Verdades Migratorias Migrar no es un delito - por Luis Britto García
Verdades Migratorias Migrar no es un delito
Luis Britto García
Estados Unidos se formó gracias a la migración. Las pequeñas 13 colonias de la Costa Atlántica se expandieron por compra, como aconteció con Alaska, Luisiana y Florida o por conquista, como ocurrió con Hawái, las Filipinas, Puerto Rico, y más de la mitad del inmenso territorio de México. La expansión acompañó el genocidio masivo de los pueblos originarios. En el desierto demográfico así creado se recurrió a dos políticas poblacionales drásticas: la esclavitud perpetua, y la temporal.
El ingreso de nuevos pobladores en efecto se produjo mediante el sistema de indentured servants. Para pagar su pasaje al Nuevo Mundo, debían los migrantes comprometerse como sirvientes sin salario por tres a ocho años. Este sistema era peor que la esclavitud, pues el amo debía moderar la explotación del esclavo para que su muerte no le hiciera perder lo invertido, mientras que el patrono del sirviente debía exprimirlo lo más posible antes de finalizar su servidumbre pactada. Los sirvientes podían ser vendidos, negociados y revendidos como esclavos, y buena parte de ellos debía su condición al secuestro o al engaño. Entre 1630 y 1755 el 48% de los migrantes ingresaron a América del Norte bajo este sistema, que proporcionaba la mayor parte de la fuerza de trabajo hasta que en 1864 la Enmienda 13 de la Constitución prohibió la esclavitud y la servidumbre involuntaria.
Aun así, territorios tan extensos seguían siendo vacíos demográficos. La naciente República abrió sus puertas a la migración, pero tamizada por el racismo. La Ley de Naturalización de 1790 concedió ese privilegio sólo a “gente blanca libre”. Las Leyes de inmigración de 1921 y 1924 fijaban cuotas máximas y privilegiaban a migrantes de Europa del Norte y del Oeste mientras restringían a los de Europa del Sur y del Este. Sólo en 1965 la Ley Hart Cellar eliminó nominalmente las cuotas racistas, y legalizó el ingreso de oriundos de Asia y América Latina.
La población estadounidense de personas nacidas en el extranjero alcanzó un record de 47,8 millones en 2023, un incremento de 1,6 millones con respecto al año anterior, el mayor en veinte años desde el 2000. Representan actualmente 14,3% de la población, casi el triple del 4,7% de 1970. Es la proporción más alta desde 1910, pero inferior al record de 14,8% de 1890. De ese total unos 23,4 millones, el 49% se habían nacionalizado; 11,5 millones, el 24% eran residentes legales; y 11 millones, el 23%, eran residentes “no autorizados” o ilegales.
(https://www.pewresearch.org/
¿Desequilibran los migrantes el mercado de trabajo, le arrebatan sus puestos a los estadounidenses por nacimiento? Para 2022 la fuerza laboral de Estados Unidos era de 171,1 millones, de los cuales 146,6 habían nacido en el país, 22,2 millones eran inmigrantes legalizados, 8,3 millones no legalizados. Éstos representan apenas el 4,8% de la fuerza de trabajo (US Census Bureau Data). La sumatoria de migrantes es comparativamente modesta, y la de no legalizados, todavía menor. Todos desempeñan los trabajos más duros, desagradables y peor remunerados, que los nacidos en el país no quieren aceptar, y la condición de “no legalizados” les impone aceptar condiciones laborales todavía peores, bajo amenaza de denuncia a la policía migratoria ante el más mínimo desacuerdo o reclamo.
¿De dónde llegan hoy los migrantes a Estados Unidos? De México 10,6 millones, un 23%; de India 2,8 millones, un 6%; de China, 2,5 millones, un 5%; de Filipinas, 2,0 millones, un 4%, de El Salvador, 1,4 millones, un 3% (American Community Survey, IPUMS). El presidente de este último país, Nayib Boukele, se presta a secuestrar deportados sin fórmula de juicio por una desinteresada cuota de 20.000 dólares anuales. El gran negocio sería que le deportaran toda la emigración salvadoreña en Estados Unidos y cobrara a la potencia norteña por mantenerla encarcelada.
En Estados Unidos los migrantes ilegales viven en 6,3 millones de hogares que cobijan 22 millones de personas, el 4,8% de los 130 millones de hogares del país. En 86% de los primeros el jefe de familia o su esposa son “ilegales”, que viven con legales o nacionalizados. 4,4 millones de nacidos en el país conviven con ellos. El intento de separarlos crea dramas brutales.
Al asumir el poder, Donald Trump inició una campaña de acoso contra los migrantes materializada en Executive Orders (decretos), algunas de las cuales violaban principios constitucionales, como la nacionalidad de los nacidos en territorio estadounidense, o el permiso de deportar supuestos enemigos del país, pero sólo en situación de guerra. El resultado fue una cacería humana indiscriminada de migrantes ejecutada por caza recompensas, con la subsiguiente deportación automática, no precedida de juicio, derecho a la defensa ni condena.
La cacería prosiguió por los más diversos ámbitos. El 89% de los republicanos y el 44% de los demócratas opinó que se debería permitir los arrestos en protestas y concentraciones; 84% de los republicanos y el 44% de los demócratas apoyó que se efectuaran en los hogares; 52% de los republicanos los consideró procedentes en centros de culto religioso. Eran medidas para suscitar terror, y lo lograron: 19% de los adultos declararon preocupación porque ellos, un familiar o un amigo pudieran ser deportados; 30% confesaron extrema preocupación porque se les reclamara probar su ciudadanía o estatus migratorio, 42% de los Hispanos temen que ellos o algún allegado sea deportado (https://www.pewresearch.org/
Venezuela ni siquiera figura entre las primeros cinco mayores fuente de migrantes para la potencia del Norte. Según cifras estadounidenses quizá exageradas, apenas unos 270.000. El escándalo mediático, la ilegalidad flagrante y la inhumana humillación que acompañaron la deportación de unos dos centenares de compatriotas no tiene nada que ver con el volumen de migración de éstos, sino con la rabieta provocada por la acumulada frustración estadounidense de no poder apoderarse de nuestros hidrocarburos.
El miedo ha pasado a ser el modo de vida de la mayoría de los migrantes en la potencia norteña. Vergonzosa situación para un país en el cual la casi totalidad de la población actual llegó de afuera.
TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO.
Migrar no es un delito
Migrante es todo aquél que vive o intenta establecerse fuera de su país de origen.
Informa la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU que a mediados de 2020 se estimaba el número de migrantes en 281 millones de personas, el 3,5% de la población mundial (casi el doble de los 144.820.423 habitantes de la Federación Rusa).
Según el Proyecto “Migrantes Desaparecidos” de la Organización Internacional de las Migraciones, desde 2014 hasta 2020 perecieron más de 63.000 migrantes en tránsito en el mundo. Unos 22.871 fallecieron en el Mediterráneo. La frontera más mortal del planeta es la que separa Estados Unidos y México (https://www.un.org/es/
Muchas y muy diversas causas fuerzan a migrar. La principal es la intrusión abusiva de potencias coloniales en sociedades relativamente estables a las cuales tal intervención desmantela y desarraiga parte de su población. La lista de ejemplos históricos sería inagotable.
El estudio "Introducing the Military Intervention Project: A New on US Military Interventions, 1776-2019", de Sidita Kushi, del Departamento de Ciencias Políticas de Universidad Estatal de Bridgewater, revela que en ese lapso la potencia del Norte ha ejecutado unas cuatrocientas intervenciones armadas en diversos países (https://misionverdad.com/
De ellas, más de setenta han sido perpetradas en nuestro hemisferio, anexando territorios, como Alaska, Luisiana y Florida y más de la mitad de la extensión de México, incorporando países como Hawai o Puerto Rico, usurpando zonas estratégicas como el Canal de Panamá, derrocando gobiernos indóciles, como en Guatemala, República Dominicana o Chile, sosteniendo bloqueos para aniquilar económicamente países como Cuba, Nicaragua o Venezuela.
Tras cada injerencia desestabilizadora, han fluido hacia la potencia del Norte oleadas de desplazados. Éstos facilitan al capitalismo una mano de obra sin derechos e inconcebiblemente barata, y un chivo expiatorio al cual culpar de todas las fallas del sistema. Siembra intervenciones, cosecharás migrantes.
Mientras prosiguen intervenciones y acusaciones, reflexionemos. Un Estado tiene derecho a determinar quiénes pueden ingresar y permanecer en su territorio, pero regulándolo con sus leyes, aplicándolas con sus tribunales, y no mediante medidas ejecutivas arbitrarias y discrecionales.
Ninguna de las deportaciones de venezolanos dispuestas por el segundo gobierno de Trump resulta de decisiones judiciales, sino de un capricho que a veces viola derechos constitucionales, como el establecido en la Enmienda 16, que acuerda la nacionalidad a todos los nacidos en territorio estadounidense.
Tampoco es válido deportar en masa invocando la obsoleta Ley de Enemigos Extranjeros de 1786, que un juez de Estados Unidos declaró inaplicable cuando no existe Estado de Guerra.
Por tales motivos el juez Edward Chen, de San Francisco, en Califormia, detuvo la revocación del Estatuto de Protección Transitoria para los venezolanos prevista para el 7 de abril, por considerarla discriminatoria.
Quien delinque debe ser juzgado con debido proceso en el país donde ocurre el hecho, y una vez que haya recaído sentencia definitiva y firme, cumplir condena en el territorio del mismo. Ninguna de las deportaciones de venezolanos obedece a sentencia firme de un tribunal competente, y son por tanto nulas de toda nulidad.
La mera presunción no probada de que una persona haya cometido un hecho punible, o de que lo hayan perpetrado personas de la misma procedencia, nacionalidad o grupo étnico, no puede causar una sanción colectiva contra todos. La sospecha no constituye ni retira derechos.
La deportación acordada en cumplimiento de una ley local debe ser ejecutada a costas y por los medios del Estado que la adopta. No se puede pedir a Venezuela que envíe sus aeronaves a un país como Estados Unidos, que tiene por costumbre robarlas.
Las penas de privación de libertad sólo pueden ser declaradas por los tribunales del Estado donde se cometió el hecho punible, y por consiguiente sólo pueden ser aplicadas en el sistema penitenciario del territorio de éste.
La deportación legal y acordada por debido juicio sólo procede hacia el país del cual es nacional el deportado, salvo que en éste exista un justificado peligro para su vida. Nunca hacia terceros países ajenos para deportados y deportadores, en los cuales no rigen las leyes de los primeros ni de los segundos, a cambio de un soborno para mantener secuestrados, como ocurre en el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) de El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Boukele.
Estados Unidos ha mantenido sistemáticamente campos de concentración
Estados Unidos, con sólo el 5% de la población mundial, tiene el 25% de toda la población carcelaria del planeta: 2.3 millones de personas para 2023, unos 639 reclusos por 100.000 habitantes. El 76% de los presos están sometidos a trabajos forzados para pagar su mantenimiento y comprar alimentos y suministros sobrepreciados, o por simple amenaza. Esta esclavitud produce más de 11.000 millones de dólares anuales en bienes y servicios (theexodusroad.com/es/human-
Para 2019, la proporción de negros e hispanos encarcelados supera a la de su cuantía demográfica: los negros son el 13,4% de la población de Estados Unidos y el 33% de sus reclusos; los hispanos el 18,3% de los habitantes y el 19,9% de prisioneros; los blancos, 60,4% de los ciudadanos y el 36,8% de los prisioneros (https://www.univision.com/
Estas cifras califican a la sociedad que las genera.
TEXTO/FOTOS: LUIS BRITTO.