Julián Ayala y Sergio García, víctimas de la saña municipal, Ley Mordaza en ristre - por Chema Tante *

Como toda organización política neoliberal, la corporación empresarial que se hace llamar Coalición Canaria tiene como objetivo, misión y función, utilizar la política como instrumento de favorecimiento de los intereses económicos privados de quienes les apoyan.

La empresa Coalición Canaria, del genuflexo Clavijo, del ético Alonso, del zascandil Bermúdez o del servil Arteaga trabaja con denuedo para que las empresas a las que tanto quieren y a las que tanto deben, puedan mantener sus maniobras de especulación. Por eso, al dictado del comisario Ortega y del derviche Francisco, la llamada Coalición Canaria le ha metido por los besos al pueblo canario una fatídica Ley del Suelo que legaliza las continuas estrategias de desarrollismo como sea, de construcción sin venir a cuento, de sobreoferta alojativa turística que desborrifa el destino Canarias. En esta deriva proa al marisco que solamente beneficia a  ciertas empresazas, la llamada Coalición Canaria disfruta, como no, de la colaboración de las restantes fuerzas neoliberales presentes en el parlamento isleño, a saber, el partido que usurpa el digno apelativo de “popular”, el que hace tiempo que no tiene ni idea de lo que significan los términos “socialista” y “obrero” y el que se atreve a sorprender la buena fe del noble pueblo gomero, seduciéndolo con un mal entendido bienestar, pero ocultándole lo que de verdad están haciendo en su rastrero interés.

Estas cuatro organizaciones neoliberales detentan la mayoría parlamentaria en Canarias. Una mayoría que consiguen, elección tras elección, cabalgando en unas leyes electorales obtusas y con unas campañas de comunicación engañosa pagadas con los ilimitados recursos de aquellas empresazas a las que, repito, tanto quieren y tanto deben. Sobre todo, tanto deben.

Contra tanta ruindad y tanta mentira que le agreden, el pueblo canario no cuenta más que con el ejercicio de lo que se supone es un derecho constitucional: la libertad de expresión. Y esto no es una bobería. Está comprobado que la fuerza del pueblo consigue sus objetivos, aunque siempre después de una larga brega. Y, ante tal peligro, el neoliberalismo español, que tanto alardea de respetar la Constitución, ha promulgado una Ley, la llamada Ley Mordaza. Una ley que siquitrilla un derecho constitucional, sin que el alto tribunal llamado a defender la Constitución haya dicho esta boca es mía. Todo el mundo en el estado español sabe la causa de ese y tantos otros silencios.

Por eso, la llamada Coalición Empresaria no puede permitir que nadie rezongue sobre sus artimañas. Porque, al final, pueden descubrirse sus vergüenzas.

Por eso, el servil concejal Dámaso Arteaga, a la orden de sus jefes, al servicio de sus financiadores y en defensa de su cómodo chollito, carga contra las que considera cabezas visibles de una movilización popular que se rebela contra estas leyes, de las Islas Verdes y del Suelo.

Arteaga, siempre al servicio de quien paga

Por eso el servil Arteaga enarbola una taimada interpretación de la Ley Mordaza, que coarta la libertad constitucional de expresión, crujiendo a quien rezongue y ha actuado contra dos personas sobre las que lanza falsos testimonios. Dice el servil Arteaga que Julián Ayala y Sergio García “pegaron carteles en sitios prohibidos”. Y le quiere hacer pagar por ello. Peregrina acusación carente de toda prueba y fundamento. Dura sanción, huera de toda justicia.

No hay manera de demostrar que Julián Ayala y Sergio García pegaran ningún cartel en ningún sitio prohibido. Es más: ni siquiera hay manera de demostrar que tales carteles fueran colgados en lugares no santos por personas de los movimientos ciudadanos. Ya yo sé que ni el genuflexo Clavijo, ni el ético Alonso, ni el zascandil Bermúdez ni el servil Arteaga se van a chingar las manos con estas pringosas actividades, pero sobran meritorios y meritorias en la llamada Coalición Canaria para hacer lo que sea menester para medrar. Nadie ni nada puede probar que estos carteles tan perniciosamente colocados fueran obra de la gente que nos resistimos a leyes funestas. Nadie ni nada puede demostrar que no fueron colocados donde no se debía, con la aviesa intención de montar una operación de escarmiento contra las organizaciones populares.

Y, a todo esto, habría que negar la mayor. El pueblo tiene derecho a expresar su voluntad y su criterio, diga lo que diga una ley menor, porque lo contempla la Ley superior, que es la Constitución. Y si alguien pone un cartel en un lugar donde no le gusta al ayuntamiento, menos nos gusta a la gente canaria que el gobierno, los cabildos y los ayuntamientos se estallen las perras que son nuestras en campañas de comunicación para engañarnos. El pueblo no puede pagar costosas operaciones comunicacionales. Los gobiernos tampoco pueden, pero lo hacen, con las perras públicas.

Julián Ayala y Sergio García no colgaron los carteles en sitios no convenientes, eso está claro. Como tampoco está claro que lo hiciéramos ninguna de las personas que formamos las filas de la resistencia ciudadana. Pero si así hubiera sido, eso no sería sino un ejercicio del derecho constitucional a expresarnos. Dónde podemos, aunque nos lo prohíban.

Lo escribe y la ratifica

Chema Tante