Antonio Aguado, coherente veerano militante socialista recomienda este texto de Esther Palomera en EL DIARIO. 

Nota de Chema Tante: Aunque las informaciones de prensa y el comentario que aporta Cándido Quintana lo dejan bien claro, no puedo resistir la tentación de insistir. Vean el grado de abyección a que puede llegar la ropa desalmada de CC, la corrupción canalla. Privatizaron en su día el agua en Santa Cruz de Tenerife. Luego la empresa favorecida estafó alevosamente a la gente chicharrera. Y ahora la insalla de Bermúdez, Evelyb y compañía, pretende que sea la gente estafada quien pague lo que debe Sacyr. Sencillamente, Coalición Canaria, en plena actividad

El estado (los partidos mercenarios) salva bancos, no personas

Para que no haya quien dude de la escandalosa manera en que los partidos españoles mal llamados "popular" y "socialista obrero" favorecen a la banca, a la que tanto quieren y tanto den, aquí está el cálculo indignante que hace Begoña P. Ramírez desde  INFO LIBRE lo que se va a ahorrar la banca de su estafa de las cláusulas suelo. Ustedes imagínense que un chorico les arrambla, por eejmplo, mil euros. Que los tribunales lo reconocen y sentencian que el chorico les tiene que devolver los mil euros y luego viene el gobierno y les permite al hampón quedarse con la mitad de lo que robó. Eso es o que está pasando. Las víctimas de la estafa son doblemente robadas. Y nosotras, las personas que conformamos los pueblos del estado de derecha español, somos unas solemnes pollabobas.

Con vuestra ayuda hemos conseguido que el Parlamento Europeo vaya a estudiar nuestra propuesta para constituir:

Un órgano a nivel europeo cuya resoluciones sean vinculantes para las entidades financieras ante las reclamaciones de los ciudadanos.

El PsoE ha acordado con el gobierno del Pp un protocolo que, como de costumbre, busca favorecer a la banca. Es el momento de que la acción ciudadana se oponga. Que la banca devuelva lo que ha robado.

Certero artículo de Pascual Serrano que señala Ramón Afonso en EL JUEVES. Pascual se cachondea y desprestigia al bribón de Eduardo Inda,un tipo que ha hecho de la mentira rampante la norma del ejercicio de lo que él llama periodismo. No importa que, una y otra vez, los tribunales, los documentos y la realidad confirman que este sujeto miente sistemáticamente. Inda sigue tan fresco, ocupando asientos en programas de -supuestamente- análisis y su medio sigue atrayendo la atención de la gente, intoxicando a la opinión.

Esta sentencia sobre la que reporta Marta Garijo saca a la luz un asunto de tremendísima envergadura. Es sabido que las argucias del neoliberalismo operan de manera que los robos a la gente sean tan colosales que su devolución, incluso su represión puedan ser presentados como un peligro para la estabilidad financiera. Digo puedan, porque no es tal, pero así va la argumentación. Se ha demostrado que la banca ha estafado sistemáticamente a sus clientes de préstamos hipotecarios, pro la vía de la manipulación dolosa de la referencia de los intereses, el euribor. Eso se ha dictaminado por los órganos europeos, que le metieron a la banca una multa muy, pero infinitamente, por debajo del importe robado por esta banda filibustera. Ahora, un tribunal sevillano levanta la perdiz. Verems en quá acaba la cosa. Y hay que pensar en la multitud de gente lanzada a la calle, desahuciada por no poder pagar unas cuotas que eran un robo. A ver quién remienda tanta miseria.

Natalia Torres da cuenta de esta información que no precisa de más comentario que el de la repugnancia que inspiran las y los responsables de tanta desgracia.

Lo informa Iván Suárez en EL DIARIO CANARIAS AHORA

Usuarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y profesionales que gestionan esta ayuda desde el ámbito municipal confirmaron hoy a Sí se puede que hay familias que están a punto de solicitar la segunda renovación de esta prestación y aún no han cobrado ni una mensualidad de la primera. Así lo denunció Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que calificó la situación de escandalosa y culpó de ella a las administraciones, especialmente al Gobierno de Canarias.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia ante la fiscalía anticorrupción la prescripción de más de 70 € por habitante cobrados de más por las eléctricas.