PRENSA CANARIA DEL 27-3-18

Todos los medios destacan las informaciones sobre la situación de Puigdemont, encarcelado, a la espera de la decisión judicial sobre su extradición a España, pedida por el magistrado del Tribunal Supremo, Llarenas, instructor del caso.

Cuatro estados europeos están implicados en las peticiones de Llarenas: Bélgica, donde permanecen los miembros del Parlament que acompañaron a Puigdemont al exilio; Suiza, refugio de Marta Rovira, el Reino Unido, a donde se trasladó desde Bélgica la ex consejera Ponsatí, catedrática de universidad en Glasgow; y, finalmente, Alemania, país en el que está encarcelado Puigdemont. En Bélgica, la acusación de rebelión no existe en su Código Penal; Suiza, por lo visto, tampoco la contempla; Alemania, por lo visto contempla un delito que podría ser similar, pero requiere violencia para separar una parte del territorio del resto del país.

 Hay que recordar que más de 100 catedráticos de Derecho Penal de universidades españolas declaran que no se dan las circunstancias para considerar que se haya cometido delito de rebelión. La instrucción de Llarenas trata de demostrar que existía un plan de secesión que se llevaría a cabo mediante la violencia. Lo cierto es que, desde que en 2010 el Tribunal Constitucional, a instancias del PP, derogó parte del articulado del Estatut, previamente aprobado en referéndum y antes convenientemente “cepillado” en la Comisión Constitucional del Congreso, los partidos nacionalistas catalanes promovieron la campaña del “Procés”, es decir, de avanzar hacia un referéndum de autodeterminación, que pretendieron pactar con el Estado. En el referéndum del 1-10-17 hubo violencia, no cabe duda, pero sus responsables no fueron los más de dos millones de electores que votaron, sino los que decidieron usar la fuerza para impedirlo.

La represión del Estado contra los representantes legítimos del pueblo catalán es un atentado contra el derecho de los pueblos a decidir su destino. Es la voluntad ciudadana la que legitima las leyes. El TC vulneró en 2010 esa voluntad. El TS está, hoy, desconociendo a los diputados que han cumplido con sus promesas electorales, por las que se les votó. Este es un conflicto a resolver mediante la convocatoria de un referéndum. No hay otra solución democrática.

 

POBREZA ENERGÉTICA Y BONO SOCIAL

La Provincia: “Miles de canarios se exponen a perder la ayuda para pagar la luz”.

Hoy, continúa la información sobre las dificultades para tramitar la documentación necesaria para acogerse al bono social eléctrico. El decreto de octubre pasado, que daba un plazo para presentar las solicitudes hasta el 10 de abril, impone la presentación de documentos que en muchos casos no pueden ser emitidos por los servicios sociales municipales por no ser de su competencia. De otra parte, de los 100.000 posibles solicitantes, muchos creen que no tienen que hacer renovación de solicitud. Se han presentado 8.000 solicitudes, de las que poco más de 4.000 cubre los actuales requisitos.

Ante la situación, tanto el vice consejero de Políticas Sociales del gobierno canario, Francisco Candil,  como el concejal de Cohesión Social de Las Palmas, Jacinto Ortega expresaron su rechazo a este nuevo bono eléctrico, entre otras cosas, porque la nueva normativa obliga a las instituciones locales a financiarlo.

Ortega ha convocado reunión el día 5 de abril a los concejales de Servicios Sociales de las demás grandes ciudades de Canarias, Santa Cruz, La Laguna y Telde para abordar el problema. Anunció que estudia recurrir el decreto, como han hecho Barcelona y Castilla- La Mancha.

Nuestro comentario: En lugar de atender las situaciones de exclusión pobreza, se levantan trabas burocráticas para no reconocer el derecho a recibir atención. Supuestamente los culpables de no recibir ayudas son los excluidos.

 

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

Canarias 7: “Suben las pensiones mínimas y de viudedad”. “856,9 “€ de pensión” “La subida del 0,25% de las pensiones tendrá un coste de 332,37 millones de euros.” “El PSOE ve muy difícil apoyar unos PGE de “recortes”. “Impulso al presupuesto sin apoyo asegurado”. “Aprobación, hoy”.

El Día: “Clavijo: “Sería tremendamente injusto con Canarias frustrar el presupuesto”.

La Opinión: “El acuerdo presupuestario de PP y Cs eleva las pensiones más bajas el 2%”

Ayer, en rueda de prensa, el líder naranja, Albert Rivera anunció el acuerdo con el PP para los presupuestos. Según dijo, sus propuestas de subida del 2% de las pensiones mínimas y de viudedad, de las deducciones en el IRPF para pensionistas que no rebasen los 1200 euros de nómina mensual han sido aceptadas por el Gobierno. Sobre las reclamaciones de otros grupos en torno a las pensiones, exige que se negocien en la comisión del Pacto de Toledo y que suscriban los presupuestos.

El proyecto, que se aprueba hoy en Consejo de Ministros extraordinario, tiene un techo de gasto de 119.834 millones de euros, un 1,3% superior al de 2017.

Incluye la subida salarial a los empleados públicos del 1,75%, que forma parte de un acuerdo trianual.

Se aumenta la financiación autonómica en 4320 millones.

Subida de pensiones mínimas y de viudedad y rebajas fiscales.

Se establece un complemento de 430 € para jóvenes en contrato de formación.

Junto al presupuesto, presentación de nuevo cuadro macroeconómico, revisando el crecimiento al alza, del 2,3% al 2,5%.

No está asegurado el apoyo a los presupuestos, que necesitan 176 votos. PP y aliados, (Foro Asturias y UPN) suman 137 votos. Ciudadanos, 32. Faltan 6, de los que CC aporta 1 y NC otro. Si no se consigue el acuerdo del PNV no se aprobarán.

El PNV condiciona su apoyo a la retirada del 155. Luego..

Por otra parte, Fernando Clavijo, al que le trae al pairo el significado social de los presupuestos, al que le importa la “agenda canaria”, es decir, fundamentalmente REA, POSEI, subvenciones al transporte, al agua y  convenio de carreteras, cuestiones todas que, fundamentalmente, van al empresariado, se lamenta de que el PNV sea reticente ante los presupuestos. Es incapaz de entender que si el PNV apoya el 155 pierde legitimidad.

Nuestro comentario: La rebaja del déficit público, impuesta por la Comisión Europea supone la reducción del gasto social: Sanidad, Educación, dependencia. Aumenta el gasto militar, el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por supuesto, no hay ningún aumento sustancial del salario mínimo, ni se consideran fórmulas que permitan detectar y sancionar el enorme fraude fiscal o la economía sumergida. Siguen rebajados los impuestos de sociedades, los de Sucesiones, etc. Las grandes fortunas, las grandes empresas son las beneficiarias de la política fiscal, mientras que la mayoría  ve como aumentan las diferencias sociales, empeoran los servicios, continúan los desahucios y se cronifica la pobreza.

Mejorar la situación de la mayoría requiere aumentar los ingresos públicos mediante una fiscalidad progresiva, la persecución del fraude y la economía sumergida, la derogación de las dos reformas laborales y de pensiones y el aumento del salario mínimo hasta los 1080 €.

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CANARIA

El Día: “Canarias cerró 2017 con un superávit de 295 millones de euros, un 0,67 de PIB”.

Canarias es una de las comunidades que más se ha esforzado en reducir el déficit. Pasa de tener  un déficit de 460 millones en 2016, al superávit de 2017. Es una de las cuatro comunidades que ingresan más que lo que gastan: País Vasco, Navarra y Baleares, junto con Canarias.

Nuestro comentario: El cumplimiento del déficit es compatible con el deterioro de los servicios públicos por encima de la media del Estado, con estar en el último lugar en la atención a la dependencia, con ser la comunidad con mayor desigualdad y con más ciudadanía en riesgo de pobreza, el 44,6% según los últimos informes. No se ha querido ampliar los fondos de la PCI, ni implantar la renta básica, ni complementar las pensiones mínimas. Lo que se ahorran servirá para gastarlo en infraestructuras innecesarias, carreteras a colapsar, cualquier cosa que genere beneficios empresariales y ¿reparto de comisiones?.

 

¿CORRUPCIÓN CANARIA?

La Provincia: “Agüimes baraja llevar al juez las noticias sobre su gestión económica”.

Canarias 7: “Fiscalía incoa la denuncia de Norberto Pérez a Antonio Morales”.

Como se recordará, el pasado 13 de marzo se presentó en la Fiscalía Anticorrupción denuncia contra Antonio Morales por un presunto delito de corrupción administrativa en relación al ejercicio presupuestario del ayuntamiento de Agüimes en 2013, siendo alcalde Antonio Morales. La Provincia informó del hecho, ocultando el nombre de la persona. Ahora cobra otro cariz la denuncia de Morales de que la denuncia la presentó un testaferro del periódico.

Nuestro comentario: Esperamos que Morales explique los hechos. Pero lo que está quedando claro es que hay quienes, en lugar de luchar contra la corrupción usan la denuncia para extender las sospechas sobre todos, eludiendo las propias corruptelas. Tiene gracia que los del caso Faycán, los del partido de Soria, o de Miguel Zerolo se rasguen las vestiduras.

Selección y notas:

Domingo Méndez Rodríguez