Intersindical Canaria espera  que  el retraso en la probación del Decreto Ley de reforma de la Estiba, dé paso a un acuerdo entre los trabajadores portuarios, las empresas estibadoras y el propio gobierno que eviten los efectos más indeseables de la aplicación de la normativa europea que pretende imponer la liberalización en la contratación de los trabajadores de estiba y desestiba, que actualmente dan actividad en Canarias a unas 800 personas.