Congelan a los más pobres

 Si allá en mi etapa de Bachiller en el Colegio Cardenal Cisneros de Gáldar la señorita Carmelina insistía en aquello de «en horas veinticuatro pasaba de las musas al teatro» para referirse a la prodigalidad creadora de Lope de Vega, en dos días del mes de diciembre -28, inocentada, y 29- pasamos de las profundas tinieblas a las primeras y tímidas luces en los reales presupuestos de la Jefatura del Estado; supimos que el señor Urdangarín, presunto malversador, prevaricador y defraudador a la cosa pública (búscanse dieciséis millones de euros), había sido imputado por el señor juez instructor del caso «Palma Arena» y que, al fin, tendrá que ir a declarar. (Pregunto: ¿Esto traducirá la retirada del pasaporte y la entrega de una fuerte fianza ante posibles daños a terceros, entre ellos la propia Administración, es decir, nosotros?) Y, en tercer lugar, sabemos que el Gobierno congela el salario mínimo (642 euros), lo que afecta directamente a 183.000 personas que cobrarán casi nueve mil euros ¡anuales! Más: cerca de dos millones de trabajadores a tiempo parcial (son datos oficiales) reciben setecientos euros mensuales, 9.800 al año, un despilfarro. Pero vayamos por partes.

   Una. Los presupuestos y distribución de aquellos millones dados a conocer por la propia Jefatura del Estado no están controlados por organismos independientes como, por ejemplo, en Holanda: el Tribunal de Cuentas y el Parlamento auditan el presupuesto asignado. En Dinamarca lo hace la consultora KPMG. Y en Suecia –con una asignación parecida a la de España- es una auditoría externa la encargada de controlar hasta la última corona sueca (no como símbolo real, sino como moneda del país, aclaro).

   Pero fiscalizaciones y controles no son algo nuevo en las monarquías europeas, muy al contrario: aquellos ciudadanos saben desde hace muchísimos años en qué se gastan su dinero. Por tanto, respondo a ciertos portavoces: que en España se haga público el presupuesto no es ningún mérito de la Jefatura del Estado, al contrario: es una obligación y es un derecho de los contribuyentes, los paganinis.

   El rey español cobra 300.000 euros anuales, de los cuales más de la mitad son como complementos por su cargo. O lo que es lo mismo, dinero limpio, íntegro, sin rebajas por gastos de alojamiento, agua, luz, viajes, planchadores, mayordomos, conductores, cocineros, camareros, comidas… Pero si eso ya es sorprendente –cobra cuatro veces más que el presidente del Gobierno, y no ha de ganarse el puesto cada cuatro años, ni nadie le exige responsabilidades-, es casi galáctico lo que se designa a su real mujer, a las hijas y a la nuera –por decisión del marido, padre y suegro, a la vez- para gastos de representación: casi cien mil euros percibe cada una.

   Por esa regla de tres, cada vez que la mujer, la hija o la nuera de algún alto cargo –presidente de Comunidad, por ejemplo, o almirante- presiden una mesa petitoria para la Cruz Roja, deben cobrar «gastos de representación», pues están allí no por ellas, claro, sino por ser quienes son en relación con la autoridad a la que representan.

   Dos. No es ninguna casualidad que las cuentas reales se presentaran un día antes de la imputación del yerno, el que queda. En esta situación de terrible crisis en la cual se restringen o eliminan ayudas sociales (dependientes), profesores, sanitarios, y hasta hospitales en obras se paralizan, amén de los casi cinco millones de parados y la dolorosa realidad de la generación perdida (los jóvenes), bien es cierto que la gente está harta de ver cómo se dilapida su dinero, cómo se roba (supuestamente), cómo se ha profesionalizado la política y en ella vegetan absolutas incompetencias, torpezas humanas, gentes desideologizadas.

   Es, pues, algo así como una salida hacia delante de la propia Jefatura del Estado, la más interesada en demostrar que nada hay que ocultar, que todo está límpido y transparente, y que la hipotética actuación del último y único yerno es algo personal, cuya responsabilidad –si la hubiere- debe caer exclusivamente en él.

   Así, el señor Urdangarín se va a ver solo, sin la protección de su suegro. Y, por supuesto, deduzco que muy seguro debe estar el señor juez en cuanto que lo ha imputado y parece, según Hacienda, que están en juego dieciséis millones de euros (oficiales) que, dicho sea de paso, álguienes concedieron (¿con qué garantías?).  

   Y tres. Un profesor de Medias necesita tres años y algún mes más para ganar cien mil euros. Las señoras de la familia real consiguen la cantidad en un año, sin aulas, sin padres, sin atosigamientos, sin malcriadeces ni prepotencias. Cada uno de los 183.000 empleados que cobran el salario mínimo precisa once años de trabajo para alcanzar los cien mil euros.

   Y a pesar de los pesares, el Gobierno congela –es la «coyuntura económica general»- los seiscientos cuarenta y dos euros mensuales que cobran. Ya no solo es que se maltrate la dignidad humana, en este caso por los suelos; ni tampoco que se abandone a su suerte a esa masa de gente que, especializada o no, debe conformarse con lo que tiene, son malos momentos. Lo que sorprende y anonada –me impacta, vive Dios- es que el Gobierno pretenda contrarrestar la crisis con unos cuantos miles de euros que dejarán de percibir esas casi doscientas mil personas, las más explotadas, casi en esclavitud. No, no es serio, ni justo, ni decente.