La suma de todos los proyectos que están paralizados en Canarias pueden suponer cerca de 1.000 millones de euros de inversión anual y más de 20.000 empleos directos, según apunta Hugo Luengo, miembro de la Comisión de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Al mismo tiempo denuncia “la inseguridad jurídica que  se deriva de la propia legislación que es “ineficaz, contradictoria, con competencias superpuestas que bloquean cualquier iniciativa privada”