Manifiesto del 5 de abril - Sindicato de Inquilinas de Tenerife

 

MANIFIESTO DEL 5 DE ABRIL-Sindicato de Inquilinas de Tenerife

El abusivo precio de los alquileres y de las hipotecas (consecuencia del alza de los tipos de interés) ha hecho de la vivienda el tema más preocupante en la sociedad canaria.

Entre los años 2014 y 2024 tanto los precios del alquiler como compraventa de vivienda se han duplicado en Canarias. Mientras que los salarios no sólo han permanecido estancados, sino que la clase obrera ha experimentado pérdida de poder adquisitivo (los salarios se han reducido un 6,5% en último quinquenio; siendo la segunda comunidad autónoma donde más han bajado). Detrás de esta pérdida de poder adquisitivo se encuentra la subida de los precios de la cesta básica en un 20% y de los alquileres en particular en un 40%. Con ello, lo que cobra de salario una familia obrera se lo lleva mayoritariamente la gran superficie, el monopolio de la energía y del agua y, cada vez más, la mediana y gran propiedad inmobiliaria (fondos buitre, bancos, constructoras, Sareb, inmobiliarias y otros grandes tenedores). La estafa habitual de los precios del alquiler se ve acrecentada por la creciente especulación de una nueva burbuja inmobiliaria.

Canarias, dentro del conjunto del Estado español tiene varias especificidades que dificultan el acceso a la vivienda de la clase obrera.

Así, la apuesta tanto privada como de los gobiernos de las instituciones públicas canarias por la profundización en el sistema turístico colonial (construcción de nuevos proyectos turísticos) está teniendo como consecuencias el crecimiento del mercado laboral que demanda más mano de obra, pero sin que haya vivienda disponible. En este sentido, el Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias representa un apoyo incondicional a la iniciativa privada de constructoras e inmobiliarias en alianza con los dineros del gobierno regional, sin que haya voluntad ninguna de aumentar el raquítico porcentaje del parque de vivienda pública de Canarias, que es el más bajo del Estado.

Esta colaboración público-privada se ha extendido a las empresas acogidas a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que ya pueden dedicar los dineros de la Reserva (que se quedan estas empresas privadamente en lugar de pagar el impuesto de sociedades a la administración pública) para que los inviertan en vivienda. Así, la agrupación de estas sociedades de la RIC les está convirtiendo en grandes tenedores de vivienda en Canarias comprando edificios de la SAREB y con ayudas de hasta el 40% del gobierno autónomo para la terminación de viviendas que van a pasar a alquiler asequible. Esto supone una privatización clara de miles de viviendas que podrían haber pasado al parque público canario.

Por otro lado, está el crecimiento sin límites de la vivienda vacacional que detrae viviendas de alquiler de larga duración. Después del Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas de abril de 2024 se han aprobado una media de 40 viviendas vacacionales o pisos turísticos por día (un 21% de crecimiento en un año, lo que significa 15.000 viviendas menos para el alquiler de larga duración).

Las campañas de atracción de nómadas digitales tanto públicas como privadas bajo el la máscara del excelente clima ambiental y social de Canarias está representando otra de las causas de la retracción del mercado de la vivienda de alquiler de larga duración.

La compraventa de vivienda altamente demandada por empresas y las clases medias y altas de la Península y del extranjero están inflando de manera especulativa el precio de la vivienda, siendo Canarias la comunidad que tiene cifras récord, representando ya 1 de cada tres transacciones. Ello hace que suba el precio de compra de la vivienda, lo que hace que las promotoras-inmobiliarias y constructoras solo estén atendiendo a este mercado de viviendas de lujo para las clases altas en Canarias.

Esa es la situación del libre mercado de la vivienda en Canarias donde unos pocos están llenándose los bolsillos, pero para las clases populares la cosa en bien distinta.

Existen muchas formas de desahuciar a una familia, más allá de los impagos de renta o hipoteca. Algunas de las más comunes incluyen la no renovación de los contratos de arrendamiento, el aumento desproporcionado de la renta, la creación de falsos contratos de corta duración, o la presión a las vecinas mediante coacciones, cortes de suministros básicos, cambios ilegales de cerraduras, y la negativa a hacerse cargo de los desperfectos en la vivienda. Además, en ocasiones se reclama la vivienda falsamente para uso propio. Sin embargo, la forma más efectiva y cruel de todas es, sin duda, la especulación inmobiliaria.

Las clases populares en las islas Canarias estamos a merced de los fondos especulativos, sociedades y grandes empresas que controlan el mercado inmobiliario de las islas. Desde la creación de nuestro Sindicato en el año 2021, hemos intervenido en numerosos edificios y en todos ellos, absolutamente en todos, hemos encontrado una persona jurídica detrás: BuildingCenter, LivingCenter, Coral Homes, HH Aluminios, Aly Metales, Oktava Mar, cadena de supermercados lituanos, Inmobiliaria Now... y un largo etc. Esto no es casualidad, sino parte de una estrategia sistemática de acaparamiento de propiedades y recursos por parte de grandes entidades, que buscan maximizar sus beneficios a costa de la clase trabajadora.

Los fondos buitre, como se les conoce comúnmente, operan en Canarias sin restricciones con la connivencia y las facilidades que les ofrecen los gobiernos de turno, comprando a gran escala todos los edificios y terrenos que se les antojan, lo que dispara los precios de la vivienda de manera insostenible. Esta especulación inmobiliaria ha provocado que la vivienda se haya convertido en un lujo inaccesible para muchas familias, condenándolas a la exclusión social y a vivir en condiciones precarias y de miseria, a la vez que van apareciendo verdaderos núcleos de infravivienda (chabolas, cuevas, tiendas de campaña, coches, autocaravanas…).

A la par de esta especulación económica, la maquinaria periodística propaga un discurso alarmista en los medios de comunicación sobre la ocupación ilegal de viviendas. Este discurso busca sembrar el miedo en la población, con el único objetivo de presionar a los pequeños propietarios a vender sus propiedades a precios bajos, movidos por el temor infundado de que sus viviendas sean "ocupadas". Sin embargo, la realidad es que la ocupación es un fenómeno limitado y no representa tal amenaza. Los últimos datos oficiales de los que se dispone muestran que la tasa de denuncias por ocupación en Canarias fue de 1,7 por cada 10.000 viviendas, lo que equivale al 0,017% del total (170 viviendas de más de 1.000.000 que existen en Canarias). De hecho, las estadísticas indican que el porcentaje de viviendas vacías en Canarias es mucho mayor, exactamente 211.331, lo que representa el 20% sobre el total de viviendas en las islas. Esto demuestra que la verdadera causa de la crisis habitacional es la especulación y no la ocupación ilegal.

Este escenario refleja una clara concentración de poder en manos de unos pocos actores económicos que, bajo el amparo de las políticas neoliberales, están despojando a la mayoría de su derecho a una vivienda digna.

Por todo ello, exigimos el cumplimiento de los siguientes puntos reivindicativos:

1. Bajada de los alquileres al 50%.

Necesitamos que el precio del alquiler baje inmediatamente y que, a su vez, suban los salarios para equipararlos al nivel de vida actual. Que, como mínimo y para paliar esta situación, se apliquen los mecanismos ya existentes para limitar y topar el precio del alquiler.

2. Expropiación de viviendas vacías a fondos buitre, bancos, grandes inmobiliarias y constructoras.

En Canarias tenemos casi 211.331 viviendas vacías, de las cuales, todas las pertenecientes a fondos buitres, bancos, grandes inmobiliarias y constructoras deben ser puestas inmediatamente a disposición de la ciudadanía como viviendas sociales para aumentar el parque público de vivienda. Los mecanismos de especulación se basan en la concentración de viviendas vacías para generar un falso desequilibrio entre la oferta y la demanda, permitiéndoles aumentar los precios de manera desorbitada y a su antojo.

3. Recuperación de pisos turísticos y de alquileres temporales.

Toda vivienda dedicada al uso antisocial de la misma y que pertenezcan a grandes tenedores, deben volver a ser una vivienda de uso residencial. Se deben implementar también restricciones específicas, limitaciones o incluso la prohibición de plataformas como Airbnb o Booking. Además, debemos acabar con los pisos turísticos y la estafa del alquiler temporal o por habitaciones, aprobando una normativa específica al respecto.

4. Suspensión de todo tipo de desahucios, independientemente de que el arrendador sea un gran tenedor o no.

A pesar de que el gobierno afirme que se han acabado los desahucios con el escudo social, estos se siguen produciendo diariamente. Además, la condición de vulnerabilidad genera una fiscalización de la pobreza que no tiene en cuenta que todos somos vulnerables ante los desahucios y que a toda la clase trabajadora nos está afectando el negocio con la vivienda. Tener un trabajo hoy en día no es garantía de que puedas pagar un alquiler.

5. Recuperar los contratos de alquiler indefinidos.

9 de cada 10 inquilinas tienen contratos temporales y se ven obligadas a cambiar de vivienda cada 5 o 7 años, si es que el casero no te solicita la vivienda antes con algún pretexto falso. Eso provoca una gran inseguridad e inestabilidad a las inquilinas. Necesitamos volver a los contratos de alquiler indefinidos, sin subidas anuales.

6. Eliminación de las campañas para atraer a nómadas digitales a las islas.

En abril de 2024, la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias anunció la implementación de un plan financiado con 700.000 euros de los fondos Next Generation de la UE, destinado a atraer a más nómadas digitales a las islas. Aunque algunos se empeñen en ver a los trabajadores remotos como la alternativa sostenible al turismo de masas, cada vez llegan más nómadas digitales a las islas, estimándose que estos superarían la cifra de más de 100.000 en el año 2024. Estos se hospedan en viviendas que deberían estar destinadas al arrendamiento habitual, contribuyendo al aumento del precio del alquiler.

7. Ilegalización de las empresas de desocupación.

Estas “empresas” ejecutan desalojos extrajudiciales con métodos violentos y delictivos. Estas empresas no dejan de multiplicarse en todas las ciudades del Estado, haciendo negocio con la pobreza de muchas familias. Hemos de recodar que también actúan ante retrasos con el pago de la renta, por lo que nunca se sabe cuándo te puede tocar a ti.

8. Fin de la compra especulativa.

Hay que prohibir que los fondos de inversión y sociedades sigan adquiriendo viviendas a toca teja lavando dinero negro para especular con la misma. El gobierno ha planteado medidas fiscales para inversores extracomunitarios, pero estas pueden ser esquivadas con facilidad. En Canarias, del 36’4% de viviendas que compran los extranjeros, en realidad el 35’7% son personas jurídicas (empresas, sociedades...). Debemos poner fin a la compra especulativa. No se puede permitir la compra de una vivienda si no es para residir en ella.

9. Aumento del parque público de vivienda con el trasvase de las viviendas que pertenecen a la SAREB al parque público.

Es necesario ampliar el parque público de vivienda, pero no a través de la construcción que solo incrementa los beneficios de promotoras y constructoras y con unos efectos climáticos devastadores, sino a través de la vuelta al parque público de toda la vivienda perteneciente a la SAREB o VISOCAN, así como de las expropiaciones exigidas anteriormente. Tenemos una lista oficial de más de 25.000 personas en espera por una vivienda social, aunque esa cifra se duplica o incluso se triplica si tenemos en cuenta la situación que atraviesan miles de personas que ven actualmente imposibilitado el acceso a una vivienda digna y asequible.

Es imprescindible que nos unamos para luchar contra esta dinámica capitalista que solo favorece a los más poderosos y perpetúa la desigualdad social. La vivienda debe dejar de ser una mercancía y debe convertirse en un derecho para todas las personas, sin importar su clase social o su capacidad económica.

¡NO FALTA VIVIENDA, SOBRAN ESPECULADORES!

¡ACABEMOS CON EL NEGOCIO DE LA VIVIENDA!

¡LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCÍA!

Sindicatos de Inquilinas de Tenerife (SIT)

San Isidro (Granadilla, Tenerife)

Abril de 2025