PANAMÁ: más allá de la actual coyuntura - por Jesús A. López Aguilar 24NOTICIAS VIP

La incapacidad de los políticos para atender las demandas sociales, establecer un diálogo genuino y proponer soluciones efectivas a largo plazo, amplía el desigualdad entre gobernantes y gobernados, socavando más la frágil confianza en las instituciones democráticas.

El actual panorama político conflictivo de Panamá no es solo un descontento momentáneo, sino el reflejo de una crisis sistémica cuyas raíces se hunden en lo profundo de nuestra historia. La percepción de ser una nación sin liderazgos sólidos, colectivos o individuales, desprovista de proyectos políticos formales, es un clamor que resuena con fuerza en todo el país. No se trata del desgaste de una administración presidencial deficiente, sino la expresión de una patología social que nos ha legado una fragilidad institucional y social palpable.

La victoria del presidente Mulino con un porcentaje de votos de 34,29% no puede ser vista como un mandato robusto o una voluntad popular unificada. Realmente, es el síntoma más evidente de una enorme fragmentación social. Su ascenso al poder, que no es el fruto de un caudal de liderazgo propio, sino el producto de una situación derivada de circunstancias políticas como la inhabilitación de su “jefe político”, subraya la precariedad de un sistema político donde la conexión entre la ciudadanía y “sus autoridades” parece rota irreversiblemente. La democracia, que debería ser útil para superar viejos vicios y la construcción de un futuro más justo, ha permitido la sofisticación de la trampa y ha sido promotora del clientelismo y la corrupción en Panamá.

Para comprender la génesis y la persistencia de esta crisis sistémica, debemos remontarnos al período del General Omar Torrijos Herrera (1968-1981). Su gobierno, revolucionario y nacionalista, se volcó con fervor hacia la causa antiimperialista, priorizando la recuperación de la soberanía sobre el Canal de Panamá y la eliminación de la presencia estadounidense. Esta contienda nacionalista, indudablemente histórica y necesaria para la afirmación de la dignidad e identidad panameña en el concierto de las naciones, concentró gran parte de los esfuerzos, el discurso político y los recursos del Estado. Se implementaron grandes reformas sociales, buscando una mayor inclusión de sectores populares en el proyecto nacionalista, generando una momentánea sensación de unidad y progreso.

Sin embargo, en medio de esta gesta anticolonialista, muchas tareas esenciales para perfeccionar el Estado panameño quedaron inconclusas o fueron pospuestas indefinidamente. La construcción de instituciones sólidas, verdaderamente autónomas y transparentes; la diversificación de una economía excesivamente dependiente del sector terciario y de su posición geográfica; la consolidación de un sistema de salud y educación robusto, equitativo y de calidad para todos; y la erradicación estructural de la pobreza y la desigualdad, no alcanzaron la madurez necesaria.

La fuerte centralización del poder en la figura carismática de Torrijos, si bien permitió avances en la cohesión nacional frente a un enemigo externo y en la estabilización de ciertos conflictos sociales, no ayudó a forjar una verdadera cultura democrática sustentada en la capacidad de autocrítica institucional ni los contrapesos necesarios para abordar las desigualdades internas de manera sostenible y participativa. Ello dejó la herencia de un Estado con capacidades limitadas para la gestión social, una debilidad que se haría patente ante el fallecimiento del General Torrijos y la lucha anticolonialista, habiendo sido concluida, perdió su propósito como aglutinador social.

La invasión estadounidense de 1989 marcó el inicio de una “nueva era”, un momento que algunos pensaron que serviría para la refundación de la nación. Hubo quienes pensaron que este “cambio” permitiría subsanar las deficiencias acumuladas, extirpar los males del pasado y construir un país más justo, equitativo y democrático. No obstante, lo que se observó en las décadas subsiguientes fue el resurgimiento, con mayor virulencia y una alarmante normalización, de los “viejos vicios sociales” que el período torrijista había contenido. El clientelismo político, la corrupción sistémica, la debilidad institucional crónica y la flagrante falta de planificación a largo plazo y de una visión de Estado, volvieron a aflorar con una fuerza devastadora y, en muchos casos, se agudizaron, influyendo en toda la administración pública.

Los gobiernos post-invasión, en lugar de emprender verdaderas reformas profundas que replantearan la relación Estado-sociedad, siempre optaron por soluciones cortoplacistas, políticas reactivas y la perpetuación de prácticas clientelistas. La oportunidad de redefinir el Estado y forjar un nuevo pacto social basado en principios de transparencia, rendición de cuentas y justicia social fue, en gran medida, desaprovechada o sacrificada en pro de intereses particulares. Los partidos políticos, que debían ser los canales de representación y articulación de los intereses ciudadanos, en lugar de evolucionar hacia plataformas ideológicas sólidas y programas fundamentados en una doctrina política real, se consolidaron como maquinarias electorales. Además, los partidos han terminado por convertirse en cómplices de un statu quo de corrupción estructural.

Se centraron en la toma del poder por el poder mismo, careciendo de una visión de amplias miras para el país y de conexión auténtica entre las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía. Esta dinámica ha perpetuado una conveniente fragmentación política, la polarización intencionada y la incapacidad de construir consensos duraderos en torno a proyectos de desarrollo de largo alcance.

En los períodos presidenciales de Martinelli, Varela, Cortizo y en el actual, de forma parcial, ha sido clara la involución que va alcanzando un punto crítico que amenaza la cohesión social y la viabilidad del modelo social panameño. La sociedad panameña y el Estado parecen sumirse cada vez más en un ciclo de deterioro, sin atisbos claros y convincentes de un mejoramiento integral para el conjunto de la sociedad. La desigualdad, lejos de disminuir a pesar de un crecimiento económico que se presenta como “exitoso”, se ha mantenido persistentemente, e incluso ampliado, generando una brecha abismal entre una minoría privilegiada y las grandes mayorías. Simultáneamente, el desempleo, la precariedad laboral, la pobreza, el hambre y la desnutrición persisten o incluso aumentan en vastos sectores del país, especialmente en las zonas rurales, indígenas y urbano-marginales. Los servicios públicos esenciales —salud, educación, saneamiento, transporte, seguridad— no solo son deficientes, sino que en muchas áreas se han arruinado a niveles críticos, generando una profunda frustración, desesperanza y un sentimiento de abandono ciudadano.

Esta precariedad en la provisión de bienes y servicios básicos para la vida digna, que son derechos fundamentales, así como las constantes imposiciones del gobierno para salvaguardar intereses de los poderosos, ha dado lugar a brotes de descontento social cada vez más frecuentes y violentos. Las protestas masivas, los cierres de vías a nivel nacional y la creciente polarización del discurso público son indicadores inequívocos de un hartazgo ciudadano que el sistema político no logra encauzar constructivamente. La incapacidad de los políticos para atender las demandas sociales, establecer un diálogo genuino y proponer soluciones efectivas a largo plazo, amplía el desigualdad entre gobernantes y gobernados, socavando más la frágil confianza en las instituciones democráticas.

La ausencia de “verdaderos estadistas”, con una visión de futuro cuya vigencia trascienda el ciclo electoral y el beneficio personal o de grupo, es, sin duda, una de las mayores tragedias actuales de Panamá. Los supuestos líderes, envueltos en escándalos de corrupción, caracterizados por la falta de un plan nacional coherente y desprovistos de propuestas auténticas y atractivas, son incapaces de ofrecer esperanza y un rumbo claro a la población. Esta situación crea un círculo vicioso pernicioso: desconfianza y desinterés que a su vez dificulta la implementación de cualquier proyecto serio o reforma estructural, llevando a un empeoramiento progresivo y acelerado de la crisis sistémica. El panorama se torna sombrío, con la perspectiva de que “cada gobierno será peor que el anterior” si no se produce un quiebre en esta dinámica.

Este horizonte, me impulsa a valorar la veracidad de un concepto que vengo estudiando hace un tiempo: la necropolítica, acuñado en 2019 por el doctor en filosofía camerunés Achille Mbembe, según el cual el poder soberano no solo decide “quién vive y quién muere” de forma real, sino que también establece quién está expuesto a la precariedad extrema, la enfermedad y la marginación social y quién es protegido de estas condiciones adversas, incluso a expensas de la vida de otros. Este concepto aplicado a Panamá, se manifiesta de manera devastadora en la persistencia de condiciones que exponen a grandes grupos de la población a enfermedades por falta de acceso a la salud, al hambre, carencia en la provisión de electricidad, agua potable y saneamiento, la inseguridad rampante, etc., mientras otros son constantemente protegidos y se benefician de la acumulación de riqueza. Esta selectividad en la gestión de la vida social es una de las caras más crueles de la desigualdad estructural y la inexistencia de un proyecto de nación inclusivo.

Las consecuencias de nuestra crisis sistémica se vislumbran cada vez más funestas, afectando la estabilidad social, la gobernabilidad y la capacidad de Panamá para enfrentar los desafíos del siglo XXI:

1. Aumento de la inestabilidad social: El descontento acumulado en las bases de la sociedad, al no encontrar canales institucionales efectivos de expresión y solución, puede escalar a formas de protesta con consecuencias impredecibles. Amenazando la gobernabilidad, formando un ciclo de reacción y represión que debilita el tejido social.
2. Desgaste profundo de las “instituciones democráticas”: La antipatía ciudadana, el clientelismo atroz, la percepción de corrupción generalizada y la impunidad minan los cimientos de la democracia. Esto no solo debilita la participación ciudadana y la legitimidad de los procesos electorales, sino que también abre la puerta a discursos que prometen soluciones fáciles o, peor aún, a la tentación de soluciones autoritarias.
3. Estancamiento del desarrollo humano: La falta sostenida de inversión estratégica y constante en educación de calidad, en un sistema de salud universal y eficiente, en servicios básicos fundamentales, condena a las nuevas generaciones a replicar los ciclos de pobreza y desigualdad. Esto impide el desarrollo del nuestro capital humano, mermando su capacidad de innovación, productividad y, en última instancia, su potencial para competir en la economía global.
4. Debilitamiento crónico de la capacidad del Estado: La incapacidad para abordar problemas como la desigualdad, la corrupción y la deficiencia de los servicios públicos, debilita progresivamente la legitimidad, la credibilidad y la capacidad operativa del Estado panameño. Esto lo convierte en un actor ineficaz para cumplir su rol esencial de garante de los derechos, el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, creando un vacío que a menudo es llenado por actores improvisados.
5. Pérdida de competitividad y relevancia internacional: Un país inestable, con altos niveles de corrupción, un marco jurídico impredecible y servicios públicos deficientes, se vuelve intrínsecamente menos atractivo para la inversión, tanto nacional como extranjera. Esto frena el crecimiento económico sostenible y disminuye la relevancia de Panamá en el escenario global y regional al no poder ofrecer un entorno de desarrollo confiable y equitativo.

La exposición constante a la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la ineficacia estatal puede generar una desensibilización colectiva, una peligrosa normalización de la precariedad y la injusticia que provocan la indignación, la movilización y la exigencia de un cambio real. No se habla solo de la corrupción individual, sino del sistema clientelista que se beneficia de la inmovilidad y la apatía de la ciudadanía, perpetuando las condiciones que lo favorecen. Por lo cual, el gobierno actual apuesta a la represión y desgaste, algo que será vital para sus pretensiones de reabrir las operaciones de la mina de Donoso.

Sin una visión clara, un compromiso genuino con el bien común y la voluntad para emprender reformas estructurales profundas, cada nuevo gobierno será “peor”, que el anterior, llevando al país a su inexorable camino hacia un futuro incierto y de mayor inestabilidad.

Gracias a Jesús A. López Aguilar y 24NOTICIAS VIP y a la colaboración de Jorge E. Macías Jaramillo

https://www.noticiasvip24.com/panama-mas-alla-de-la-actual-coyuntura/

Comentario de Jorge E. Macías Jaramillo.(*)

Buen trabajo José López Aguilar.  En la medida en que persista la corrupción que padecemos seguiremos  en declive, hacia el antidesarrollo económico social de la mayoría de los panameños.

En la medida en que la oligarquía criolla corrupta corruptora “que es la que  gobierna en  Panamá” desde el club unión continúe designando a los candidatos de elección popular, continúe corrompiendo a Diputados en la Asamblea Nacional, a funcionarios “Jueces, Magistrados en el  Órgano Judicial,  en Panamá: Corruptolandia” continuaremos padeciendo de políticas internas que favorecen a la misma  Oligarquía  la clase política corrupta y corruptible,  la clase  empresarial  corrupta, donde todos ellos “ corruptos arropados con la manta de la impunidad, en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos que son lo que pagan impuestos y con su trabajo y consumo cotidiano  contribuyen a sostenimiento del país mientras que  los corruptos y nuevos gobernantes se enriquecen.  Porque los corruptos No Pagan impuestos”, donde la elevada evasión fiscal  el daño a las finanzas panameñas es por  el orden de $ 8,000,000,000 a $ 9,000.000.000 ( ocho mil a nueve mil millones de  dólares por año)  cifra estratosférica que si el gobierno y sus instituciones correspondientes cumplieran con su misión y función recaudatoria, esos millones de dólares  bien administrado y aplicados para los programas para el  desarrollo de los panameños son suficientes para que disfrutemos de mejor calidad de vida para todos  sin incrementar la deuda del país.  Por el  gran robo a las finanzas públicas “ de múltiples maneras”  tenemos múltiples consecuencias una de ellas es que los millones de dólares que el canal aporta al estado panameño cada año equivale a los millones de dólares que pagamos por intereses de la deuda de nuestro país, dicho de otra manera: Todo el dinero que entrega el canal es para el pago de los intereses de la deuda externa.   ¿Qué porcentaje del dinero que se ha recibido vía deuda externa ha parado en los bolsillos en las cuentas bancarias de los gobernantes y de los que nos roban en nuestro país?

La necesidad urgente es agruparnos entorno a un partido político y candidatos con la misión de

1.Gobernar con honestidad, honradez transparencia, vocación de servicio social  para beneficio de los panameños  sobre todo para desarrollo y beneficio de los  panameños de a pie.

2.La mejor política ambiental a favor de la biodiversidad y para frenar el calentamiento global es:  Evitar a toda costa el reinicio de la ecocida megaminería en la frágil cordillera central del Istmo de Panamá.

3. La mejor política externa es privilegiar la Paz mundial, 

Continuar con La neutralidad del Canal y todo el territorio panameño.

Con respeto a la integración de los países para el desarrollo y la Paz  mundial duradera. 

Privilegiar el disfrute de los Derechos Humanos universales,  La práctica cotidiana de los Valores Humanos Universales.   El respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.