El próximo miércoles 10 de enero la Sareb dejará en la calle una familia con tres menores de edad a la que reclama 20.000 euros de alquiler. El lanzamiento se produce después de que la Sareb (también conocido como «banco malo») reclamase dicha cantidad a Lolo, arrendatario del inmueble desde hace 5 años. El mismo miércoles 10 de enero a las 11:00 de la mañana se realizará una concentración frente a la casa sita en Calle de la Hoya nº 9, Firgas, para mostrar apoyo y solidaridad a la familia.

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La primera moción que presentó Podemos nada más llegar al Cabildo Insular de Tenerife, allá por julio de 2015, fue la declaración de Tenerife Isla Libre de Desahucios. Esta propuesta contemplaba la reactivación del Consejo Insular de la Vivienda y la creación de la Oficina de Intermediación por el Derecho a la Vivienda, concebida para proteger y orientar a las miles de familias inmersas en el angustioso drama de la ausencia de normativas y leyes que las protejan y garanticen el derecho a una vivienda digna que reconoce nuestra Constitución.

Un estado que es capaz de desalojar de su vivienda a una familia con tres niños, uno de ellos un bebé de apenas mes y medio, demuestra el talante vergonzoso de sus gobernantes, los niveles extremos de degradación en cada estamento de un país destruido, en manos de personajes sin escrúpulos, capaces de todo para enriquecer a la usura, a una banca tramposa...

Para Berta y Antonio con el corazón inundado de tristeza.

En la madrugada del 25 de septiembre de 2013, más de un centenar de antidisturbios ejecutaron con violencia la orden de desahucio de la casa de Isabel Rodríguez, perteneciente a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, donde vivía con su marido, su hija de 8 años y sus padres

Vean este lacerante testimonio gráfico que publica PERIODISMO HUMANO. Vean con claridad cómo pya la justicia y la policía, que deberín estar al servicio del pueblo, a los intereses de l banca. Y recuerden que ya el Tribunal Europeo de Justicia ha condenado la ley hipotecaria española, pero el gobierno del Partido poco popular no ha acatado la sentencia.