El dilema del Gobierno Sánchez: ¿respaldará a Sudáfrica y acusará a Israel de genocidio en Gaza? - por Ignacio Cembrero
El dilema del Gobierno Sánchez: ¿respaldará a Sudáfrica y acusará a Israel de genocidio en Gaza?
Ignacio Cembrero
EL CONFIDENCIAL
Yolanda Díaz y otros responsables de Sumar han pedido que el Ejecutivo apoye la iniciativa sudafricana ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas. La Corte enviará una carta este mes al Ejecutivo invitándole a pronunciarse
Alo largo de este mes de enero, el Gobierno español recibirá una carta del secretario de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Naciones Unidas invitándolo a intervenir en el proceso abierto por Sudáfrica contra Israel, al que acusa de perpetrar un genocidio en Gaza. ¿Qué hará entonces el presidente Pedro Sánchez?
La cuasi totalidad de los países europeos se abstendrá de participar, pero el Ejecutivo español, más aún que Irlanda y Bélgica, ha sido el que más ha censurado a Israel y podría estar tentado de tomar parte. Esas críticas provocaron la llamada a consultas, en noviembre, de su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, que aún no ha regresado.
La vicepresidenta Yolanda Díaz y otros responsables de Sumar y de Podemos lo tienen muy claro. “Nuestro país puede y debe apoyar la iniciativa sudafricana ante el órgano judicial de Naciones Unidas; por justicia y sentido común”, escribió el sábado en la red social X. Ese mismo día, Ione Belarra, la líder de Podemos, se manifestaba en Navarra contra “el genocidio” perpetrado por Israel.
Pedro Sánchez llegó a denunciar, el 24 de noviembre en Rafah, el paso fronterizo de Gaza con Egipto, “la matanza indiscriminada de civiles inocentes, incluidos miles de niños y niñas, [que] es completamente inaceptable”. Nunca ha empleado, sin embargo, la palabra genocidio. El presidente y su ministro José Manuel Albares no han desvelado qué harán cuando les llegue la carta.
Participar en el proceso significaría respaldar a Sudáfrica y su acusación de genocidio y, por tanto, tensar aún más la cuerda con Israel. La mera intervención de un país de la UE en este procedimiento daría más fuerza a la iniciativa sudafricana ante la CIJ.
El secretario de la CIJ se dirigirá por carta a España y a otros 150 países que suscribieron la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Todos los firmantes pueden intervenir con relación a la demanda de 84 páginas que Sudáfrica interpuso el 29 de diciembre. Es llamativo que sea un país no musulmán el que haya tomado tal iniciativa.
Cuando, en marzo de 2022, el secretario de la CIJ escribió a los Estados firmantes a propósito del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Gobierno español respondió enviando a La Haya, la sede del tribunal, un texto de 14 folios en apoyo a este último país. En el mismo sentido se pronunciaron todas las potencias occidentales.
Poco después, las webs de la Moncloa y del Ministerio de Asuntos Exteriores publicaron un mismo texto explicativo del documento remitido a La Haya: “España reitera su enérgica condena a la intervención militar contra Ucrania por parte de la Federación Rusa, que supone una grave amenaza a la paz y a la seguridad internacionales”.
En su comunicado del viernes, el Departamento de Relaciones Internacionales sudafricano afirma que los “actos y omisiones de Israel” en Gaza “son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos de Gaza como parte de un grupo nacional, racial y étnico más amplio”.
En su demanda, Sudáfrica pide además a la CIJ que, antes de juzgar el fondo de la cuestión, tome medidas cautelares. La primera sería ordenar un alto el fuego para proteger así a los palestinos de “nuevos daños irreparables”. Otras medidas consistirían en permitir a los palestinos regresar a sus hogares en Gaza, de los que fueron expulsados; dejar de privarles de alimentos, agua y ayuda humanitaria y, por último, autorizar una investigación independiente sobre su actuación. Los magistrados de la Corte escucharán, el jueves 11 de enero, los argumentos de los abogados de Sudáfrica y, al día siguiente, comparecerán los de Israel.
La CIJ ya falló, en julio de 2004, que la construcción de un muro por el Ejército de Israel en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, violaba el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Ordenó parar las obras y desmantelarlo, pero 20 años después ahí sigue entorpeciendo la vida de los palestinos.
“Sudáfrica está colaborando con un grupo terrorista [Hamás] que pide la aniquilación de Israel”, respondió en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí al Gobierno de Pretoria. “Hamás es responsable del sufrimiento de los palestinos de la Franja de Gaza cuando les utiliza como escudos humanos”, añadió. “Israel está comprometido con el derecho internacional y lo acata”.
Pese a este airado comunicado, la iniciativa sudafricana ha causado preocupación en Israel, según el diario Haaretz. El Ejército y la Fiscalía del Estado celebraron, el lunes 2, una primera reunión en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores para ir preparando su defensa.
El Gobierno de Israel sí tiene que tomar en consideración la acusación sudafricana, porque en su día firmó la convención sobre la prevención del genocidio, quizá con la mente puesta en impedir otro Holocausto. Reconoce, por tanto, la competencia de la CIJ en esta materia.
“La CIJ tiene una gran influencia en la configuración del derecho internacional y sus fallos repercuten en las percepciones de la comunidad internacional”, declaró a Haaretz Shelly Aviv, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Haifa. “La admisión de la demanda de Sudáfrica puede dar crédito a la percepción de que Israel está cometiendo genocidio en Gaza”, añadió, haciéndose eco del daño que puede causar a la reputación del Estado hebreo.
Lieblich y otros juristas israelíes reconocen que las declaraciones de los miembros más extremistas del Ejecutivo de Benjamín Netanyahu, abogando por tirar una bomba atómica sobre Gaza o expulsar a toda su población al desierto del Sinaí, proporcionan un buen argumento a los abogados sudafricanos para intentar demostrar ante la CIJ que Israel tiene intenciones genocidas en Gaza. Algo más complicado para esos letrados será probar que las ha puesto en práctica.
Al acabar el año, el número de muertos en Gaza alcanzó los 21.822, casi todos civiles y entre ellos muchos niños, y el de heridos 56.451, según las autoridades de la Franja. Los muertos representan ya el 1% de la población y los heridos, el 2,5%.
Aunque Israel está, en teoría, obligado a cumplir con los dictámenes del tribunal de La Haya, incluidas las medidas cautelares con relación a un presunto genocidio, es muy improbable que los acate. Aun así, los pronunciamientos de la CIJ podrían ser útiles para presionar a Israel y los países occidentales que lo apoyan.
Darían pie a ONG en Europa y en Norteamérica para acudir a los tribunales e intentar impedir, por ejemplo, las exportaciones de armas a Israel alegando que, según la CIJ, ha practicado un genocidio. También reforzarían la solicitud formulada en noviembre ante la Corte Penal Internacional por cientos de abogados para que su fiscal investigue a los máximos dirigentes civiles y militares israelíes por genocidio. Israel no reconoce la jurisdicción de este tribunal, pero aun así sus órdenes de detención y el bloqueo de los haberes se aplicarían en la mayoría de los países occidentales.
* Gracias a Ignacio Cembrero y EL CONFIDENCIAL y a la colaboración de Luis Portillo Pasqual del Riquelme
