La situación de ascendente crispación social en Cataluña y de la que es directa responsable la autoritaria y violenta reacción del Partido Popular para impedir el legítimo derecho a decidir de la población catalana, obliga a la representación parlamentaria española (con o sin el actual gobierno) a establecer con carácter de urgencia una mesa de diálogo con el Gobierno y el Parlamento catalán con el objetivo de encausar sus demandas, incluida la de establecer el tipo de vínculo futuro entre Cataluña y el estado español.