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viernes, 19 de abril de 2024 10:24h.

Comunicado de PODEMOS Santa Brígida, sobre la sentencia del Centro Comercial (Mamotreto)

La sección 1ª de la Sala de lo Contenciosos-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, condena al Ayuntamiento de Santa Brígida al pago de una cantidad que podría superar los 20.000.000 de euros a la UTE encargada de edificar el Centro Comercial conocido como el “mamometro”

Comunicado de PODEMOS Santa Brígida, sobre la sentencia del Centro Comercial (Mamotreto) 

La sección 1ª de la Sala de lo Contenciosos-administrativo del Tribunal Superior de Justicia, condena al Ayuntamiento de Santa Brígida al pago de una cantidad que podría superar los 20.000.000 de euros a la UTE encargada de edificar el Centro Comercial conocido como el “mamometro”

            La indenmización cuyo Derecho reconoce la Sala, es consecuencia del incumplimiento del contrato celebrado entre el  Ayuntamiento de la Villa y la UTE constructora al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público.

Así, en la sentencia ahora notificada a las partes, la Sala, indica que:

La obra proyectada, especialmente en lo que se refiere al edificio de aparcamientos y centro comercial, se halla construida en casi la totalidad de su estructura básica y paralizada desde hace mucho tiempo a la espera de la resolución de este proceso.

Ello deviene en una serie de perjuicios económicos importantes y cuantiosos tanto para el Ayuntamiento al que represento, como para la empresa concesionaria que según contrato de obra pública suscrito, ha corrido con todos los gastos de materiales y mano de obra y se ve privada de su explotación.”

En concreto, tiene su origen la responsabilidad del Ayuntamiento en el incumplimiento, abierto y manifiesto, de los trámites conducentes a la aprobación del proyecto modificado que decidió acometer en acuerdos plenario de 4 de agosto de 2004  ‑218 a 285 del Tomo I del Expediente Administrativo‑  y 28 de julio de 2005  ‑294 a 306 del Tomo I del Expediente Administrativo‑. Trámites, los señalados, que  nunca llegaron a realizarse, y que muy difícilmente podrán efectuarse (al menos, en los términos establecidos en los acuerdos plenarios referidos)  tras la Sentencia de la sección 2ª de esta Sala, de 8 de febrero de 2007 (confirmada en su integridad por la STS de 31 de mayo de 2011).

 El motivo es estimado por cuanto que el contratista tiene derecho a ser indemnizado como consecuencia de los daños y perjuicios derivados de la suspensión de las obras en aquellos casos en los que, como sucede en el aquí analizado, la Administración contratante no procedió expresamente a declarar esa suspensión, pero sí se produjo una suspensión de las obras.

            Respecto a la cuantía de la indemnización, y en base a la prueba pericial practicada, la Sala reconoce el derecho de la parte apelante a ser indemnizada por dicha Corporación en la suma de 8.032.552 euros, por los perjuicios irrogados durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2005 y el 17 de marzo de 2011, más la suma de 3.743,03 _ por cada día adicional de paralización transcurrido a partir del día 17 de marzo de 2011, cuyo importe final habrá de determinarse en la fase ejecutiva del presente proceso, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa”

            La cuantía, como indicamos, puede llegar a suponer una cantidad superior a los 20.000.000 de eur, dependiendo del momento de la ejecución, ya que al principal hay que sumar 3.743,03 euros diarios desde el 14 de mayo de 2005, y aparte los intereses legales desde ese año hasta el momento en que se haga efectiva la indemnización.

            Es evidente la actuación negligente de la corporación en todo el procedimiento que llevó a la construcción, suspensión de la licencia y paralización de las obras del Centro Comercial, cuyo esqueleto de cemento constituye un MONUMENTO AL FRACASO Y A LA DEJADEZ MUNICIPAL observable para cualquier visitante.

            El proceso está viciado desde su aprobación inicial, dónde no se tuvo en cuenta el sentir de los convecinos.

            En un municipio con casi 2.000 parados y con unos presupuestos que solo destinan menos de 200.000 euros a gasto social, la millonaria indemnización que tiene que afrontar el Ayuntamiento, va a lastrar durante mucho tiempo el desarrollo de la villa satauteña. Algo totalmente inmerecido para sus habitantes.

            Mientras tanto, la rancia casta que nos gobierna seguirá manteniendo los sueldos de concejales y asesores, y mirará hacia otro lado al bajarse de sus coches oficiales.