La actitud de los Gobiernos de Canarias y del Estado español que, antes de las elecciones al parlamento europeo se mostraban dialogantes y dispuestos a solucionar el problema del sector agrícola del tomate que pone en riesgo el empleo y el sustento de unas 20 mil familias canarias, ha cambiado notablemente una vez pasadas las elecciones. Ahora las administraciones parecen haber vuelto al punto muerto inicial en que se pasan la pelota una a otra sin concretar ni cuando, ni en qué forma van a resolver la liquidez de 14 millones de euros que el sector necesita con urgencia para iniciar la zafra del presente año.