Las familias de los asesinados consideran que “esta vergonzosa decisión judicial vulnera la legislación internacional de derechos humanos, así como la propia Ley de Memoria Histórica, choteando y ridiculizando intencionadamente la justa demanda de unos ciudadanos, que solo solicitamos algo tan simple como recuperar los huesos de nuestros muertos, con el objetivo de darles una sepultura digna”