En el tema de las prospecciones vemos cómo se complementan mutuamente el centralismo despiadado de Soria y el nacionalismo demagógico de Rivero

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SB-Noticias.- El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, valoró en La Trapera de Radio San Borondón la nueva polémica surgida en torno a las prospecciones tras la solicitud del gobierno de Canarias de realizar un referéndum ciudadano y  recuerda que cuando el gobierno de Aznar concedió a Repsol las autorizaciones, el gobierno de Canarias no formuló ningún conflicto de competencias, cuando era la herramienta constitucional más útil.

Santiago Pérez recuerda que siempre ha dicho que actividades como las prospecciones petrolíferas no convienen a Canarias, no en vano defendió ante el Parlamento de Canarias esta postura en uno de los primeros capítulos de este culebrón, pero añade que a lo largo de este culebrón se están entremezclando muchas cosas, algo que cuando ocurre en política, hay que tratar de mantener la mente clara, “porque si no, el director de la película nos acaba metiendo en una trama en la que se ponen en juego muchos trucos, de manera que acabamos cayendo en la trampa de esas truculencias”.

En este caso tenemos dos codirectores en el culebrón, José Manuel Soria y Paulino Rivero, los cuales se necesitan cada vez más porque el comportamiento irresponsable de uno, el del Ministro Socia, claramente escorado hacia intereses empresariales que no son los de Canarias, reclama las iniciativas y las demagogias del otro, el presidente Rivero: “Los dos siempre se han necesitado y ahora también”, de manera que se vemos cómo se complementan mutuamente el centralismo despiadado y el nacionalismo demagógico, con lo que se puede afirmar que no existiría uno sin la presencia del otro.

El ex diputado socialista recuerda que este culebrón se origina en la etapa de Aznar como presidente, cuando dio a Repsol autorización para realizar actividades de estudio y de prospección, que de resultar exitosas le darían a la multinacional un derecho preferente para explotar el crudo que haya, tiempos en los que CC no se oponía a esta industria: “Es más, todo el mundo sabía que quien era gran conseguido en Madrid del gobierno canario en aquella época, José Carlos Mauricio, estaba de acuerdo con las prospecciones, lo que pasa es que como siempre ha creído que es el más listo de la clase lo que buscó es que la decisión la tomara el gobierno de España para que CC no experimentara ningún desastre”.

Según Pérez, CC quería obtener contraprestaciones sin recoger desgaste político, es decir, “un pleno al 15” y afirma que la prueba de lo que está diciendo es que cuando el gobierno de Aznar concedió a Repsol las autorizaciones, el gobierno de Canarias no formuló ningún conflicto de competencias, que en su opinión era el mecanismo constitucional más eficaz para parar los sondeos.

Al respecto, el político tinerfeño explica que las únicas reclamaciones que se produjeron, aunque no frente al Tribunal Constitucional porque no tenían cauce para ello, sino ante la jurisdicción contencioso administrativa, las plantearon el Cabildo de Lanzarote y el PSOE conejero y añade que fue a consecuencia de esas reclamaciones que se produjeron los primeros pronunciamientos del Tribunal Supremo anulando por defectos formales importantes las autorizaciones del gobierno de Aznar.

Por tanto, fue en los años 2004 y 2005 cuando se iniciaron los debates parlamentarios, en los que CC tampoco se mostraba contraria a las prospecciones: “José Miguel González, personaje muy influyente en CC mantenía que este problema lo decidieran las Cortes Generales” y añade que en este asunto están involucrados intereses generales del país, por lo que el Estado tiene competencias y capacidad de decisión muy importantes sobre esta materia porque en caso de éxito, se contribuiría a rebajar la factura energética de un país muy dependiente, con independencia de que se trata de la explotación de energías contaminantes y del desarrollo de un modelo energético ya caduco, máxime cuando además se trata de actividades en el lecho de aguas territoriales, que corresponden a la decisión del Estado, pero aunque eso sea así, es evidente que las prospecciones y sus posibles consecuencias afectan a competencias y a intereses muy importantes de Canarias, en lo que respecta a la ordenación de las competencias económicas, la regulación de recursos naturales y en turismo.

Santiago Pérez explica por tanto que estamos tratando un asunto complicado, en el que se entremezclan competencias estatales y competencias canarias: “Desde el primer momento yo planteé que este asunto no se podía resolver jurídicamente”.