A día de hoy, si un tribunal privado dictamina que la acción de un gobierno ha afectado los beneficios previstos de una multinacional, ésta puede exigir miles de millones de euros en 'compensación' - que pagamos los contribuyentes. Ante estos tribunales, los gobiernos se lo pensarán dos veces antes de aprobar leyes que protejan el medio ambiente o nuestros derechos.