El Gobierno, la legislatura y las izquierdas en crisis

Sato Díaz

PÚBLICO

 

Una tormenta perfecta se ha posado sobre Ferraz y las nubes negras amenazan con desplazarse al Palacio de la Moncloa. La catarata de supuestos casos de acoso sexual vinculados a cargos del PSOE continúa: Paco Salazar, José Tomé, Javier Izquierdo, Antonio Navarro, Francisco Luis Fernández, Toni González... Además, este viernes la UCO visitaba las dependencias de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica y de Correos para obtener información en la investigación de la causa por la que el jueves fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el que fuera socio de Santos Cerdán, el empresario Antxon Alonso. 

Los casos de corrupción que señalan al Gobierno tensan la relación con sus socios de Sumar en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Yolanda Díaz reclamaba este mismo viernes una remodelación radical del Ejecutivo a Pedro Sánchez, a lo que Moncloa reaccionó fríamente, explicando que no comparten la idea y que la remodelación del gabinete es una competencia exclusiva del presidente. El lunes está previsto que Sánchez haga el tradicional balance del año, siempre muy esperado por los medios de comunicación. Este año tendrá que rendir cuentas sobre los escándalos sexuales y de corrupción que implican al partido que lidera.

En Moncloa se escudan, para tapar esta crisis política, en que la coyuntura económica es buena. Esta va acompañada de una parálisis legislativa, pues esta legislatura no hay una mayoría progresista en el Congreso y el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Pese a esto, el Congreso ha dado una serie de victorias al Ejecutivo de coalición esta semana, aunque por segunda vez consecutiva no pudo aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2026. Sánchez está dispuesto a volver a seducir a Junts para intentar sacar adelante, al menos, unos Presupuestos en el actual mandato.

Así, el Congreso aprobó tres decretos en el último Pleno: uno para agilizar y facilitar las inversiones en los ayuntamientos; otro de ayudas para los afectados por el volcán de La Palma; y el último, una subida salarial a los empleados públicos pactada previamente con los sindicatos. El Ejecutivo también sacó adelante de forma definitiva ley de atención a la clientela de Pablo Bustinduy y salvó la enmienda a la totalidad de Junts a la reforma de la dependencia. Por último, el miércoles la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la ley de multirreincidencia, una de las exigencias de Junts.    

La legislatura, por tanto, no está muerta, aunque a veces lo parezca. Sin embargo, el proyecto de Sánchez parece agotado (también lo parece el presidente en sus apariciones públicas). En su entorno reconocen que está calando el relato de las derechas de que el Gobierno está en las últimas y, ante eso, Sánchez apuesta por gobernar y rendir cuentas. Para Sumar, sin embargo, esto no es suficiente, y exigen al jefe del Ejecutivo un nuevo plan de gobierno, un revulsivo que demuestre a la ciudadanía que el Gobierno de coalición merece la pena todavía. Y creen que la mejor forma de simbolizar esto es con un cambio de caras en el Consejo de Ministros. 

Cierto es que, tras el adelanto electoral en Aragón para el 8 de febrero por parte del presidente autonómico Jorge Azcón, Sánchez ya tiene que mover a dos de sus piezas claves del Ejecutivo. La portavoz Pilar Alegría es la candidata socialista para las autonómicas de Aragón y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo es para las andaluzas, que tendrán que celebrarse en el primer semestre del 2026. La remodelación profunda de Gobierno que exige Sumar ayudaría a Sánchez a posicionar nuevos nombres y nuevas caras ante un cambio de ciclo político que se vislumbra difícil para las izquierdas. Nuevos liderazgos en un PSOE que va a llevar a buena parte de los ministros a las candidaturas autonómicas.  

El pasado mes de junio, cuando la UCO señaló directamente a Santos Cerdán, Sumar reclamó a Sánchez un reseteo de la legislatura y un impulso social a la misma. Sánchez presentó un plan anticorrupción en el Congreso con el que la coalición de Díaz se mostró satisfecha. Poco se ha materializado de aquel plan, mientras que la crisis social derivada del precio de la vivienda y los alquileres sigue vigente. 

Gracias a Sato Díaz y PÚBLICO y a la colaboración de Antonio Aguado

 

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