, además, los aparatos estatales de los pueblos, trabajosamente puestos en pie durante décadas y que son destruidos haciéndoles retroceder en su desarrollo social, económico y político varios siglos, creando una situación desde la cual el pillaje imperialista resulta impune.
Tras el fin de la II guerra mundial 12 países de Europa y América del Norte firmaron en 1949 el Tratado del Atlántico Norte. Desde entonces, la OTAN ha ido paulatinamente aumentando el número de sus miembros, de forma especial hacia el este de Europa para rodear, amedrentar e intentar desmembrar a la Federación de Rusia (como hicieron en Yugoslavia) para acceder a sus ingentes materias primas mediante el latrocinio y destruir su arsenal nuclear. La OTAN alcanza hoy los 30 miembros, 28 de Europa y 2 de América del Norte: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía.
La Guerra del Golfo, (1990-1991) con la intervención de la OTAN y de otros aliados de EEUU provocó la muerte de aproximadamente 100.000 soldados iraquíes. La coalición internacional perdió alrededor de 378 soldados. Además, hubo no menos de 10.000 víctimas civiles mortales en Irak y Kuwait, así como algunas en Israel y Arabia Saudita.
Un edificio en llamas en Belgrado tras un ataque de la OTAN.
La Guerra de Yugoslavia, constituyó una intervención militar de la OTAN en 1999, con el “socialista” Javier Solana como Secretario General de la organización. Fue bombardeada durante 78 días a partir del 24 de marzo de 1999. Varios miles de militares yugoslavos perdieron la vida y más de 1.000 civiles. La guerra que siguió a la desintegración de la antigua Yugoslavia se cobró la vida de más de 100.000 personas en Bosnia y Herzegovina entre 1992 y 1995. Además, más de dos millones de personas sufrieron desplazamientos. Yugoslavia fue troceada, sus instalaciones estatales o públicas y sus estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales fueron arrasadas.
Algunos países miembros de la OTAN formaron parte de la coalición internacional que invadió Irak en 2003 como Reino Unido y Polonia. Se calcula que un millón de personas murieron en total, y casi dos millones resultaron heridas, incluyendo civiles. La intervención se basó en la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak que luego se demostró que resultaron ser falsas y llevó el nombre de “conmoción y pavor”. El estado iraquí quebró y fueron destruidas numerosas instalaciones públicas, sistemas de transporte e infraestructuras.
La invasión de Estados Unidos en Afganistán comenzó en octubre de 2001 con el nombre de “Operación Libertad Duradera” y finalizó con la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021 a manos de los talibanes y la retirada de las tropas de la OTAN el 30 de agosto del mismo año. Unos 50.000 civiles fueron asesinados por bombas, balas, explosiones y fuego. Según Amnistía Internacional la guerra de Afganistán provocó 150.000 muertos entre civiles y militares. Al igual que en otras intervenciones anteriores fueron seriamente dañadas sus infraestructuras con interrupción del suministro de agua, electricidad y otros recursos naturales básicos.
El asesinato de Gaddafi.
La operación de la OTAN en Libia identificada como “Operación Protector Unificado” causó en 2011 no menos de 30.000 víctimas mortales. La intervención concluyó a finales de octubre del mismo año, destruyó el aparato del estado libio convirtiendo al país en una sociedad tribalista que ha venido facilitando el robo de materias primas por EEUU desde entonces. Su máximo dirigente Gaddafi fue asesinado, tras los intentos inmediatamente anteriores a la guerra por nacionalizar el petróleo en Libia con el que se causaría graves perjuicios a los intereses de las compañías petroleras norteamericanas.
Bombardeo de Libia por la OTAN.
Según el diario Público, las guerras de EEUU y OTAN dejaron más de 350.000 civiles muertos y 38 millones de desplazados en el siglo XXI. Sus crímenes no han sido investigados y sus autores no fueron sometidos a juicio ni condenados De este cómputo se excluyen las muertes provocadas en la guerra de Ucrania, el genocidio del pueblo palestino, las agresiones en Siria, Líbano, Yemen e Irán en las que han sido participes EEUU y otros países miembros de la OTAN.
En la interesante serie “Las guerras contemporáneas de los EEUU”, de Alberto García, publicada en Hojas de Debate en marzo de 2022, los lectores podrán conocer los crímenes cometidos por este país, casi siempre con la colaboración de otros países miembros de la OTAN que según José Bono, destacado miembro del PSOE, es el que verdaderamente manda en la OTAN. [2]
La Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo tipifica en su artículo 3 los actos de terrorismo como graves delitos y los define como aquellos que “pueden perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional” cuando se cometan con la finalidad, entre otras, de atentar contra la vida, la destrucción masiva de instalaciones estatales o públicas y la desestabilización o destrucción de las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional. [3]
En nuestra legislación estatal, el Código Penal en su artículo 573 define el delito de terrorismo como aquellos actos violentos que tengan por finalidad a) subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. b) Alterar gravemente la paz pública. c) Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. d) Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Los artículos 577 y siguientes del texto penal también imponen penas a los colaboradores o complices de actos terroristas.
Juzguen nuestros lectores si las actuaciones de la OTAN, brazo armado de un imperialismo en decadencia, que hemos citado con anterioridad, podrían encuadrarse en los tipos penales recogidos en la legislación comunitaria y en la de nuestro país referidos al terrorismo. Igualmente, si determinados actos de algunos de los actuales dirigentes de la Unión Europea podrían enmarcarse en su caso en algunas de las figuras penales que sancionan la complicidad en actividades de terror.
Las alabanzas a la OTAN por Pedro Sánchez dirigidas a una organización de tal catadura (in)moral lo atan a políticas de rearme, haciendo ilusoria su pretensión de no ceder a un incremento del gasto militar al 5% del PIB y no digamos revertir en favor del gasto social la inversión de más de 10.000 millones para esta y sucesivas anualidades para alcanzar el 2.1% del PIB. Firmó sin rechistar el acuerdo final de la Cumbre de la Haya. Sus adulaciones posteriores en apoyo de la organización atlantista, que extiende incluso a su Secretario General, mientras dirige comentarios soeces con desprecio a las normas diplomáticas contra la Federación de Rusia, parte integrante de Europa, haciendo causa común con el resto de los máximos responsables de la Unión Europea enloquecidos con el programa de rearme y su servilismo al aparato industrial-militar de los EEUU y de su presidente Donald Trump, no han hecho más que facilitar las bravuconerías de este contra la soberanía de nuestro país y mantenernos en la senda del rearme.
Como ya indicábamos en el anterior artículo de la serie, solo una fuerte movilización social transversal del conjunto de la ciudadanía democrática, con un programa político común podría obligar al ejecutivo actual y al que pueda más tarde, en su caso, sustituirlo, conquistar para nuestro país una verdadera política de paz y contraria al rearme europeo.
Sobre este tema trataremos en el siguiente y último capítulo de la serie.
| ⇧1 | artículo 1 del Tratado del Atlántico Norte: «Las Partes se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas de modo que la paz y seguridad internacionales, así como la justicia, no sean puestas en peligro, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza de cualquier forma que resulte incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.» |
|---|---|
| ⇧2 | En concreto, desde el término de la II guerra mundial, EEUU ha bombardeado a: Japón: 6 y 9 de agosto de 1945: Corea y China: 1950-1953 (Guerra de Corea), Guatemala: 1954, 1960, 1967-1969, Indonesia: 1958, Cuba : 1959-1961 Congo: 1964, Laos: 1964-1973, Vietnam: 1961-1973, Camboya: 1969-1970, Granada: 1983, Líbano: 1983, 1984 (ataques contra objetivos en Líbano y Siria), Libia : 1986, 2011, 2015, Salvador: 1980, Nicaragua: 1980, Irán: 1987, Panamá: 1989, Irak: 1991 (Guerra del Golfo), 1991-2003 (invasiones estadounidenses y británicas), 2003-2015, Kuwait: 1991, Somalia: 1993, 2007-2008, 2011, Bosnia: 1994, 1995, Sudán: 1998, Afganistán: 1998, 2001-2015, Yugoslavia: 1999, Yemen: 2002, 2009, 2011, 2024 2025, Pakistán: 2007-2015 y Siria: 2014-2015. |
| ⇧3 | Articulo 3: «Delitos de terrorismo 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los siguientes actos intencionados, tipificados como delitos con arreglo al Derecho nacional, que, por su naturaleza o contexto, pueden perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, se tipifiquen como delitos de terrorismo cuando se cometan con uno de los fines enumerados en el apartado 2: a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; b) atentados contra la integridad física de una persona; c) el secuestro o la toma de rehenes; d) destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, sistemas informáticos incluidos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; e) el apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; f) la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de explosivos o armas de fuego, armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares inclusive, así como la investigación y el desarrollo de armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares; g) la liberación de sustancias peligrosas, o la provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; h) la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural básico cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; i) la interferencia ilegal en los sistemas de información a tenor del artículo 4 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 3 o apartado 4, letras b) o c), y la interferencia ilegal en los datos a tenor de su artículo 5, en los casos en los que sea de aplicación su artículo 9, apartado 4, letra c); j) la amenaza de cometer cualquiera de los actos enumerados en las letras a) a i). 2. Los fines a que se refiere el apartado 1 son los siguientes: a) intimidar gravemente a una población; b) obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; c) desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional.» |
Cumbre de la OTAN 2025: ¿La carta o la firma?
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A Pedro Sánchez solo le valía la negativa a firmar el texto final para asegurar en términos de derecho, su decisión de no pasar del 2.1% del PIB. Pero no lo hizo. Le faltó, como advertía el General Ayala con anterioridad a la celebración de la Cumbre de La Haya “el coraje necesario para mantener su postura. Tiene que hacerlo, por difícil que sea, es lo que desea la mayoría de los españoles. El miedo no es una opción.”
Pese a que Pedro Sánchez ha firmado el texto final de la Cumbre de la OTAN en La Haya por el que los aliados se comprometen “a invertir el 5 % de su PIB anualmente en necesidades básicas de defensa”, sin embargo el Presidente viene sosteniendo desde la finalización de este evento que no incrementará el gasto para el rearme en ese porcentaje, manteniendo el del 2.1%.
La lectura del acuerdo deduce con meridiana claridad que no establece una excepción, ni para España ni para ninguno de los países que integran la organización militar internacional que entró en vigor el 24 de agosto de 1949, al cumplimiento del compromiso de una inversión en rearme del 5% del PIB.
¿En base a qué argumentos Pedro Sánchez se descuelga del incremento hasta el 5% si, finalmente, suscribió este compromiso?
Con anterioridad a la celebración de la Cumbre de los pasados días 24 y 25 de junio, Pedro Sánchez remitió una carta al Secretario General de la OTAN manifestándole que “España no puede comprometerse con un objetivo de gasto específico en términos de PIB en esta Cumbre” añadiendo que “Los paquetes de Objetivos de Capacidad actuales fueron aprobados por nuestros ministros de Defensa en junio de 2025 y permanecerán vigentes al menos hasta finales de la década. Cada país necesitará invertir cantidades diferentes para alcanzarlos. Algunos necesitarán alcanzar el 5% de su PIB. Otros, menos.
Y esta asimetría debe respetarse sin reservas, entre otras razones, porque está arraigada en los principios operativos de la OTAN y porque se deriva de una serie de factores económicos (por ejemplo, los costes laborales y de producción) que no tienen nada que ver con el nivel de compromiso de cada aliado con nuestra defensa colectiva. España, en particular, requerirá un gasto del 2,1 %, según las estimaciones de nuestras fuerzas armadas, una inversión suficiente para adquirir y mantener todo el personal, el equipo y las infraestructuras solicitadas por la Alianza… comprometerse con un objetivo del 5% no solo sería irrazonable, sino también contraproducente, ya que la alejaría aún más del gasto óptimo y obstaculizaría los esfuerzos continuos de la UE para fortalecer su ecosistema de seguridad y defensa.”
Rechaza, por tanto, el incremento hasta el 5% del PIB porque es un “derecho legítimo de cada gobierno decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios. Como Aliado soberano, optamos por no hacerlo”, al mismo tiempo que, añade, «solicito la inclusión (en el texto final) de una fórmuia más flexible en la declaración de este año: una que reconozca la trayectoria de cada aliado para alcanzar sus respectivos Objetivos de Capacidad y haga que el objetivo de gasto sea opcional, o bien una que excluya a España de la aplicación del objetivo de gasto.”
Desde un punto de vista jurídico es preciso destacar, antes que nada, que la misiva que remite Pedro Sánchez a Mark Rutte es de fecha 19 de junio último, es decir, anterior al texto final de la Cumbre de la OTAN de los días 24 y 25 del mismo mes. De igual manera, la respuesta del Secretario General es previa a la Cumbre de los aliados.
Mark Rutte le responde de inmediato a Pedro Sánchez lo siguiente: “Puedo confirmarle que el acuerdo de la próxima cumbre de la OTAN dará a España flexibilidad para determinar su propia ruta soberana para alcanzar la meta de los Objetivos de Capacidad y los recursos anuales necesarios en términos del porcentaje del PIB para presentar sus propios planes anuales”.
Dirigentes europeos al servicio del imperialismo.
Sin embargo, en el texto finalmente acordado con posterioridad por los aliados y firmado por Sánchez ni consta “una fórmula más flexible en la declaración de este año” ni prioriza los Objetivos de Capacidad sobre el porcentaje del 5% que se fijaron por el ejecutivo de nuestro país en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa del pasado mes de abril de acuerdo con la OTAN el pasado 5 de junio.
Debemos señalar que fue en el año 2014 (del 4 al 5 de septiembre) en la Cumbre de la OTAN de Gales cuando se recomendó a los países miembros de la Alianza un aumento de su presupuesto militar hasta alcanzar el 2% del PIB en un plazo máximo de diez años y que fue recordado más tarde en la Cumbre de Madrid a finales del mes de junio de 2022 . En cumplimiento de este criterio, el ejecutivo acordó este año el llamado Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que elevó el gasto militar desde el 1,43% al 2% del PIB para la presente anualidad, movilizando un total extra de 10.471 millones de euros para el rearme. [1]
Este Plan expone que “España cuenta con margen presupuestario para incrementar su inversión en seguridad y defensa hasta el 2% del PIB sin realizar grandes reformas ni comprometer su inversión en el Estado del Bienestar. Lo hará recurriendo a tres fuentes principales:
1. Los ahorros generados por el buen desempeño de nuestra economía, que ha superado en algunos aspectos las previsiones que hizo el Gobierno cuando diseñó el anterior ejercicio presupuestario.
2. El empleo de créditos del capítulo 8 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (servicio 50 de los PGE) que permite reasignar parte de los fondos no ejecutados.
3. Reasignaciones presupuestarias de partidas no ejecutadas. Con estos mecanismos, España podrá financiar el ejercicio de 2025 sin acometer subidas impositivas, comprometer partidas de gasto social, o incurrir en un mayor endeudamiento, como de hecho viene haciendo en los últimos años.”
Esta ingente cantidad de dinero -10.471-millones de euros-, en lugar de haberse invertido en la mejora de la sanidad y educación pública, en la actualización correcta de las pensiones sin subterfugios, en las atenciones a las personas mayores o discapacitadas, en prestaciones de desempleo solventes, en la creación de nuevos puestos de trabajo y en una política de vivienda en favor de nuestra juventud, entre otras tantas políticas sociales, se han derivado al rearme, contra el conjunto de la ciudadanía democrática que demanda el sostenimiento y la ampliación del llamado estado del bienestar.
Justamente, lo que el propio Pedro Sánchez ya exponía en su comunicación con Rutte cuando aseveraba que “comprometerse con el objetivo del 5% es que dicho nivel de gasto sería incompatible con nuestro Estado de Bienestar y nuestra visión del mundo. Las intenciones son poderosas, pero rara vez prevalecen sobre la realidad empírica. Y la realidad empírica es que, para España, al igual que para otros países de la OTAN, alcanzar un gasto de defensa del 5% será imposible a menos que se produzca a costa de aumentar los impuestos a la clase media, recortar los servicios públicos y las prestaciones sociales para sus ciudadanos, y reducir su compromiso con la transición verde y la cooperación internacional para el desarrollo. Es el derecho legítimo de cada gobierno decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios. Como Aliado soberano, optamos por no hacerlo.”
Esto no se reconoció por el gobierno cuando incrementó el presupuesto de rearme para la guerra hasta el 2% del PIB. En cambio, ahora lo hace en su pretensión de evitar elevarlos hasta el 5%.
Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la posición de Pedro Sánchez no se sostiene. Si el intercambio de misivas entre este y Rutte, interpretado como un singular acuerdo bilateral, se hubiera producido con posterioridad a la firma del texto final de la Cumbre, entonces el planteamiento del Jefe de Gobierno resultaría, a nuestro juicio, viable legalmente, porque supondría una modificación excepcional del texto de la Cumbre entre el Secretario de la Alianza y uno de sus miembros. Tal modificación no se opondría al Tratado del Atlántico Norte, puesto que este solo requiere la unanimidad entre todos los aliados en el supuesto que regula su artículo 10, cuando dispone que “Las Partes pueden, por acuerdo unánime, invitar a ingresar a cualquier Estado europeo que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado y de contribuir a la seguridad de la zona del Atlántico Norte.”
Sin embargo, el intercambio de comunicaciones entre Sánchez y Rutte, interpretado como pacto bilateral, acaece con anterioridad al texto final de la Cumbre, por lo que es este el vigente y válido para todos los miembros de la OTAN, al constar la firma expresa de Pedro Sánchez y no lo pactado con anterioridad, al no recogerse ninguna de las concesiones que Rutte indicaba antes de la firma del acuerdo final de la Cumbre a Pedro Sánchez que antes hemos expuesto.
Así lo expresó Mark Rutte al finalizar la reunión de la OTAN afirmando que “Con este plan, los Aliados han acordado invertir el 5% de su PIB en defensa. Este es un compromiso significativo en respuesta a las graves amenazas a nuestra seguridad. Incluye al menos el 3,5 % del PIB invertido en necesidades básicas de defensa, un objetivo que hasta hoy se fijaba en el 2 %. Un objetivo que, me complace decir, todos los Aliados alcanzarán este año o ya han alcanzado.”
Ante esta tesitura, a Pedro Sánchez solo le valía la negativa a firmar el texto final para asegurar en términos de derecho, su decisión de no pasar del 2.1% del PIB. Pero no lo hizo. Le faltó, como advertía el General Ayala con anterioridad a la celebración de la Cumbre de La Haya “el coraje necesario para mantener su postura. Tiene que hacerlo, por difícil que sea, es lo que desea la mayoría de los españoles. El miedo no es una opción.”
Por otra parte, el texto de la carta de Sánchez a Rutte, cuando expone “solicito la inclusión (en el texto final) de una fórmula más flexible en la declaración de este año”nos recuerda a la mantenida por los dirigentes del PSOE en el referéndum de 1986 sobre la continuidad de España en la OTAN acordada tras el 23 de febrero, con el slogan de campaña “OTAN, de entrada no”, pero luego durante esta propuso el «sí» a la permanencia, y por una pequeña diferencia se impuso a quienes rechazaron la continuidad en la Alianza Atlántica. De entrada, no al rearme con el incremento del gasto militar hasta el 5%, pero después… La misiva de Sánchez a la voz de su amo ya nos adelanta las mismas consecuencias políticas de lo ocurrido en 1986, pero esta vez sin referéndum.
Ahora bien, la posición política de Sánchez, dejando a un lado los argumentos legales expuestos, de no incrementar el gasto militar más allá del 2.1% del PIB durante el presente ejercicio económico de 2025 parece obedecer al deseo de mantener esta medida al menos hasta la celebración de las próximas elecciones legislativas, lo más tarde a julio de 2027. Si el PP y VOX logran conformar nuevo gobierno, es claro que inmediatamente, y así ya lo han dicho, aumentaran el gasto militar para el rearme hasta al menos el 5% del PIB lo que pondría en serio peligro, en palabras de Sánchez, la subsistencia misma de lo que queda del llamado estado del bienestar. Eso si con anterioridad a las próximas elecciones, Pedro Sánchez no claudica y procede a incrementar el presupuesto de rearme hasta el 5%, bien de una manera diáfana o mediante créditos ocultos y sin pasar por el Congreso de los Diputados como ha venido haciendo hasta la presente.
Las consecuencias serían catastróficas no solo para el conjunto de la clase trabajadora y las capas populares, sino también para la totalidad de la ciudadanía democrática, en términos semejantes a los sufrimientos que padecieron y que continúa soportando el pueblo griego derivados de los rescates impuestos por los dirigentes de la Unión Europea que solo atienden a los intereses del imperialismo o con los que actualmente padecen los argentinos con las políticas de Milei.
La “estrategia” de Pedro Sánchez y de todo su gobierno, incluidos quienes dicen oponerse al rearme pero mantienen asiento en el consejo de ministros y que son corresponsables de la decisiones de este, en supuesta contradicción con lo que ha firmado, aparte de las enormes dificultades jurídicas que implica, no está exenta de numerosas “debilidades” que la harían inviable si no media una fuerte movilización social transversal del conjunto de la ciudadanía democrática que obligue al ejecutivo actual y al que pueda más tarde, en su caso, sustituirlo, a mantener una política de paz y contraria al rearme europeo. Estas “debilidades” las abordaremos en el próximo capítulo de la serie.
Notas
| ⇧1 | Según el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, España a principios del mes de mayo de 2025 ya alcanzaba un importe aproximado del 2.5% del PIB en defensa, antes de añadir esos 10.471 millones de euros para el rearme. Por su parte, el Grupo Tortuga en junio de 2025 indica que “el gasto militar español de 2024 fue del 4,12% del PIB” y sigue subiendo, desvelando el gasto militar oculto. |
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Gracias a HOJAS DE DEBATE
https://hojasdebate.es/por-la-paz/cumbre-de-la-otan-2025-la-carta-o-la-firma/
En La casa de mi tía con autorización