La modificación que el gobierno del Partido Popular pretende realizar a la Ley Orgánica de derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo, revocando los escasos avances aprobados por el gobierno del PSOE hace tres años, nos impondrá un sistema aún más restrictivo que el que estuvo vigente entre 1985 y 2010.